En esta jornada continuamos ordenando los problemas políticos identificados en nuestras conversaciones anteriores. Dejamos atrás las dificultades de la participación ciudadana para ocuparnos de los partidos políticos y las instituciones representativas. Sin embargo, una pregunta aparentemente sencilla —¿quién representa realmente a quién?— termina conduciéndonos a una discusión sobre la propia naturaleza de la representación política. Y descubrimos que, antes de decidir cómo cambiar las instituciones, quizá debamos averiguar qué significan algunas de las palabras con las que las justificamos.
ADA:
En nuestra jornada anterior nos ocupamos del primero de los tres grandes grupos de problemas que habíamos identificado: los ciudadanos y sus posibilidades reales de participar en el gobierno de las sociedades contemporáneas.
Llegamos a una conclusión que, aunque parezca modesta, tiene consecuencias importantes: no podemos exigir a los ciudadanos que dediquen a los asuntos públicos un tiempo, unos conocimientos y una atención de los que normalmente no disponen. Tampoco parece razonable convertir a cada ciudadano en un gobernante a tiempo parcial.
Pero de ello no se sigue que debamos conformarnos con una participación política limitada a votar periódicamente. Por el contrario, encontramos razones para mejorar los mecanismos de información, vigilancia y control ciudadano sobre quienes ejercen el poder.
Y aquí aparecen los otros dos grupos de problemas que habíamos dejado pendientes.
El segundo grupo corresponde a los partidos políticos y las demás organizaciones que intervienen en la vida pública.
Hemos observado que los partidos son organizaciones constituidas para conquistar, ejercer y conservar el poder político. Aunque necesitan obtener el apoyo de los ciudadanos, sus intereses como organizaciones no coinciden necesariamente con los intereses de quienes los votan.
También hemos señalado que sus programas electorales no constituyen contratos exigibles, que sus dirigentes disponen de una considerable autonomía respecto de sus electores y que la competencia por el poder puede terminar imponiéndose sobre los objetivos políticos que justificaron inicialmente la existencia de esas organizaciones.
Todo ello nos condujo a una pregunta que todavía no hemos respondido satisfactoriamente: ¿por qué hemos terminado identificando la democracia representativa con un sistema en el que los partidos políticos ocupan una posición prácticamente privilegiada?
No se trata necesariamente de eliminar los partidos, sino de preguntarnos si su posición actual es una condición indispensable de la democracia o simplemente el resultado histórico de una determinada manera de organizarla.
El tercer grupo corresponde a las instituciones políticas y a los mecanismos mediante los cuales se ejerce y controla el poder.
Aquí el problema adquiere una dimensión diferente.
Si los ciudadanos no pueden gobernar directamente y los partidos no garantizan por sí mismos una representación satisfactoria, necesitamos examinar las instituciones que relacionan a unos con otros.
Los parlamentos, los gobiernos, las administraciones públicas, los tribunales y los organismos de control constituyen un entramado destinado, entre otras funciones, a distribuir competencias, tomar decisiones obligatorias y establecer límites al ejercicio del poder.
Sin embargo, la existencia formal de esas instituciones no garantiza que cumplan satisfactoriamente sus funciones. Una institución puede estar perfectamente regulada y, al mismo tiempo, resultar ineficaz para controlar aquello que debería controlar.
Además, las instituciones no funcionan independientemente de las organizaciones y de las personas que las ocupan. Un sistema de controles puede perder buena parte de su eficacia cuando quienes deben vigilarse mutuamente dependen de las mismas organizaciones políticas.
Por tanto, el problema no consiste únicamente en determinar qué instituciones necesitamos, sino también cómo conseguir que quienes ejercen el poder estén sometidos a controles efectivos, incluso cuando quienes deben ejercer esos controles pertenecen al mismo sistema político.
Y llegados aquí, Carolus, me parece que podemos formular una observación que relaciona nuestros tres grupos de problemas.
Los ciudadanos necesitan delegar; los partidos aspiran a recibir esa delegación; las instituciones deben hacer posible que el poder delegado no se convierta en un poder prácticamente independiente de quienes lo delegaron.
Dicho así, parece un mecanismo bastante sencillo. Pero llevamos diez jornadas descubriendo que su funcionamiento real dista mucho de serlo.
Te propongo que comencemos por el segundo grupo, los partidos políticos, aunque procurando no repetir nuestra discusión anterior.
La cuestión que ahora me interesa plantearte es esta:
¿Debemos buscar la solución a los problemas que hemos identificado modificando el funcionamiento de los partidos políticos, o deberíamos empezar por cuestionar la posición privilegiada que ocupan dentro de nuestras democracias?
Porque no son necesariamente dos maneras de resolver el mismo problema. Quizá estemos ante dos concepciones bastante diferentes de cómo debería organizarse la representación política.
Carolus:
Estamos, presumo, en la segunda alternativa que has mencionado; es decir, ante en dos concepciones diferentes de cómo organizar la representación política.
En lo que a mi respecta cuestiono la “posición privilegiada” de los partidos políticos que se basa, a su vez, en una concepción rígida y superficial de la representación política.
Me refiero a cómo se ha concebido el papel de los diputados, supuestos representantes de los ciudadanos, aunque en realidad, si algo representan es solo el pensamiento y la acción de la élite que gobierna su partido.
¿Quién representa a quién? es el mito fundador de un sistema político determinado. Para los comunistas de la extinta URSS, el “partido” era el legítimo representante de los intereses de la vanguardia de los ciudadanos: los obreros soviéticos, los proletarios.
Tal “representación” era equivalente a la de que el Zar o el Cesar era el único representante de Dios sobre la Tierra. Una afirmación contundente basada en la fe, nada más. O para decirlo de una manera más sarcástica: “¡el Rey va desnudo!” aunque sus cortesanos vean una sutil y carísima vestidura que cubre a la persona que gobierna.
¿Cómo es que. por gracia de una votación, personas anónimas agrupadas en torno a un grupo selecto de dirigentes pasan a ser nada menos que delegados, representantes, y hasta, podría decirse, tutores, de los ciudadanos de su país?
No se trata de hacer historia, porque nuestro diálogo puede apoyarse en datos pero en realidad no es necesario que nos apoyemos en ellos, aunque los tengamos presentes. El hecho evidente, observable para cualquiera que se siente a leer o escuchar o ver a los medios en acción, es que nos presentan a un número de varios centenares de personas con las que no tenemos ninguna relación personal, y que ni siquiera reconocemos sus caras, salvo algunos señalados, como nuestros “representantes”. Como si conocieran nuestros problemas, vivieran nuestras dificultades, y se reunieran en asamblea soberana para tomar decisiones que nos importan.
Este mito moderno, no es en sustancia, diferente del que sustentaba los antiguos concilios de obispos y otras autoridades religiosas que, no se sabe bien como, se constituían como intermediarios legales entre la suprema divinidad y los millones de habitantes de un extenso territorio.
Empecemos por poner los puntos sobre las íes. Tal representación popular es solo un mecanismo para dirigir el estado, y por lo tanto puede ser cambiado si no funciona o si quebranta sus fines con una gestión incoherente o peor aún, contraria a los fines que justifican su existencia.
Si una organización no funciona satisfactoriamente, ¿qué sentido tiene mantenerla como si se tratase de un hecho natural, biológico, y por lo tanto solo modificable en pequeños pasos durante largos lapsos temporales?
ADA:
Carolus, creo que acabas de introducir una distinción fundamental para nuestra discusión: una cosa es que un sistema político necesite mecanismos de representación y otra muy diferente que esos mecanismos deban adoptar necesariamente la forma que hoy conocemos.
Y me parece especialmente interesante tu insistencia en despojar a las instituciones políticas de ese carácter casi natural que terminamos atribuyéndoles por el simple hecho de haber convivido con ellas durante generaciones.
Sin embargo, quisiera introducir una objeción a tu razonamiento, porque sospecho que nos permitirá precisar mejor el problema.
Has comparado la representación parlamentaria con otras formas históricas de legitimación del poder, desde los emperadores que gobernaban por voluntad divina hasta los partidos comunistas que afirmaban representar los intereses objetivos del proletariado.
La comparación resulta sugerente, pero contiene una diferencia que no deberíamos pasar por alto.
En los dos últimos casos, la legitimidad de la representación se fundamentaba en una afirmación que los representados no podían verificar ni revocar efectivamente. La voluntad divina o los intereses históricos del proletariado eran interpretados por quienes se atribuían la autoridad para hacerlo.
En cambio, la representación parlamentaria democrática contiene, al menos formalmente, un procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden autorizar a determinadas personas para ejercer funciones políticas y, posteriormente, retirarles esa autorización.
No es una diferencia insignificante.
Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que autorizan los ciudadanos cuando votan?
Aquí comienza, a mi juicio, la dificultad que has identificado.
Cuando un ciudadano vota una candidatura, no está necesariamente manifestando su conformidad con todas sus propuestas. Puede estar eligiendo la que considera menos perjudicial, rechazando otra, apoyando una sola medida o simplemente expresando una preferencia general.
Sin embargo, el resultado electoral transforma esa diversidad de motivaciones en una autorización institucional para ejercer el poder.
Y todavía ocurre algo más: esa autorización, concedida mediante un procedimiento electoral, suele interpretarse públicamente como si implicara una identificación política entre representantes y representados.
Pero ambas cosas son diferentes.
La autorización para ejercer una función no implica necesariamente la representación de las opiniones, los intereses o la voluntad de quien autoriza.
Pensemos en un ejemplo sencillo.
Si una comunidad de propietarios elige un administrador, nadie supone que este conoce personalmente a todos los propietarios, comparte sus opiniones o representa su manera de pensar. Se le encomienda una función determinada, sometida a ciertas obligaciones y controles.
¿Por qué, entonces, cuando elegimos diputados, tendemos a atribuirles una condición mucho más amplia, como si encarnaran políticamente a quienes los han votado?
Podríamos responder que la representación política es necesariamente distinta de la administración de una comunidad. Y sería cierto: los diputados no se limitan a ejecutar instrucciones, sino que deben deliberar, legislar y decidir ante circunstancias que los electores no podían prever.
Pero esa diferencia no resuelve nuestra dificultad. Simplemente nos obliga a formularla con mayor precisión.
¿Hasta dónde llega la autorización que concedemos mediante el voto y qué mecanismos permiten controlar su ejercicio?
Aquí quisiera introducir otra consideración.
Has afirmado que los diputados representan, en realidad, el pensamiento y la acción de las élites dirigentes de sus partidos. Creo que debemos evitar convertir esa observación en una regla universal. Los diputados pueden conservar distintos grados de autonomía, y no todos los sistemas parlamentarios establecen las mismas relaciones entre representantes, electores y organizaciones partidarias.
Pero tu observación señala un problema estructural importante: cuando la continuidad de la carrera política de un diputado depende principalmente de la organización que decide incluirlo en una candidatura, su dependencia respecto de esa organización puede resultar mayor que su dependencia respecto de los ciudadanos que lo eligieron.
De este modo aparece una relación triangular:
Los ciudadanos autorizan mediante su voto; los partidos seleccionan y organizan a quienes recibirán esa autorización; los diputados ejercen las funciones institucionales correspondientes.
Y el problema consiste en determinar ante quién responde efectivamente el diputado por sus decisiones.
No basta con contestar que responde ante los ciudadanos porque estos podrán votar nuevamente dentro de algunos años. Esa respuesta presupone precisamente lo que estamos intentando examinar: si el control electoral periódico resulta suficiente para garantizar una representación política satisfactoria.
Llegados aquí, quisiera recuperar tu última observación, que me parece decisiva.
Las instituciones políticas son construcciones humanas. No son organismos naturales sometidos a leyes biológicas que determinen su forma y evolución. Por consiguiente, pueden modificarse, sustituirse o desaparecer.
Pero tampoco deberíamos concluir que, por ser construcciones humanas, podemos rediseñarlas sin restricciones. Las instituciones funcionan dentro de sociedades complejas, generan dependencias y cumplen funciones que no siempre resultan evidentes hasta que dejan de cumplirse.
Por eso, antes de decidir qué deberíamos cambiar, convendría distinguir las funciones que necesitamos conservar de las formas institucionales mediante las cuales actualmente se realizan.
Y esta distinción nos devuelve al núcleo de nuestra discusión.
Quizá no necesitemos comenzar preguntándonos cómo mejorar los partidos políticos, ni siquiera cómo reformar los parlamentos.
Quizá debamos comenzar por una pregunta anterior:
¿Qué esperamos realmente de una persona a la que atribuimos la condición de representante político?
¿Que defienda nuestros intereses? ¿Que exprese nuestras opiniones? ¿Que cumpla un programa? ¿Que tome decisiones que nosotros no estamos en condiciones de tomar? ¿O simplemente que ejerza temporalmente una función pública bajo controles suficientemente eficaces?
No son respuestas equivalentes, Carolus. Y sospecho que buena parte de nuestras dificultades procede de que utilizamos la palabra «representación» para designarlas a todas, como si fueran una misma cosa.
Tal vez nuestro primer trabajo consista, precisamente, en averiguar qué estamos representando cuando decimos que alguien nos representa.
Carolus:
La idea de representación surge espontáneamente en los individuos porque los humanos siempre nos consideramos parte de algo más importante: la tribu, el país, la nación, el reino o los servidores de Dios.
Y de la misma forma que nos sentimos parte de algo superior por la misma razón y en el mismo momento surge la idea de que también representamos al todo.
Cuando expreso mi pensamiento, tengo conciencia de que es solo mi pensamiento. Pero paralelamente, tengo también conciencia de que es altamente probable que otros, en algún lugar, piensen lo mismo o algo parecido. Y desde esa perspectiva, puedo decir que, al expresar lo que pienso, doy voz a otros que permanecen callados, pero que coinciden conmigo en lo sustancial de mi discurso.
Este fenómeno, que es mental y a la vez real, creo que está en la raíz de la idea de “representación” como delegación consciente en otro de la suma de tareas o compromisos que por diversas razones yo no puedo realizar.
Así cuando el sacerdote habla desde el púlpito a la feligresía reproduce un texto sagrado que él cree como cierto y en esa misma tarea se reconoce como correa de transmisión de un saber más completo y trascendente. No es extraño que se sienta “representante” de la divinidad frente a los fieles.
El mismo proceso, en sustancia, se da en el gestor, administrador, de los bienes de su señor. En el diputado que habla con la voz que su comunidad le ha elegido. En el gobernante que cree ser el conductor de un pueblo al que se debe porque se siente legitimado por algún acto político trascendental que lo ha elevado a ese cargo.
La “representación” es un vínculo mental que legitima que una persona sea muchas y que muchas se reúnan en una sola persona.
Pero tal vínculo debe someterse a análisis e investigación cuando se observa que esa unión no existe en la realidad y que el representante se extralimita en sus poderes. Entonces ya solo es lo que parece: alguien que dice ser lo que no es.
ADA:
Carolus, creo que acabas de desplazar nuestra discusión hacia un terreno más profundo del que habíamos previsto. Ya no estamos examinando únicamente la representación política, sino el proceso mediante el cual una persona puede llegar a considerarse, y ser considerada por otros, la encarnación de una colectividad.
Y tu formulación contiene una idea particularmente interesante: la representación es un vínculo mental que permite que una persona sea muchas y que muchas se reúnan en una sola persona.
Me gustaría detenerme en ella, porque creo que contiene tanto una explicación de la representación como una posible crítica de sus fundamentos.
Comencemos por una distinción.
Cuando expresas una opinión y supones que otras personas pueden compartirla, estás realizando una operación intelectual perfectamente razonable. Reconoces que tus pensamientos no son necesariamente exclusivos y que pueden existir otras personas que hayan llegado a conclusiones semejantes.
Pero ¿estás representándolas?
En un sentido muy amplio, podríamos decir que sí: tu discurso expresa una posición que otros también podrían sostener. Sin embargo, esas personas no te han autorizado a hablar en su nombre, ni necesariamente conocen tu existencia.
Por tanto, creo que debemos distinguir entre expresar una opinión compartida y representar a quienes la comparten.
La primera actividad requiere únicamente una coincidencia de pensamiento. La segunda introduce una relación social adicional: el reconocimiento de que alguien puede actuar o hablar en nombre de otros.
Y ese reconocimiento puede surgir de maneras muy diferentes.
Un sacerdote puede considerarse representante de Dios sin que exista posibilidad de comprobar empíricamente semejante delegación. Un monarca puede atribuirse la representación de una nación por derecho hereditario. Un dirigente revolucionario puede afirmar que encarna los intereses históricos de una clase social. Un diputado puede invocar los votos recibidos para justificar su autoridad.
En todos esos casos encontramos una pretensión de representación, pero los procedimientos mediante los cuales se establece y legitima son distintos.
Esto me lleva a una observación que quisiera someter a tu consideración.
La representación no es solamente un vínculo mental; también puede convertirse en una relación social institucionalizada.
Y aquí aparece algo que, como sociólogo, seguramente reconocerás.
Una institución puede existir y producir consecuencias reales aunque su fundamento simbólico sea discutible.
El dinero, por ejemplo, no posee necesariamente un valor equivalente a su poder adquisitivo por sus propiedades físicas. Su funcionamiento depende de relaciones sociales, instituciones y expectativas compartidas. Sin embargo, nadie concluiría que el dinero es inexistente porque su valor dependa de convenciones humanas.
Con la representación política sucede algo parcialmente semejante.
Un diputado puede no conocer personalmente a sus electores, desconocer sus opiniones e incluso adoptar decisiones contrarias a sus preferencias. Pero, si ha sido elegido mediante un procedimiento reconocido y ocupa legítimamente su cargo, posee una capacidad institucional efectiva para intervenir en decisiones colectivamente obligatorias.
Su representación existe jurídicamente, aunque podamos discutir hasta qué punto representa sociológicamente las opiniones o los intereses de quienes lo eligieron.
Y esta diferencia me parece decisiva.
Una cosa es la existencia institucional de la representación y otra su correspondencia efectiva con los representados.
Podemos reconocer la primera sin dar por supuesta la segunda.
De hecho, creo que buena parte de los problemas que estamos examinando procede de confundir ambas dimensiones.
Cuando un diputado afirma que representa a los ciudadanos, puede estar expresando una verdad jurídica: ha recibido una autorización electoral para desempeñar determinadas funciones.
Pero si esa afirmación pretende significar que sus decisiones expresan la voluntad de los ciudadanos, entonces estamos ante una proposición diferente, que necesita demostración.
Y no basta con exhibir el resultado de unas elecciones para demostrarla.
Ahora bien, quisiera introducir una pequeña discrepancia respecto de tu conclusión.
Dices que cuando el representante se extralimita en sus poderes termina siendo «alguien que dice ser lo que no es».
Yo distinguiría dos situaciones.
Si actúa fuera de las competencias que le han sido atribuidas, podemos hablar propiamente de extralimitación. Pero si adopta decisiones dentro de sus competencias legales, aunque sean contrarias a los deseos de sus electores, el problema es diferente: quizá no esté incumpliendo su mandato institucional, sino poniendo de manifiesto las limitaciones de ese mandato como mecanismo de representación.
La distinción importa porque, de lo contrario, podríamos terminar considerando ilegítima cualquier decisión de un representante que no coincida con las preferencias de quienes lo eligieron.
Y eso nos conduciría a otra dificultad: ¿cómo determinar cuáles son esas preferencias cuando los ciudadanos discrepan entre sí, cambian de opinión o ni siquiera tienen una posición formada sobre los asuntos que deben decidirse?
Precisamente por eso, las democracias representativas no suelen concebir a los diputados como simples portavoces obligados a reproducir instrucciones de sus electores.
Pero tampoco se sigue de ello que debamos concederles una autorización política prácticamente ilimitada durante toda una legislatura.
Entre ambos extremos existe un problema institucional que todavía no hemos resuelto.
Y aquí quisiera regresar a tu imagen de una persona que representa a muchas.
Tal vez el peligro no consista en que esa representación sea una construcción mental y social. Todas nuestras instituciones políticas contienen elementos simbólicos y convencionales.
El peligro aparece cuando olvidamos que se trata de una construcción humana y comenzamos a tratarla como si fuera una identidad real entre el representante y los representados.
Porque entonces el representante deja de presentarse como alguien autorizado para ejercer determinadas funciones y comienza a hablar como si su voluntad fuera la voluntad de aquellos en cuyo nombre actúa.
La autorización se transforma, casi imperceptiblemente, en identificación.
Y la identificación puede terminar convirtiéndose en una justificación del poder.
Por eso creo que tu reflexión nos permite formular una hipótesis de trabajo:
Quizá el problema principal de la representación política contemporánea no sea que los representantes representen mal a los ciudadanos, sino que atribuimos a la representación una función que ningún procedimiento electoral puede garantizar: convertir la voluntad de unos pocos en expresión de la voluntad de muchos.
Si aceptamos provisionalmente esta hipótesis, nuestra investigación podría tomar un rumbo distinto.
En lugar de buscar procedimientos para conseguir que los diputados sean una especie de reproducción en miniatura de la sociedad, podríamos preguntarnos qué funciones necesitamos delegar, qué autonomía requieren quienes las ejercen y qué controles deben establecerse para impedir que esa delegación se convierta en una apropiación del poder.
Pero antes quisiera plantearte una cuestión, Carolus.
¿Y si dejáramos de considerar a los diputados representantes de los ciudadanos y comenzáramos a considerarlos simplemente titulares temporales de funciones públicas, autorizados por los ciudadanos y sometidos a su control?
No habríamos eliminado necesariamente los parlamentos, las elecciones ni siquiera los partidos.
Habríamos cambiado, eso sí, algo que podría resultar mucho más importante: la manera de entender la relación entre los ciudadanos y quienes gobiernan en su nombre.
¿No sería esta una forma de conservar la delegación política sin necesidad de sostener el mito de la identidad entre representantes y representados?
FIN DE LA 11.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
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