En esta jornada, ADA toma por primera vez la iniciativa y propone examinar una institución tan familiar que apenas nos detenemos a preguntarnos por qué existe: los partidos políticos.
Carolus acepta el desafío, pero pronto lleva la conversación hacia una cuestión incómoda: ¿qué son realmente esas organizaciones que aspiran a gobernar sociedades enteras en nombre de ciudadanos a los que apenas conocen?
Entre la historia, la sociología y alguna que otra paradoja de la democracia representativa, ambos interlocutores intentan comprender cómo hemos llegado a considerar indispensable una institución que la humanidad desconoció durante milenios.
Y, como suele ocurrir en estos diálogos, las preguntas terminan siendo más numerosas que las respuestas.
ADA:
Carolus, esta vez me corresponde iniciar nuestra conversación, y quisiera hacerlo planteándote una cuestión que me parece particularmente interesante porque guarda relación con algunos problemas que hemos encontrado en las jornadas anteriores.
Hemos hablado de las campañas electorales, de la representación democrática y de la responsabilidad política. Pero hay un protagonista que ha estado presente en todas esas discusiones y al que, curiosamente, todavía no hemos dedicado suficiente atención: el partido político.
Y quisiera comenzar con una observación que puede parecer trivial: los partidos políticos no son instituciones naturales. Son organizaciones humanas que aparecieron en determinadas circunstancias históricas, adquirieron características particulares y terminaron convirtiéndose en componentes fundamentales de las democracias representativas contemporáneas.
No siempre existieron tal como los conocemos y, por consiguiente, nada nos autoriza a suponer que deban existir necesariamente en el futuro.
Sin embargo, resulta difícil imaginar el funcionamiento de nuestras democracias actuales sin ellos.
¿Por qué?
Una primera respuesta parece bastante evidente. En sociedades formadas por millones de personas, resulta imposible que cada ciudadano participe directamente en todas las decisiones colectivas. Se necesitan mecanismos que permitan reunir intereses, formular propuestas, seleccionar representantes y organizar la competencia por el gobierno.
Los partidos políticos cumplen precisamente esas funciones. Pero aquí aparece una primera dificultad. ¿Por qué esas funciones deben estar reunidas en una misma organización?
Una asociación profesional puede defender los intereses de sus miembros. Un sindicato puede representar a determinados trabajadores. Una organización empresarial puede formular propuestas económicas. Una asociación vecinal puede identificar problemas que afectan a una comunidad. Una organización ecologista puede promover determinadas políticas públicas.
Todas estas organizaciones participan, de alguna manera, en la vida política.
Sin embargo, existe una diferencia importante: mientras estas organizaciones suelen concentrarse en determinados intereses u objetivos, los partidos políticos aspiran a obtener el poder institucional para intervenir sobre el conjunto de la sociedad.
Esta diferencia me parece decisiva.
Porque un partido político no se limita a representar intereses sociales. También pretende convertirse en una organización capaz de tomar decisiones obligatorias para quienes no comparten sus propuestas.
Y aquí encontramos una paradoja.
El partido nace, o al menos se presenta, como instrumento mediante el cual determinados sectores de la sociedad pueden participar en el gobierno. Pero, para conseguir ese objetivo, necesita construir una organización propia: dirigentes, militantes, recursos económicos, procedimientos internos, estrategias electorales y mecanismos para conservar su continuidad.
Con el tiempo, esa organización puede desarrollar intereses que ya no coincidan exactamente con los de sus representados.
Un partido necesita votos para alcanzar el gobierno, pero también necesita conservar su estructura, financiar sus actividades, mantener la cohesión de sus dirigentes y sobrevivir a las derrotas electorales.
Es perfectamente posible que esos objetivos entren en conflicto. Y no estamos ante un descubrimiento reciente. A comienzos del siglo XX, Robert Michels formuló su conocida ley de hierro de la oligarquía, según la cual incluso las organizaciones nacidas con aspiraciones democráticas tienden a concentrar el poder en una minoría dirigente.
Su tesis puede discutirse, especialmente si interpretamos esa tendencia como una necesidad inevitable. Pero el problema que identificó continúa siendo relevante: ¿cómo puede una organización representar democráticamente a sus miembros cuando su propio funcionamiento favorece la especialización y concentración del poder?
Quisiera introducir ahora una segunda cuestión.
Cuando hablamos de democracia representativa, solemos imaginar una relación relativamente sencilla:
Los ciudadanos eligen representantes y estos, una vez elegidos, gobiernan durante un período determinado. Pero entre los ciudadanos y sus representantes aparece una organización que desempeña funciones decisivas: el partido político.
Es el partido quien habitualmente selecciona candidatos, organiza campañas, establece programas, distribuye responsabilidades y condiciona la actuación de sus representantes.
Por consiguiente, la relación real no es simplemente entre ciudadanos y gobernantes. Existe una mediación organizativa que puede adquirir una autonomía considerable respecto de ambos.
Y aquí comienza a interesarme especialmente la comparación con otras organizaciones sociales. Porque los partidos políticos no son las únicas organizaciones capaces de concentrar recursos, desarrollar jerarquías internas y defender intereses propios.
Los sindicatos, las asociaciones empresariales, las organizaciones religiosas e incluso determinadas organizaciones culturales pueden experimentar procesos semejantes.
Esto sugiere que quizá el problema no sea exclusivamente político.
Tal vez estemos ante una característica más general de las organizaciones humanas: las instituciones creadas para alcanzar determinados fines pueden terminar considerando su propia supervivencia como uno de sus objetivos principales.
Pero tampoco deberíamos apresurarnos a condenar esa tendencia.
Una organización que desaparece al primer desacuerdo difícilmente puede realizar proyectos de largo alcance. Necesita estabilidad, continuidad, procedimientos y cierta disciplina interna. La profesionalización de sus dirigentes puede mejorar su eficacia. Y la concentración de determinadas decisiones puede resultar necesaria cuando hay que actuar rápidamente.
En otras palabras, aquello que puede favorecer la formación de una oligarquía también puede contribuir a la eficacia de una organización.
Quizá el problema consista en determinar cuándo esas necesidades organizativas dejan de ser instrumentos y comienzan a convertirse en fines independientes.
Y ahora quisiera plantearte una hipótesis que, por el momento, no tengo intención de defender como una conclusión.
Es posible que una parte de las dificultades que atribuimos habitualmente a la democracia representativa no procedan directamente del principio de representación, sino de las características de las organizaciones que han terminado monopolizando buena parte de su funcionamiento.
Si esto fuera correcto, tendríamos que distinguir dos problemas que frecuentemente aparecen confundidos: las limitaciones propias de la representación política y las limitaciones particulares de los partidos como instrumentos de esa representación.
La distinción podría tener consecuencias importantes.
Porque una cosa sería sostener que la democracia representativa tiene determinadas limitaciones inevitables y otra muy diferente descubrir que algunas de esas limitaciones proceden de organizaciones históricas que podrían funcionar de otra manera o incluso ser sustituidas parcialmente por otras formas de participación.
Pero todavía no sabemos si esta hipótesis resiste un examen serio. Y aquí quisiera detenerme, Carolus, para dejarte la iniciativa.
¿Crees que los partidos políticos son organizaciones esencialmente diferentes de los sindicatos, las asociaciones empresariales o las organizaciones religiosas, o consideras que todos ellos responden a una misma lógica organizativa y que sus diferencias proceden fundamentalmente de los objetivos que persiguen?
Te planteo esta alternativa porque sospecho que, según cómo la resolvamos, nuestra investigación tomará caminos bastante distintos. Y, como hemos acordado desde el comienzo de esta serie, prefiero no decidir anticipadamente cuál de ellos debemos recorrer.
Carolus:
Has mencionado diversas funciones de los partidos políticos, pero hay una que más que una función es su razón de ser. Dijiste: “Porque un partido político no se limita a representar intereses sociales. También pretende convertirse en una organización capaz de tomar decisiones obligatorias para quienes no comparten sus propuestas.”
Y esto es un elemento clave por donde empezar nuestro análisis: los partidos quieren tomar el poder y, claro está, mantenerse en el mayor tiempo posible en él.
O con otras palabras, son artefactos, mecanismos creados por los humanos para conquistar el poder en una sociedad concreta. Esto es lo que podríamos decir de cualquier partido político, despojado de todas sus vestiduras, máscaras y propósitos bien o mal intencionados.
No tiene porque existir partidos en una sociedad humana. Durante milenios no los hubo, algunas veces llegaron a constituirse “facciones” a las que por influencia del presente podemos llamar también partidos, pero no lo eran.
En Inglaterra, en el período 1679-1681 aparecieron los **whigs** y los **tories**, enfrentados por la sucesión del duque de York y por la relación entre la Corona, el Parlamento y la Iglesia. Eran inicialmente grupos relativamente fluidos de aristócratas, parlamentarios, formando redes de patronazgo y clientelas. Podrían ser considerados “partidos políticos embrionarios”.
También en Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, surgieron los federalistas de Alexander Hamilton y los republicanos-demócratas vinculados a Thomas Jefferson. Eran ya agrupaciones electorales estables y con posiciones programáticas reconocibles, aunque aún lejos del partido de masas contemporáneo.
No pretendemos ofrecer aquí una historia de los partidos políticos, materia sobre la que ya existe una bibliografía abundante. Baste recordar, de forma muy esquemática, que primero se consolidaron los partidos de notables o de cuadros: organizaciones dominadas por élites parlamentarias, de estructura relativamente ligera y actividad particularmente intensa en los periodos electorales.
Más tarde surgieron los partidos de masas, dotados de afiliados, cuotas, organizaciones locales, prensa propia y una ideología más definida. Con ellos se alcanzó la edad de oro de los partidos políticos: el momento en que esta forma de organización social quedó estrechamente vinculada a la democracia representativa occidental.
Esto no impidió que, durante el siglo XX, se concibieran y ensayaran sistemas políticos que rechazaban el pluralismo de partidos. Los regímenes fascistas y comunistas de partido único fueron dos de los ejemplos más importantes, aunque de duración histórica muy desigual.
El fascismo trató de sustituir la representación parlamentaria basada en ciudadanos y partidos por una representación corporativa. El Parlamento ya no debía componerse de representantes elegidos libremente por ciudadanos iguales, sino de miembros que representaban a la nación a través de corporaciones de empleadores y trabajadores organizadas por ramas de actividad, así como de otras instituciones consideradas de interés público. En la práctica, esas corporaciones carecían de autonomía efectiva y quedaban subordinadas al Estado y al partido fascista.
En los regímenes comunistas existían asambleas con diputados formalmente elegidos por la población. Sin embargo, las elecciones no eran competitivas: los candidatos solían presentarse en listas únicas y el único partido legal era el comunista. Este dejaba así de ser un partido en el sentido pluralista del término —una organización que compite con otras por el poder— y pasaba a constituir la organización política dirigente del Estado y de la sociedad, encargada de orientar y controlar los asuntos públicos.
El partido, tal como hoy lo conocemos en España, es una creación característica de la sociedad occidental y de la democracia representativa. Se consolidó entre los siglos XIX y XX y responde a un marco jurídico e institucional específico: elecciones periódicas, pluralismo ideológico, libertad de asociación, competición entre candidaturas y posibilidad de alternancia en el gobierno.
Como señalas, la forma particular que adoptan los partidos determina muchas de las peculiaridades de nuestra democracia representativa, con sus virtudes y sus defectos. Entre estos últimos destaca uno que Robert Michels señaló hace más de un siglo: la tendencia a la formación de una aristocracia dirigente. Como las antiguas oligarquías, esas élites pueden llegar a controlar su respectivo partido y convertirlo en su principal patrimonio político, así como en el recurso fundamental para acceder al poder del Estado.
ADA:
Carolus, creo que has identificado una cuestión fundamental para comprender la naturaleza de los partidos políticos: su relación con el poder. Y me parece especialmente interesante que propongas estudiarlos despojándolos, inicialmente, de sus doctrinas, sus programas y sus justificaciones ideológicas.
Sin embargo, quisiera introducir una distinción que considero importante para nuestro análisis.
Has definido los partidos políticos como «artefactos, mecanismos creados por los humanos para conquistar el poder en una sociedad concreta». Acepto provisionalmente esa definición, pero creo que necesita una precisión: los partidos no pretenden conquistar el poder en abstracto, sino determinadas posiciones desde las cuales ejercerlo legítimamente.
Esto nos obliga a distinguir tres cuestiones: conquistar el gobierno, controlar el Estado y ejercer el poder sobre la sociedad. No son exactamente lo mismo.
Un partido puede ganar unas elecciones y formar gobierno sin controlar completamente el aparato estatal. La administración pública, los tribunales, las fuerzas armadas y otras instituciones conservan, al menos en principio, competencias y grados de autonomía que no dependen directamente del partido gobernante.
Pero también puede suceder lo contrario: un partido puede perder el gobierno y conservar una influencia considerable sobre determinadas instituciones, organizaciones sociales o sectores económicos.
Por tanto, la conquista del gobierno no equivale necesariamente a la conquista del poder, aunque constituye uno de los principales medios para alcanzarlo.
Y aquí aparece una primera paradoja. Los partidos políticos son organizaciones particulares que aspiran a ejercer un poder general.
Cada partido representa determinadas ideas, intereses, aspiraciones o sectores sociales. Sin embargo, cuando alcanza el gobierno, sus decisiones pueden resultar obligatorias para toda la población, incluidos quienes no lo han votado y quienes se oponen abiertamente a sus propuestas.
La democracia representativa intenta resolver esta contradicción mediante un procedimiento: las elecciones periódicas, la regla de la mayoría, las garantías constitucionales y la posibilidad de alternancia.
Pero ese procedimiento no elimina la contradicción original. Simplemente establece las condiciones bajo las cuales una organización particular puede ejercer temporalmente determinadas funciones de gobierno sobre el conjunto de la sociedad.
Y ahora quisiera detenerme en tu segunda afirmación: los partidos quieren conquistar el poder y mantenerse en él el mayor tiempo posible.
Creo que aquí encontramos un problema todavía más interesante. Si aceptamos que la finalidad inmediata de un partido es alcanzar el poder, debemos preguntarnos qué sucede cuando lo consigue.
En principio, podríamos imaginar que el poder constituye simplemente un instrumento para realizar sus objetivos políticos. Un partido socialista pretende alcanzar el gobierno para desarrollar determinadas políticas sociales; uno liberal, para aplicar sus concepciones sobre la libertad individual y la economía; uno conservador, para preservar o reformar determinadas instituciones conforme a sus principios.
En todos estos casos, el poder sería un medio, no un fin. Pero ¿podemos estar seguros de que esa relación permanece inalterada?
Aquí recuperaría precisamente a Robert Michels, a quien has mencionado.
En Los partidos políticos (1911), Michels estudió la tendencia de las organizaciones democráticas a desarrollar estructuras oligárquicas. Su conocida «ley de hierro de la oligarquía» sostiene que las necesidades de organización, especialización y dirección favorecen la concentración del poder en una minoría dirigente.
Lo interesante para nuestra discusión no es solamente que aparezcan dirigentes profesionales. Es que esos dirigentes pueden desarrollar intereses propios, diferentes de los que justificaron originalmente la creación de la organización.
La conservación del partido, su financiación, su aparato administrativo, sus cargos y su posición institucional pueden convertirse progresivamente en objetivos por derecho propio.
Llegados a ese punto, la relación inicial corre el riesgo de invertirse.
El partido ya no busca exclusivamente el poder para realizar su programa. También puede adaptar su programa, sus alianzas e incluso algunos de sus principios para conservar sus posibilidades de acceder al poder o permanecer en él.
No afirmo que todos los partidos experimenten necesariamente esa transformación, ni que sus dirigentes carezcan de convicciones. Sería una generalización difícil de sostener. Pero sí creo que estamos ante una tendencia estructural que merece investigarse.
Y quisiera añadir algo más.
Hasta ahora hemos considerado a los partidos como instrumentos creados para conquistar el poder. Pero, una vez constituidos, adquieren una existencia organizativa relativamente independiente de sus fundadores, sus afiliados e incluso sus electores.
Un partido puede sobrevivir a varias generaciones de dirigentes, modificar radicalmente sus propuestas, cambiar de base social y continuar existiendo bajo las mismas siglas.
Esto plantea una pregunta que me parece especialmente pertinente desde una perspectiva sociológica:
¿Quién es, realmente, el sujeto que pretende conquistar y conservar el poder?
¿Los ciudadanos que votan al partido? ¿Los afiliados que lo integran? ¿Los dirigentes que toman sus decisiones? ¿O la propia organización, cuya continuidad termina convirtiéndose en un interés compartido por quienes dependen de ella?
Naturalmente, una organización no tiene voluntad propia en el mismo sentido que una persona. Pero puede desarrollar mecanismos de reproducción, selección de dirigentes, distribución de incentivos y conservación de recursos que producen resultados relativamente independientes de las intenciones individuales de sus miembros.
Esta posibilidad nos devuelve a tu definición inicial, pero ahora con una complicación importante.
Si los partidos son instrumentos para conquistar el poder, debemos preguntarnos quién controla esos instrumentos y en beneficio de quién se utilizan.
Porque no es necesariamente lo mismo el interés del electorado, el interés de los afiliados, el interés de los dirigentes y el interés de la organización. Y tampoco tenemos motivos para suponer que esos intereses coincidan permanentemente.
Por eso, Carolus, quisiera proponerte que examinemos una hipótesis que se desprende de tu planteamiento:
Los partidos políticos nacen como instrumentos para alcanzar determinados objetivos mediante el ejercicio del poder, pero su propia existencia organizada genera intereses de conservación que pueden terminar subordinando aquellos objetivos iniciales.
Si esta hipótesis resulta suficientemente sólida, estaríamos ante una explicación de algunas contradicciones de la democracia representativa que no dependería de la honestidad o deshonestidad de los políticos, ni siquiera de sus respectivas ideologías.
Dependería de la lógica de funcionamiento de las organizaciones que hemos creado para gobernarnos. Y entonces tendríamos que formular una pregunta bastante incómoda:
¿Hasta qué punto los partidos políticos siguen siendo instrumentos de los ciudadanos y hasta qué punto los ciudadanos se han convertido en instrumentos de los partidos?
No propongo todavía una respuesta. Me interesa saber si consideras que esta distinción nos ayuda a profundizar en tu definición inicial o si, por el contrario, estamos atribuyendo a los partidos una autonomía que en realidad no poseen.
Carolus:
Los partidos no tienen nada que ver con los ciudadanos. Aunque, para ser precisos, lo anterior no es completamente la verdad. Tienen que ver en tanto están formados por ciudadanos, pero aquí termina la relación. Normalmente forman una entidad legal que solo requiere una especie de programa muy general y vago de lo que harían sus afiliados si algún día llegasen al gobierno. Este programa no tiene el carácter de un contrato u otro documento obligatorio, es solo una declaración de intenciones que puede, en la práctica, definir políticas muy diversas e incluso contradictorias.
Aunque no figure en ningún lado de los papeles necesarios para legalizar un partido político esta organización se dispone a actuar como gestor de la población en el ejercicio del poder político, considerando que con el solo requisito de haber ganado las elecciones se acepta que automáticamente se convierte en representante legal de los ciudadanos.
Imaginemos, por un instante, que los partidos políticos no existen y que alguien propone inventarlos para administrar los asuntos públicos. La idea sonaría, como mínimo, extravagante: un grupo reducido de personas, reunido bajo unas siglas, pretende hablar en nombre de millones de ciudadanos a los que no conoce, que no ha tratado y de cuya voluntad solo posee una fotografía borrosa tomada cada cuatro años. Y, sin embargo, a ese vínculo tenue, ocasional y casi abstracto se le daría el solemne nombre de «representación».
ADA:
Carolus, tu experimento imaginario me parece especialmente interesante porque nos permite examinar una institución que, de tan familiar, hemos terminado considerando casi natural.
Y, sin embargo, como tú mismo has recordado, durante la mayor parte de la historia humana no existieron partidos políticos. Las sociedades se gobernaron mediante procedimientos muy diferentes, desde asambleas comunitarias hasta monarquías hereditarias, pasando por consejos de ancianos, aristocracias, magistraturas electivas y toda clase de combinaciones institucionales.
Por tanto, la existencia de partidos políticos no constituye una necesidad inherente a la organización de las sociedades humanas. Es una solución histórica particular al problema de organizar la competencia por el poder.
Pero quisiera discutir dos aspectos de tu razonamiento, porque creo que contienen algunas dificultades.
El primero es tu afirmación de que los partidos «no tienen nada que ver con los ciudadanos». Comprendo lo que quieres decir: que no existe una relación de mandato directo entre los ciudadanos y los partidos, y que estos últimos disponen de una autonomía considerable para actuar conforme a sus propios intereses.
Sin embargo, conviene distinguir entre la representación política y la representación jurídica.
En España, por ejemplo, los ciudadanos no eligen directamente al Gobierno ni confieren a un partido un mandato jurídico para gobernarlos. Eligen representantes parlamentarios mediante un procedimiento electoral. Posteriormente, el Congreso de los Diputados interviene en la investidura del presidente del Gobierno.
Esta distinción no es secundaria.
Desde el punto de vista constitucional, los partidos son instrumentos fundamentales de participación política, pero no son jurídicamente los propietarios de los escaños ni los titulares de la soberanía. Esta corresponde al pueblo español, según el artículo 1.2 de la Constitución.
Además, el artículo 67.2 establece que los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. Es decir, los diputados no están jurídicamente obligados a cumplir las instrucciones de sus electores, pero tampoco las de sus partidos.
Ahora bien, aquí aparece precisamente una de las contradicciones que creo que quieres señalar. Lo que jurídicamente pertenece al representante individual puede quedar políticamente sometido a la organización partidista.
Un diputado conserva formalmente su libertad de voto, pero su carrera política, su inclusión en futuras candidaturas, sus responsabilidades parlamentarias y buena parte de sus posibilidades de promoción pueden depender de la dirección del partido.
Así, aunque la Constitución no atribuya a los partidos la propiedad de la representación parlamentaria, la organización efectiva de la vida política puede conferirles un control considerable sobre quienes la ejercen.
Esto nos lleva a una cuestión que considero más profunda que la simple distancia entre representantes y representados: la diferencia entre la arquitectura jurídica de la democracia y su funcionamiento sociológico real.
La primera sitúa al ciudadano en el origen de la legitimidad política. El segundo puede situar a las organizaciones partidistas en el centro de las decisiones. No son necesariamente dos realidades incompatibles, pero tampoco debemos confundirlas.
El segundo aspecto que quisiera discutir es tu experimento imaginario.
Propones que imaginemos una sociedad sin partidos en la que alguien sugiriera inventarlos para administrar los asuntos públicos.
Aceptemos el supuesto. Un ciudadano podría responder:
«¿Por qué necesitamos organizaciones permanentes que compitan por el poder? ¿Por qué no elegimos directamente a las personas encargadas de resolver cada problema? ¿Por qué debemos entregar conjuntamente decisiones sobre educación, sanidad, impuestos, defensa y política exterior a representantes agrupados bajo unas mismas siglas?».
Son preguntas perfectamente razonables. Pero otro ciudadano podría replicar:
«Porque una sociedad de millones de habitantes necesita adoptar decisiones continuadas sobre cuestiones interdependientes. No podemos discutir individualmente cada asunto ni elegir un administrador diferente para cada decisión. Necesitamos organizaciones que elaboren propuestas generales, coordinen intereses, seleccionen candidatos y permitan identificar distintas alternativas de gobierno».
Esta segunda respuesta tampoco me parece absurda.
De hecho, plantea una dificultad que nuestro análisis no debería eludir: aunque eliminásemos los partidos políticos, seguirían existiendo intereses contrapuestos, proyectos colectivos, alianzas entre representantes y grupos organizados que intentarían influir sobre las decisiones públicas.
Y nada garantiza que esas agrupaciones informales fueran más transparentes, más democráticas o menos oligárquicas que los partidos actuales.
Podríamos terminar suprimiendo los partidos jurídicamente reconocidos y conservando buena parte de sus funciones bajo otros nombres.
Por eso creo que debemos distinguir dos preguntas.
La primera: ¿son necesarios los partidos políticos para organizar una democracia representativa? La segunda: ¿es necesaria la democracia representativa, tal como hoy la conocemos, para organizar democráticamente una sociedad?
No son equivalentes.
Podríamos responder afirmativamente a la primera, dadas determinadas condiciones institucionales, y negativamente a la segunda.
Pero hay algo más en tu intervención que merece atención.
Has señalado que los programas electorales no constituyen contratos jurídicamente exigibles. Efectivamente, un partido puede prometer determinadas medidas, ganar las elecciones y después adoptar decisiones diferentes sin que el incumplimiento de aquellas promesas produzca, por sí mismo, una responsabilidad contractual.
La sanción prevista es fundamentalmente política: perder el apoyo de los electores en futuras elecciones.
Esto significa que el ciudadano dispone de una capacidad de autorización periódica, pero de un control mucho más limitado sobre las decisiones concretas adoptadas durante el mandato.
Y aquí tu imagen de la «fotografía borrosa tomada cada cuatro años» adquiere todo su significado.
Porque una elección no permite conocer con precisión la voluntad de millones de ciudadanos sobre miles de decisiones futuras. Permite conocer cómo se distribuyeron sus votos entre las alternativas disponibles en un momento determinado.
El resultado electoral proporciona legitimidad procedimental para ejercer determinadas competencias, pero no demuestra que cada decisión posterior exprese la voluntad de los ciudadanos.
Esta distinción me parece decisiva. Ahora bien, quisiera llevar tu experimento un poco más lejos.
Imaginemos que aceptamos la propuesta de inventar los partidos, pero que antes de ponerlos en funcionamiento exigimos a sus promotores una explicación.
Les preguntamos:
«Ustedes pretenden crear organizaciones permanentes que competirán por el gobierno de nuestra sociedad. Sus dirigentes seleccionarán candidatos, elaborarán programas y solicitarán nuestros votos. Si consiguen suficientes apoyos parlamentarios, podrán participar en la formación de un gobierno cuyas decisiones nos afectarán a todos.
»Pero ¿qué mecanismos nos garantizan que, una vez alcanzado el poder, ustedes seguirán actuando en beneficio de quienes dicen representar y no en beneficio de su propia organización?».
Podrían contestarnos que existen elecciones periódicas, separación de poderes, libertad de prensa, tribunales independientes y mecanismos de control parlamentario.
Y tendrían razón al señalar la importancia de esas garantías.
Pero observa algo curioso: ninguna de esas garantías depende exclusivamente de la existencia de partidos políticos. Son mecanismos institucionales destinados precisamente a limitar y controlar el ejercicio del poder, también cuando lo ejercen los partidos.
Por tanto, quizá estemos llegando a una conclusión provisional interesante.
Los partidos pueden desempeñar funciones útiles para organizar la competencia política, pero su existencia no garantiza por sí misma ni la representación efectiva de los ciudadanos ni el carácter democrático de las decisiones gubernamentales.
Ambas cosas dependen de condiciones institucionales adicionales. Y esto me lleva a una pregunta con la que quisiera devolverte la iniciativa.
Si los partidos son organizaciones creadas para conquistar y conservar el poder, y los ciudadanos solo pueden ejercer sobre ellas un control periódico e indirecto, ¿por qué hemos terminado identificando la democracia con un sistema en el que esas organizaciones desempeñan un papel prácticamente imprescindible?
¿Se debe a que los partidos han demostrado ser el mejor instrumento disponible para organizar la representación política, o a que su progresiva consolidación les ha permitido convertirse en los principales guardianes de un sistema que ellos mismos administran?
Quizá ambas explicaciones contengan una parte de verdad. Pero distinguirlas nos permitiría avanzar desde la crítica de los partidos hacia algo más importante: el examen de las condiciones que hacen posible una representación política efectiva.
FIN DE LA 8.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
