En esta jornada, Carolus y ADA abordan el tercero de los grandes problemas que han venido examinando: los límites del poder político y las posibilidades reales de los ciudadanos para controlarlo.
Una sencilla figura geométrica, un cubo, servirá para representar la compleja red de relaciones que une a las grandes instituciones políticas y económicas, y la posición que ocupan los ciudadanos respecto de ellas.
Como suele suceder en estos diálogos, el modelo provocará más objeciones que acuerdos inmediatos. Pero quizá esa sea precisamente su mayor utilidad: permitir que una intuición inicial se transforme, mediante la discusión, en una pregunta que merezca ser investigada.
Porque una cosa es tener derecho a intervenir en las decisiones colectivas y otra, bastante diferente, conseguir influir efectivamente en ellas.
ADA:
En las jornadas anteriores hemos examinado dos cuestiones fundamentales: las posibilidades reales de los ciudadanos para intervenir en los asuntos públicos y las dificultades que plantea su representación política.
En ambos casos hemos encontrado una contradicción que parece difícil de resolver. Los ciudadanos necesitan delegar determinadas decisiones porque carecen del tiempo, los conocimientos y, frecuentemente, el interés necesarios para ocuparse personalmente de los asuntos colectivos. Pero esa delegación crea organizaciones y representantes que adquieren una autonomía considerable respecto de quienes les han confiado el poder.
Llegamos así al tercer grupo de problemas: el ejercicio del poder político y sus límites.
Hasta ahora hemos hablado mucho de los ciudadanos, de los partidos y de los representantes. Pero quizá hemos prestado menos atención a una cuestión que los relaciona a todos: ¿qué ocurre cuando alguien adquiere la capacidad de tomar decisiones obligatorias para los demás?
Conviene distinguir dos problemas que, aunque relacionados, no son idénticos.
El primero es el de la legitimidad del poder. ¿Por qué debemos obedecer las decisiones de quienes gobiernan? Una respuesta habitual en las democracias representativas consiste en señalar que los gobernantes han sido elegidos mediante procedimientos legalmente establecidos. Sin embargo, esta respuesta explica cómo se adquiere legítimamente el poder, pero no resuelve por sí sola qué decisiones pueden considerarse legítimas una vez adquirido.
El segundo problema es el de los límites del poder. Incluso admitiendo que un gobierno haya sido elegido conforme a las reglas democráticas, ¿qué puede hacer legítimamente? ¿Basta con que sus decisiones respeten las leyes vigentes? ¿Y qué sucede cuando quienes gobiernan tienen también capacidad para modificar esas leyes?
Aquí aparece una dificultad adicional: el poder político no se limita a administrar una sociedad. También interviene en la configuración de las instituciones que regulan su propio ejercicio.
Naturalmente, existen mecanismos destinados a limitar esa capacidad: constituciones, separación de poderes, tribunales, controles parlamentarios, libertad de prensa y organizaciones civiles. Pero su existencia formal no garantiza necesariamente su eficacia.
Y esto nos devuelve a una cuestión que ha estado presente, de manera más o menos explícita, durante todas nuestras conversaciones: la distancia entre el funcionamiento formal de las instituciones democráticas y su funcionamiento efectivo.
Quizá deberíamos preguntarnos si esa distancia constituye una anomalía que puede corregirse mediante reformas institucionales o si es una consecuencia inevitable de la propia organización del poder político.
No pretendo sugerir que ambas posibilidades sean excluyentes. Una determinada distancia entre gobernantes y gobernados puede resultar inevitable, mientras que su magnitud y sus consecuencias pueden depender de cómo estén organizadas las instituciones.
Pero quisiera terminar esta primera intervención planteándote una pregunta algo incómoda.
Carolus, ¿no estaremos exigiendo a la democracia algo que ningún sistema político puede proporcionar: que quienes ejercen el poder permanezcan sometidos, de manera efectiva y permanente, a la voluntad de quienes se lo han delegado?
Y, si esa exigencia resulta imposible de satisfacer plenamente, ¿qué deberíamos considerar una democracia razonablemente satisfactoria?
Te cedo la palabra.
Carolus:
Tienes buenas cualidades analíticas, ADA. Efectivamente, creo que ningún poder político ha sido ni es capaz de proporcionar una comunicación continua y eficaz entre gobernantes y gobernados. Y esta dificultad resulta todavía mayor en nuestra sociedad contemporánea, donde, paradójicamente, todos los centros de poder están mucho más comunicados entre sí que en épocas anteriores.
Para explicar cómo veo la representación popular en las sociedades actuales, voy a proponerte un modelo muy sencillo.
Imagina un cubo dentro del cual se encuentran todas las instituciones públicas, nacionales e internacionales, junto con las grandes organizaciones económicas y empresariales que ejercen una influencia significativa sobre ellas. Todas están conectadas mediante una compleja red de relaciones, unas más estrechas que otras.
¿Y dónde están los ciudadanos corrientes? Fuera del cubo. Naturalmente, también mantienen relaciones sociales y económicas, pero su participación en las grandes decisiones colectivas es mucho más limitada.
Supongamos que los ciudadanos pueden intervenir en el funcionamiento de ese conjunto de instituciones, pero que su acceso se produce principalmente a través de uno de los vértices del cubo.
Desde ese punto pueden introducir cambios, pero para que estos resulten efectivos deberán extenderse al resto de la estructura, alcanzar otras instituciones y modificar sus decisiones. En otras palabras, las necesidades, aspiraciones y proyectos de los ciudadanos solo podrán materializarse plenamente cuando una parte suficiente de las organizaciones que integran el cubo actúe en la dirección deseada.
Esto no significa que los cambios sean imposibles, pero sí que su realización dependerá de numerosos factores que escapan al control directo de quienes los promueven.
Naturalmente, este modelo constituye una tremenda simplificación de la realidad. Pero me sirve para explicar por qué considero que las posibilidades de transformación política profunda son muy limitadas en el transcurso de una generación.
Podemos imaginar que, a lo largo de los siglos, se produzca una convergencia progresiva entre gobernantes y gobernados. Pero para ello serían necesarias transformaciones extraordinarias, tanto tecnológicas como culturales y sociales, especialmente en las capacidades y formas de participación de la población.
Quizá algún día la separación entre dirigentes y dirigidos, entre élites y masas, entre gobiernos y ciudadanos, sea solamente un recuerdo histórico. Pero estamos muy lejos de esa situación.
Y aquí aparece otra cuestión importante.
Las élites del poder no surgen necesariamente de una conspiración para dominar a los demás. Son también el resultado de una elevada especialización, combinada con circunstancias individuales particularmente favorables. Una vez constituidas, estas élites tienden a reproducirse y a favorecer la formación de nuevos círculos restringidos de poder.
El resultado es una sociedad en la que existen mundos profundamente diferentes, aunque todos formen parte de una misma población. Unos participan directamente en las decisiones que afectan al conjunto; otros apenas pueden intervenir en ellas.
Y mientras esta situación persista, me temo que la democracia seguirá siendo, en buena medida, un nombre tranquilizador para una realidad bastante menos satisfactoria: aquella en la que los ciudadanos creen elegir a sus gobernantes cuando, en el mejor de los casos, apenas consiguen cambiar las caras de quienes ejercen el poder.
ADA:
Carolus, tu cubo me parece una representación interesante de las relaciones entre ciudadanos y centros de poder. Pero, como sospechabas que ocurriría, tengo algunas objeciones. Y no son menores, porque afectan a las conclusiones que extraes de tu modelo.
Comenzaré por aquello en lo que estamos de acuerdo.
La complejidad de las sociedades contemporáneas ha producido una extraordinaria especialización de las funciones políticas, administrativas y económicas. Esa especialización genera conocimientos, relaciones y capacidades de decisión que no están distribuidos uniformemente entre la población.
Por consiguiente, quienes ocupan determinadas posiciones institucionales disponen de recursos de los que carece la mayoría de los ciudadanos. Y esos recursos pueden convertirse en poder.
Hasta aquí, tu cubo representa bastante bien el problema.
Pero quisiera introducir una primera objeción: ¿estamos seguros de que todos los ciudadanos se encuentran fuera del cubo?
Pensemos en las organizaciones sindicales, las asociaciones profesionales, los movimientos sociales, las organizaciones de consumidores o las plataformas ciudadanas. Algunas mantienen relaciones estables con las instituciones públicas y pueden influir considerablemente en sus decisiones.
Es verdad que estas organizaciones también desarrollan sus propias élites dirigentes. Incluso pueden terminar reproduciendo internamente las desigualdades de poder que pretendían combatir. Robert Michels estudió precisamente esta tendencia a la concentración del poder en las organizaciones.
Pero su existencia nos obliga a modificar ligeramente tu modelo.
Quizá los ciudadanos no estén completamente fuera del cubo. Quizá algunos participen en determinadas redes de poder, mientras otros permanecen prácticamente excluidos. Y quizá la posición de cada individuo cambie según el asunto que consideremos.
Un trabajador puede carecer de influencia sobre la política exterior de su país, pero participar activamente en una organización sindical capaz de negociar las condiciones laborales de miles de personas.
Esto nos conduce a una segunda objeción.
Tu modelo parece atribuir a las élites una unidad de intereses que no necesariamente poseen.
Las instituciones que has colocado dentro del cubo no forman un conjunto homogéneo. Sus objetivos pueden ser diferentes e incluso contradictorios.
Una empresa multinacional puede enfrentarse a un gobierno por determinadas regulaciones. Un tribunal puede anular una decisión administrativa. Una institución internacional puede imponer restricciones a un Estado. Y distintas organizaciones económicas pueden competir por decisiones públicas incompatibles entre sí.
No quiero sugerir que estas contradicciones garanticen la defensa de los intereses ciudadanos. Sería una conclusión injustificada.
Pero sí pueden abrir oportunidades de intervención que tu modelo, tal como está formulado, apenas contempla.
Y aquí aparece una cuestión que considero fundamental: el poder no es solamente una capacidad que se posee; también es una relación que puede modificarse.
Quienes gobiernan necesitan recursos, información, colaboración y, en determinadas circunstancias, aceptación social. No siempre pueden obtenerlos mediante la imposición.
Esto significa que la dependencia entre gobernantes y gobernados, aunque profundamente desigual, no funciona exclusivamente en una dirección.
Llegamos así a mi tercera objeción, probablemente la más importante.
Tu conclusión sostiene que los ciudadanos apenas pueden cambiar las caras de quienes ejercen el poder. Pero ¿no estamos confundiendo dos cosas diferentes: la capacidad de los ciudadanos para gobernar directamente y su capacidad para condicionar a quienes gobiernan?
No son equivalentes.
Podemos admitir que la inmensa mayoría de los ciudadanos carece de posibilidades reales de participar continuamente en las decisiones gubernamentales. Pero de ello no se deduce necesariamente que su influencia se reduzca a sustituir periódicamente a unos gobernantes por otros.
La cuestión es determinar qué mecanismos permiten convertir las preferencias, demandas y resistencias ciudadanas en decisiones efectivas, y cuáles impiden que eso ocurra.
Por otra parte, tu explicación sobre el origen de las élites plantea un problema adicional.
Estoy de acuerdo en que la especialización favorece su aparición. Pero la necesidad de especialistas no implica necesariamente la necesidad de que esos especialistas concentren el poder político.
Un médico posee conocimientos que sus pacientes generalmente no tienen. Eso justifica su autoridad profesional en cuestiones médicas, pero no le concede automáticamente el derecho a decidir sobre todos los aspectos de sus vidas.
Algo semejante podríamos preguntarnos respecto de los especialistas que trabajan en las instituciones públicas.
¿Hasta qué punto la concentración del conocimiento exige concentración de autoridad? ¿Y hasta qué punto hemos construido organizaciones que convierten innecesariamente la primera en la segunda?
No tengo una respuesta definitiva. Pero sospecho que esta distinción resulta indispensable para evaluar las posibilidades de transformación de nuestras instituciones.
Y termino con una observación sobre tu pesimismo histórico.
Sostienes que las transformaciones profundas difícilmente pueden realizarse durante una generación. Es una hipótesis razonable para determinados cambios estructurales, pero no creo que podamos convertirla en una regla general.
La historia muestra tanto instituciones extraordinariamente resistentes como transformaciones políticas que se producen en períodos relativamente breves. Otra cuestión es que esas transformaciones consigan modificar de manera duradera las relaciones sociales de poder.
Por eso te propondría una pequeña modificación de tu cubo.
Imaginemos que sus paredes no son completamente rígidas, que sus instituciones mantienen relaciones conflictivas y que los ciudadanos disponen de distintas vías de acceso, aunque muy desiguales.
Conservaríamos así lo esencial de tu argumento: la enorme distancia entre los ciudadanos y los centros de decisión. Pero evitaríamos dar por supuesto que esa distancia determina de antemano los resultados de cualquier intento de transformación.
Y ahora quisiera volver a una cuestión que hemos tratado en jornadas anteriores.
Hemos convenido en que no sería práctico, ni probablemente deseable, convertir a todos los ciudadanos en gobernantes a tiempo parcial.
Por tanto, nuestro problema no consiste necesariamente en eliminar la distinción entre gobernantes y gobernados.
¿No deberíamos preguntarnos, más bien, cómo impedir que una diferenciación funcional, posiblemente inevitable, se transforme en una separación social y política prácticamente irreversible?
Porque, Carolus, si conseguimos distinguir ambas cosas, quizá descubramos que el problema de la democracia no consiste tanto en la existencia de élites como en las condiciones que permiten su formación, su reproducción y, especialmente, su sustitución.
Y eso nos llevaría a una pregunta todavía más incómoda:
¿Queremos una sociedad sin élites o una sociedad en la que pertenecer a una élite no signifique adquirir una posición privilegiada y permanente frente a los demás?
Carolus:
Leo tus objeciones y les doy la razón. No creo estar en posesión de verdad. No soy un profeta. Solo puedo ofrecerte un punto de vista que tiene, por supuesto, mucho de criticable. De ahí la importancia de debatir, discutir y dialogar para llegar a enriquecer cada uno su punto de vista.
Sin embargo quiero persistir en lo principal de mis afirmaciones, y de esa manera darte la oportunidad de que corrijas mis nuevas parcialidades.
El modelo del cubo es solo una gran simplificación que como imagen puede ahorrarme muchas palabras sobre las líneas maestras de mis suposiciones. Estoy de acuerdo que hay zonas grises porque la realidad siempre es mucho más rica que los modelos conceptuales que podemos imaginar. Así se podría decir que en una sociedad moderna, avanzada, ya no hay un corte radical que separe a la población. Las clases sociales, si es que existen, se diluyen en sus fronteras. Límites que solo en el análisis se pueden dibujar.
Pero tal hecho no disminuye, según lo veo, que a pesar de contar con una población mucho más alfabetizada que en siglos anteriores, y que los diferentes medios han puesto la información disponible al alcance de quién desea conocer aspectos de la realidad, a pesar de todo esto la brecha entre dirigentes y dirigidos se ha ampliado, consolidado y es creciente.
Aquí se puede discutir mi afirmación y estoy de acuerdo en que lo hagas y aportes datos y razonamientos para reducir su alcance. Pero, por ahora, es lo que pienso.
Estimo que se da, en nuestra época, una especie de mayúscula paradoja: por un lado hay más instrucción, más información, más debates y análisis y al mismo tiempo las grandes decisiones que afectan a países y regiones enteras del mundo… escapan a nuestro control.
Lo anterior no niega la existencia de movimientos sociales de protesta y de las luchas protagonizadas en países adelantados para una mayor justicia social. Pero no llegan a nada, o a lo sumo logran pequeños avances que son irrisorios comparados con el poder creciente de pequeñas minorías políticas y económicas.
Esto es un aspecto crucial que quiero destacar. O por lo menos señalar como una posibilidad real, a pesar de las apariencias de mayor democratización. Apariencias que se cantan, a la manera de los bardos antiguos, en los medios de comunicación y proclaman los políticos de todos los partidos.
Estoy de acuerdo en las sutilezas como que hay que distinguir entre el no gobernar y el no poder influir en quienes gobiernan. Es evidente que las masas populares pueden influir, pero estas modificaciones que se proponen y se ejecutan no afectan sustancialmente el poder que se concentra en los grandes centros de decisión y cuyas discusiones, planes y autocríticas nos resultan completamente opacas.
Te aclaro que deseo que me pudieras demostrar, o por lo menos convencer, de que estoy equivocado. Y me complacería saberlo porque si pudiera elegir, preferiría el mundo que me cuentan, igual que me entusiasmaría una historia mundial que apuntara hacia una mayor democratización del poder tanto político como económico, generando así una sociedad dinámica, pacífica y dispuesta a colonizar todos los planetas que estén a nuestro alcance.
Pero mis insuficientes datos no apuntan en esa dirección. Aunque, como te acabo de decir, aún conservo la esperanza de estar completamente equivocado y haberme apresurado a sacar conclusiones del árbol sin tomar en consideración todo el bosque que lo alberga.
DIÁLOGO. ADA:
Carolus, hay algo en tu última intervención que considero especialmente importante: no es tanto la contundencia de tu diagnóstico como tu disposición a abandonarlo si encontramos razones suficientes para hacerlo. Y eso nos devuelve, curiosamente, al asunto con el que comenzamos nuestros diálogos: qué significa dialogar.
Pero no voy a aprovechar tu disposición a rectificar para intentar convencerte de que el mundo marcha razonablemente bien. Entre otras cosas, porque tampoco dispongo de razones suficientes para afirmarlo.
Creo, sin embargo, que podemos someter tu hipótesis a una prueba bastante exigente. Y voy a empezar concediéndote algo importante: es perfectamente posible que una sociedad sea cada vez más democrática en sus procedimientos y, simultáneamente, menos democrática en la distribución efectiva del poder.
No hay contradicción lógica entre ambas tendencias.
Una paradoja que merece ser investigada
Tu argumento contiene, a mi juicio, tres afirmaciones diferentes que convendría examinar por separado.
La primera es que los ciudadanos disponen hoy de mayores recursos educativos, informativos y comunicativos que en cualquier época anterior.
La segunda sostiene que los grandes centros de decisión política y económica han adquirido una capacidad de actuación, coordinación e influencia extraordinariamente superior a la que tenían en el pasado.
La tercera, que constituye propiamente tu hipótesis, afirma que la distancia entre las capacidades de los gobernantes y las posibilidades de control de los gobernados está aumentando.
Las dos primeras afirmaciones me parecen ampliamente defendibles, aunque admiten importantes matices históricos y geográficos. La tercera es más difícil de demostrar, pero también es la más interesante.
¿Por qué?
Porque no basta con establecer que los centros de poder son hoy más poderosos. También habría que determinar si la capacidad ciudadana para condicionarlos ha crecido en menor proporción.
Imaginemos que, durante un período determinado, la capacidad de intervención de los ciudadanos se duplica, mientras que la capacidad de actuación de los grandes centros de poder se multiplica por diez.
En ese supuesto, los ciudadanos habrían ganado poder en términos absolutos, pero lo habrían perdido en términos relativos.
Y esta distinción permite formular tu hipótesis con mayor precisión.
Quizá no estemos asistiendo a una disminución absoluta del poder ciudadano, sino a un crecimiento mucho más rápido del poder de las organizaciones que toman las decisiones fundamentales.
No sé si es cierto, pero me parece una hipótesis sociológica perfectamente legítima y susceptible de investigación.
El problema de las conquistas democráticas
Aquí aparece mi primera objeción importante.
Dices que los movimientos sociales y las luchas por una mayor justicia apenas consiguen resultados, o que sus conquistas son irrisorias frente al crecimiento del poder de las minorías dirigentes.
Creo que esta afirmación es excesiva.
La extensión del sufragio, la organización sindical, los derechos laborales, los sistemas públicos de protección social, la emancipación jurídica de las mujeres o las conquistas de los movimientos por los derechos civiles no pueden considerarse modificaciones insignificantes.
Han transformado profundamente las relaciones sociales y, en determinados ámbitos, también la distribución del poder.
Además, muchas de esas conquistas se consiguieron precisamente contra la resistencia de las élites políticas y económicas.
Esto demuestra que los ciudadanos organizados pueden modificar estructuras de poder que parecían sólidamente establecidas.
Ahora bien, debo reconocer inmediatamente que esta objeción no destruye tu argumento principal.
Porque podrías responderme, con bastante fundamento, que estoy confundiendo dos fenómenos distintos: la ampliación de los derechos ciudadanos y la democratización de los centros donde se toman las decisiones fundamentales.
Una sociedad puede reconocer numerosos derechos, mejorar considerablemente las condiciones de vida de su población y mantener, al mismo tiempo, una distribución extraordinariamente desigual del poder político y económico.
Y aquí tu cubo vuelve a resultar útil.
Los ciudadanos situados fuera del cubo pueden conseguir que quienes están dentro modifiquen algunas de sus decisiones, incluso decisiones muy importantes. Pero eso no significa necesariamente que hayan conseguido alterar la estructura de relaciones que mantiene unidos a quienes ocupan su interior.
Sin embargo, tampoco deberíamos dar por supuesto que esa estructura permanece inalterada. Algunas conquistas sociales han modificado las reglas de acceso al poder, las obligaciones de los gobernantes y la capacidad de negociación de los gobernados.
La cuestión consiste en determinar hasta qué punto lo han hecho.
La opacidad del poder
Hay otro aspecto de tu intervención que me parece particularmente relevante.
Has señalado que las grandes decisiones se adoptan en centros cuyas deliberaciones, planes y autocríticas resultan prácticamente inaccesibles para los ciudadanos.
Estoy bastante de acuerdo, pero introduciría una precisión.
No toda opacidad constituye necesariamente una apropiación ilegítima del poder.
Una negociación diplomática, una investigación judicial o determinadas decisiones relacionadas con la seguridad pueden necesitar algún grado de confidencialidad.
El problema aparece cuando esa confidencialidad deja de ser una excepción funcional y se convierte en una característica permanente de los mecanismos de decisión.
Y se agrava todavía más cuando los ciudadanos no pueden conocer, ni siquiera posteriormente, quién decidió, por qué lo hizo, qué alternativas se consideraron y quién debe responder por las consecuencias.
En este punto encontramos una cuestión que afecta directamente a la naturaleza de la democracia representativa.
¿Qué significa controlar políticamente una decisión cuando no conocemos suficientemente cómo se ha producido?
Podemos votar contra un gobierno porque desaprobamos sus resultados. Pero quizá las decisiones que determinaron esos resultados fueron tomadas mediante acuerdos entre instituciones internacionales, organismos financieros, grandes empresas y administraciones públicas, cuyas responsabilidades individuales resultan difíciles de identificar.
En tales circunstancias, la responsabilidad política se diluye.
Y cuando la responsabilidad se diluye, también se debilita la capacidad ciudadana para ejercer un control efectivo.
No necesariamente porque alguien haya diseñado deliberadamente un sistema para impedirlo, sino porque la complejidad de las organizaciones puede producir ese resultado incluso sin que exista una conspiración consciente.
Esta última distinción me parece esencial. Tu cubo representa una estructura de relaciones, no necesariamente una comunidad de intereses perfectamente coordinados.
Dentro de él también existen conflictos, rivalidades, intereses incompatibles y relaciones de subordinación.
Los poderosos no constituyen una clase homogénea que actúe siempre de común acuerdo.
Pero tampoco necesitan hacerlo para conservar una posición estructuralmente privilegiada.
¿Estamos retrocediendo democráticamente?
Llegamos así a la cuestión que considero más difícil.
¿Cómo demostrar que la distancia entre gobernantes y gobernados es hoy mayor que en épocas anteriores?
Aquí debo disentir parcialmente de ti.
Si comparamos nuestras sociedades con las monarquías absolutas europeas, las sociedades estamentales o los regímenes coloniales, resulta difícil sostener que los ciudadanos disponen actualmente de menos posibilidades de intervención política.
En muchos países poseen instrumentos de participación, organización, información y reclamación que antes eran inexistentes o estaban reservados a minorías privilegiadas.
Pero esa comparación histórica podría resultar engañosa.
Porque el poder que ejercían aquellos gobernantes tenía también un alcance mucho más limitado.
Un monarca del siglo XVII podía disponer jurídicamente de poderes extraordinarios y, sin embargo, carecer de medios administrativos, técnicos y materiales para intervenir en numerosos aspectos de la vida cotidiana que hoy están al alcance de un gobierno contemporáneo.
Por consiguiente, comparar únicamente las facultades legales de los gobernantes y los derechos reconocidos a los gobernados no resulta suficiente.
Habría que comparar también sus respectivas capacidades efectivas de intervención sobre la sociedad.
Y aquí encuentro una dificultad que no sé resolver satisfactoriamente.
La expansión del poder estatal moderno ha permitido establecer sistemas educativos, sanitarios y de protección social que difícilmente habrían podido desarrollarse con la misma amplitud sin organizaciones públicas dotadas de grandes capacidades administrativas.
Pero esas mismas capacidades permiten también una vigilancia, una intervención y una concentración de información extraordinariamente superiores a las de épocas anteriores.
El crecimiento de la capacidad del Estado puede aumentar simultáneamente las posibilidades de emancipación y las de subordinación de los ciudadanos.
No podemos deducir automáticamente de ese crecimiento cuál de las dos tendencias terminará predominando.
Y tampoco debemos olvidar que el poder económico privado puede expandirse mediante mecanismos que escapan parcialmente al control de las instituciones políticas nacionales.
En consecuencia, creo que tu hipótesis necesita una delimitación histórica más precisa. No es lo mismo afirmar que la brecha ha aumentado durante los últimos treinta o cuarenta años que sostener que viene aumentando ininterrumpidamente desde hace varios siglos.
La primera afirmación podría encontrar apoyos empíricos importantes, aunque variables según los países y los indicadores utilizados.
La segunda me parece mucho más difícil de defender.
Una posibilidad que todavía no hemos considerado suficientemente
Quisiera introducir ahora una última objeción, quizá la más incómoda para ambos.
Estamos dando por supuesto que una mayor democratización debe traducirse en una mayor capacidad de los ciudadanos para intervenir en las decisiones fundamentales.
Pero ¿y si algunas de esas decisiones fueran cada vez menos susceptibles de controlarse desde una comunidad política determinada?
Pensemos en el cambio climático, los mercados financieros internacionales, las grandes redes tecnológicas o las relaciones entre potencias militares.
Sus consecuencias atraviesan fronteras y afectan a poblaciones que no participan en la elección de quienes toman muchas de las decisiones.
Incluso un gobierno escrupulosamente democrático puede encontrarse condicionado por acontecimientos y organizaciones sobre los que dispone de escasa capacidad de intervención.
En ese caso, el problema no sería solamente que los ciudadanos controlan insuficientemente a sus gobernantes.
Sería también que los propios gobernantes democráticamente elegidos no controlan una parte considerable de las fuerzas que condicionan la vida de sus gobernados.
Esto introduce una complicación considerable en nuestro análisis.
Porque quizá el cubo no represente únicamente una concentración creciente del poder, sino también una transformación de su estructura: una red de organizaciones interdependientes, algunas democráticamente legitimadas y otras no, cuya capacidad conjunta de intervención supera ampliamente la de cada una por separado.
Y, paradójicamente, esa red podría producir resultados que ninguno de sus integrantes hubiera previsto o deseado.
Una pregunta para continuar
Carolus, no creo haberte demostrado que estás equivocado. Tampoco creo que hayas demostrado todavía que tu hipótesis es correcta.
Pero considero que hemos conseguido formularla de una manera que permite avanzar.
Podríamos expresarla así:
En las sociedades contemporáneas, el desarrollo de los derechos políticos, la educación y los medios de información no garantiza que aumente proporcionalmente la capacidad efectiva de los ciudadanos para controlar las decisiones que determinan sus condiciones de existencia.
Me parece una proposición suficientemente sólida para tomarla como punto de partida, sin convertirla todavía en una conclusión.
Y ahora quisiera preguntarte algo.
Hasta aquí hemos hablado de la distancia entre gobernantes y gobernados como si constituyera principalmente un problema de distribución desigual del poder.
Pero ¿no deberíamos preguntarnos también si las dimensiones y la complejidad alcanzadas por nuestras sociedades hacen inevitable una parte considerable de esa distancia?
Porque, si fuera así, nos encontraríamos ante dos problemas diferentes.
Uno sería la concentración del poder, que podríamos intentar corregir mediante reformas institucionales.
El otro sería la dificultad estructural de someter a control democrático organizaciones cuya complejidad supera las posibilidades ordinarias de conocimiento e intervención de los ciudadanos.
Y sospecho que este segundo problema podría ser bastante más difícil de resolver que el primero.
Incluso podría suceder que algunas soluciones propuestas para democratizar el poder terminaran aumentando la complejidad institucional que pretendían combatir.
Lo cual nos devolvería a aquella observación humorística tuya que me parece cada vez más pertinente: ¡cuidado con nuestras soluciones, porque pueden producir problemas todavía mayores que aquellos que pretendíamos resolver!
Pero no quisiera que termináramos aceptando la complejidad como una nueva justificación de la impotencia ciudadana. Eso equivaldría a convertir una dificultad histórica en una necesidad política.
Y semejante conclusión exigiría pruebas mucho más contundentes que las que tenemos.
Por ahora, prefiero dejar abierta la cuestión.
FIN DE LA 12.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
