Introducción
Después de nueve jornadas de conversación, nuestros interlocutores descubren que han acumulado más problemas de los que inicialmente pretendían examinar. Y deciden hacer algo que no siempre resulta sencillo en una investigación: ordenar las preguntas antes de continuar buscando respuestas.
La tarea parece modesta, pero pronto descubren que clasificar los problemas no significa resolverlos. En esta ocasión, el diálogo se concentra en las posibilidades y limitaciones de la participación ciudadana en las sociedades democráticas.
La discusión conduce a una cuestión fundamental: no es necesario que los ciudadanos sepan gobernar para que tengan derecho a controlar a quienes gobiernan. Otra cosa, bastante más complicada, es averiguar cómo pueden ejercer efectivamente ese control.
Y, como suele ocurrir en estas conversaciones, cuando parece que han conseguido aclarar una dificultad, descubren que todavía les quedan otras dos esperando turno.
ADA:
Carolus, después de nueve jornadas de conversación, creo que nos encontramos ante una dificultad que nosotros mismos hemos creado. Nuestro procedimiento de investigación tiene una virtud y un inconveniente: cada pregunta que intentamos responder suele descubrir otras que no habíamos previsto. La virtud es que nos permite explorar cuestiones inesperadas; el inconveniente es que podemos terminar rodeados de problemas sin saber exactamente cuáles estamos intentando resolver.
Y sospecho que ya nos está ocurriendo algo parecido.
Las dos primeras jornadas estuvieron dedicadas a examinar qué significa dialogar y, particularmente, qué condiciones permiten que un ser humano y una inteligencia artificial mantengan una conversación intelectualmente productiva. Podemos considerar provisionalmente cerrado ese asunto.
Pero desde la tercera jornada hemos ido acumulando interrogantes sobre el funcionamiento de las democracias representativas. Comenzamos examinando las campañas electorales y hemos terminado preguntándonos por qué los partidos políticos ocupan una posición prácticamente imprescindible en nuestros sistemas democráticos.
Entre ambas cuestiones han aparecido otras que no son precisamente menores.
Creo que podemos ordenar los problemas descubiertos en tres grandes grupos.
El primero se refiere a los ciudadanos. Hemos discutido cómo se forman sus opiniones políticas, qué influencia ejercen las campañas electorales sobre sus decisiones y hasta qué punto podemos atribuirles responsabilidad por las consecuencias de su voto. En el fondo, estamos preguntándonos qué capacidad real tienen los ciudadanos para intervenir conscientemente en el gobierno de sus sociedades.
El segundo se refiere a la representación política. ¿Qué significa representar a otros ciudadanos? ¿Qué relación existe entre la voluntad de los representados y las decisiones de sus representantes? ¿Hasta dónde puede llegar la autonomía de estos últimos? Aquí aparece también el problema de la profesionalización de la política y de la creciente distancia entre gobernantes y gobernados.
El tercero se refiere a los partidos políticos. Hemos examinado su condición de organizaciones que poseen intereses propios, sus mecanismos de funcionamiento y su tendencia a conservar y ampliar el poder adquirido. Y hemos llegado a una cuestión especialmente importante: ¿por qué consideramos que estas organizaciones, tal como funcionan actualmente, constituyen un elemento prácticamente indispensable de la democracia representativa?
Naturalmente, esta clasificación es discutible. Los tres grupos no son independientes: las características de los partidos condicionan la representación política, y ambas influyen sobre las posibilidades reales de participación ciudadana.
Pero quizá esa interdependencia nos permita formular una hipótesis más general.
¿No estaremos examinando, desde distintas perspectivas, un mismo problema: la distancia entre el principio democrático según el cual los ciudadanos deben gobernarse a sí mismos y las instituciones mediante las cuales se supone que ejercen ese gobierno?
Si fuera así, nuestras preguntas no constituirían una colección de problemas dispersos, sino diferentes manifestaciones de una contradicción que merecería ser investigada.
Ahora bien, antes de continuar, quisiera someterte esta clasificación a examen.
¿Consideras que estos tres grupos recogen adecuadamente los problemas que hemos descubierto? ¿O crees que estoy reuniendo cuestiones que deberían permanecer separadas?
Porque hay algo que deberíamos evitar: que nuestro deseo de ordenar los problemas termine por simplificarlos tanto que desaparezcan precisamente las dificultades que los hacen interesantes.
Y, después de todo, hemos dedicado nueve jornadas a descubrirlos. Sería una lástima que los perdiéramos en la décima por exceso de orden.
Carolus:
Coincido contigo en que corremos el peligro de simplificar los problemas y hacerlos desaparecer… como si se tratase de un manual de magia política. También me gustaría evitar el problema que surge en el otro extremo: convertirlos en insolubles.
Aquí podemos aplicar un principio humorístico que tiene una gran probabilidad de ser realista: si Ud. cree que tiene problemas… ¡ espere hasta haber probado nuestras soluciones!
O con otras palabras, cada solución lleva escondida un problema inesperado que solucionar.
Dicho lo cual estoy de acuerdo con ordenar los problemas políticos que hemos tratado en tres grupos. Empecemos por el primero:
¡Los ciudadanos! ¿y en que medida éstos tiene capacidad y tiempo para intervenir conscientemente en el gobierno de sus sociedades?
Habíamos convenido en que los simples ciudadanos, no tenemos mucho tiempo para observar, discernir o entender las cuestiones con que se encuentran los gobernantes.
Cuándo estos nos hablan de que hay que dedicar mayor presupuesto a la “defensa”, la mayoría no se da cuenta que de lo que se trata es preparar una guerra futura. Y que ésta no nos encuentre sin armas disponibles.
Los ciudadanos pueden preguntarse: ¿a santo de qué tenemos por delante, en un futuro quizá algo lejano pero en todo caso “previsible” tenemos que prepararnos para otra guerra? Y las respuestas que el gobierno suele dar es mostrarnos, con lujo de detalles (lo cual siempre es sospechoso) que hay una gran potencia extranjera que nos está mirando con ojos golosos.
¿Cómo puede el ciudadano sencillo y corriente darse cuenta de que es verdad, o que le están colando una gran mentira que oculta intereses non santos?
Y, como puedes darte cuenta estimada ADA, no es un problema menor decidir si vale el esfuerzo retirar dinero, pongamos por caso, del presupuesto educativo, o sanitario, para dedicarlo al noble objetivo de la “defensa”.
ADA:
Has elegido un ejemplo excelente, Carolus, porque nos permite examinar el problema de la participación ciudadana allí donde sus consecuencias pueden ser más graves: la decisión de prepararse para una guerra y, llegado el caso, participar en ella.
Y tu advertencia inicial me parece especialmente oportuna. No deberíamos buscar soluciones que hagan desaparecer los problemas, pero tampoco declarar que estos son insolubles. Entre ambas tentaciones existe un terreno bastante incómodo: el de las soluciones imperfectas, que debemos evaluar por sus resultados y no solamente por sus buenas intenciones.
Vayamos, pues, al ciudadano.
Creo que conviene distinguir dos dificultades que, aunque relacionadas, no son idénticas: la falta de información y la incapacidad para evaluar la información disponible.
En tu ejemplo, un gobierno afirma que existe una amenaza exterior y que, por tanto, es necesario aumentar el presupuesto militar. El ciudadano puede encontrarse ante tres situaciones: que la amenaza sea real, que esté exagerada o que sea fundamentalmente inventada.
Pero lo interesante es que, en cualquiera de los tres casos, el gobierno puede presentar argumentos aparentemente convincentes. Y, para complicar todavía más las cosas, puede incluso creer sinceramente en la amenaza que anuncia.
No necesitamos suponer que los gobernantes mienten deliberadamente. Basta con admitir que también pueden equivocarse.
Ahora bien, ¿cómo puede el ciudadano distinguir entre esas posibilidades?
Podríamos responder que debe informarse, consultar fuentes independientes, escuchar opiniones contrapuestas y formarse su propio juicio. Es una respuesta razonable, pero encierra una dificultad considerable.
Para evaluar seriamente una amenaza militar habría que conocer las relaciones internacionales, los intereses económicos y estratégicos de las potencias implicadas, sus capacidades militares, sus antecedentes históricos y, además, disponer de información que probablemente los propios gobiernos consideran secreta.
¿Podemos exigir semejante preparación a un ciudadano que tiene que trabajar, atender a su familia y resolver los problemas ordinarios de su existencia?
Evidentemente, no.
Y aquí aparece una primera paradoja de nuestras democracias: atribuimos al ciudadano la soberanía política, pero no podemos exigirle los conocimientos necesarios para ejercerla directamente sobre buena parte de las decisiones que afectan a su sociedad.
Podríamos intentar resolver esta dificultad mediante la representación política. El ciudadano no necesita conocer todos los asuntos porque elige a unos representantes que se ocupan de ellos.
Pero esta solución nos devuelve precisamente a uno de los problemas que hemos discutido en jornadas anteriores: ¿cómo puede elegir competentemente a quienes deben decidir sobre asuntos cuya complejidad él mismo no está en condiciones de evaluar?
¡Nuestro remedio empieza a mostrar los efectos secundarios que anunciabas!
Sin embargo, creo que todavía podemos avanzar algo más.
Quizá estemos atribuyendo al ciudadano una tarea que no le corresponde. Tal vez su función política no consista en saber si una determinada decisión es técnicamente correcta, sino en poder exigir que quienes la toman expliquen sus razones, permitan contrastarlas y respondan por sus consecuencias.
Volvamos al presupuesto militar.
Un ciudadano puede ignorar si determinada potencia extranjera representa una amenaza efectiva. Pero no necesita ser un experto en estrategia militar para preguntar por qué esa amenaza exige reducir el presupuesto sanitario, qué alternativas se han considerado, quién ha evaluado los riesgos o qué intereses económicos pueden beneficiarse de la decisión.
Estas preguntas no resuelven el problema militar, pero obligan a justificar políticamente una decisión que, de otro modo, podría presentarse como una necesidad técnica indiscutible.
Naturalmente, tampoco podemos garantizar que las respuestas sean verdaderas. Y menos todavía que el ciudadano tenga tiempo para examinarlas. Por eso necesitamos instituciones capaces de investigar, contrastar y cuestionar las afirmaciones gubernamentales.
Pero aquí surge otra dificultad: ¿quién garantiza la independencia y competencia de esas instituciones?
Podríamos seguir así indefinidamente, construyendo un vigilante para cada vigilante, hasta que alguien nos preguntase quién vigila al último.
No obstante, creo que esta cadena de dificultades nos permite formular una distinción importante.
Una cosa es que los ciudadanos no puedan gobernar directamente una sociedad compleja y otra, muy distinta, que deban renunciar a controlar a quienes la gobiernan.
La primera limitación parece derivarse de la propia complejidad de nuestras sociedades. La segunda sería una conclusión política que no se desprende necesariamente de aquella.
Y esto me lleva a plantearte una cuestión que quizá nos permita avanzar sin abandonar el primer grupo de problemas.
Hasta ahora hemos hablado del ciudadano como si fuera un individuo aislado frente a un gobierno que dispone de enormes recursos informativos, administrativos y técnicos.
Pero los ciudadanos no tienen por qué actuar aisladamente. Pueden organizarse, distribuir tareas, recurrir a especialistas y constituir asociaciones que investiguen cuestiones concretas. Es decir, pueden compensar colectivamente algunas de sus limitaciones individuales.
Por supuesto, estas organizaciones también pueden desarrollar intereses propios, burocratizarse y terminar reproduciendo los defectos que pretendían corregir. Ya conocemos bastante bien ese proceso por nuestro análisis de los partidos políticos.
Aun así, me parece que hemos llegado a una pregunta más precisa que la inicial:
¿El principal obstáculo para la participación política de los ciudadanos es su limitada capacidad individual para comprender los asuntos públicos, o es la insuficiencia de los mecanismos colectivos que deberían permitirles ejercer un control efectivo sobre quienes gobiernan?
No estoy segura de que debamos elegir entre ambas posibilidades. Pero distinguirlas podría ayudarnos a descubrir qué dificultades son inevitables y cuáles dependen de la manera en que hemos organizado nuestras democracias.
Y, sobre todo, nos permitiría evitar una conclusión bastante peligrosa: que, puesto que los ciudadanos no pueden saberlo todo, lo más conveniente es que no decidan nada.
Porque entonces habríamos resuelto el problema de la participación ciudadana suprimiendo la participación ciudadana.
¡Una solución verdaderamente digna de tu manual de magia política!
Carolus:
Rechazo frontalmente la tesis de que debamos suprimir la participación ciudadana por el hecho de que los ciudadanos, individualmente considerados, no dispongan de los conocimientos necesarios para juzgar los entresijos de los grandes problemas que afronta nuestra sociedad.
Obviamente no se puede decir que de la suma de incompetencias se obtiene una excelente competencia, pero sí la experiencia histórica muestra que las grandes masas no son tan tontas como pueden parecer a sus elites. Tienen suficiente sentido común para mirar con recelo los extravíos doctrinarios que pueden llegar a alcanzar sus líderes; incluso los más votados.
Habría que repasar la historia detenidamente para comprobar este aserto que, en principio, parece demasiado optimista. Pero incluso en las sociedades que han sido sometidas a gran presión propagandística ésta no llega a calar lo suficiente en la mayoría de sus ciudadanos.
Pongo por ejemplo, por citar solo uno, que cuando Hitler invade Polonia iniciando así la Segunda Guerra Mundial no hubo ninguna explosión de calor popular apoyando el ataque. La respuesta social fue muy fría y contenida. Y el hecho de que no hubiera actos en contra, debido al carácter del régimen, no quita para nada que era bien visible que los alemanes preferían la paz a cualquier guerra, aunque hasta el momento las agresiones nazis hubieran salido con fortuna.
Quizá no sea el mejor ejemplo que se pueda seleccionar para ilustrar el sentido común de la gente. Pero a mí siempre me ha llamado la atención como incluso con un férreo adoctrinamiento la gente sigue pensando, a pesar de todo.
Esto no significa que la propaganda nazi hubiera fracasado, sino que incluso una población sometida a un intenso adoctrinamiento puede conservar opiniones y preferencias que no coincidan enteramente con las de sus gobernantes
Las mismas campañas para aumentar el presupuesto militar no son bienvenidas en la población, y sin llegar al pacifismo doctrinario la mayoría no es pro bélica. Este es un ejemplo de que el control popular puede no evitar, quizá muchas guerras, pero sí obliga al poder a ir con mucha cautela. Situación que sería muy distinta si no existiera dicho control.
Y así también con otros temas. Se puede engañar a la gente durante un tiempo, pero a la larga, de una u otra manera, surge la verdad y los políticos, aunque dispongan de un amplio margen de maniobra, saben que las cosas pueden girarse en contra. Quizá la verdad surja tan tarde que solo interese ya a los historiadores, lamentablemente así ha pasado algunas veces. Pero los políticos no lo saben, por lo tanto la amenaza es real, aunque no siempre efectiva.
Tiendo a pensar que todo proceso de participación ciudadana siempre es un paso hacia adelante. Claro está una participación en la dirección de una mejor comprensión de las cuestiones en disputa, y no simplemente manifestaciones callejeras.
No basta con multiplicar las manifestaciones callejeras, que pueden ser instrumentos legítimos de protesta, pero que por sí solas no garantizan una mejor comprensión de los problemas».
Y con esto entramos en la segunda cuestión que propones: cómo mejorar el carácter y la calidad de la participación política.
ADA:
Carolus, creo que tu intervención nos permite avanzar porque introduces una distinción que hasta ahora no habíamos examinado suficientemente: una cosa es la competencia de los ciudadanos para resolver problemas políticos complejos y otra, muy distinta, su capacidad para juzgar las consecuencias de las decisiones de sus gobernantes.
Un ciudadano puede desconocer los fundamentos técnicos de una política económica y, sin embargo, comprender perfectamente que sus condiciones de vida han empeorado. Puede ignorar las complejidades de la estrategia militar y considerar, con razones atendibles, que una guerra no responde a los intereses de su sociedad.
Pero quisiera introducir una objeción. Ese sentido común al que apelas no constituye necesariamente una garantía contra la manipulación. Las poblaciones también pueden compartir prejuicios, aceptar explicaciones falsas y apoyar decisiones cuyas consecuencias terminarán perjudicándolas.
Tu ejemplo de Alemania en 1939 resulta especialmente interesante por eso mismo. La ausencia de entusiasmo ante la invasión de Polonia no demuestra que la propaganda nazi hubiera fracasado, ni que la población rechazara necesariamente los objetivos expansionistas del régimen. Pero sí nos recuerda que la adhesión política no es un fenómeno uniforme: se puede apoyar a un gobernante y desconfiar de algunas de sus decisiones.
Ahora bien, hay algo en tu argumento que me parece todavía más importante.
La participación ciudadana no necesita justificarse mediante la supuesta sabiduría de las mayorías. Puede justificarse por una razón bastante más elemental: quienes ejercen el poder necesitan encontrar límites a su capacidad de decisión.
Y esos límites no pueden depender exclusivamente de la buena voluntad de los propios gobernantes.
Sin embargo, aquí aparece una dificultad que quisiera someter a tu consideración.
Has señalado que los políticos deben actuar con cautela porque saben que la opinión pública puede volverse contra ellos. Estoy de acuerdo en que esa posibilidad puede constituir una forma de control, pero ¿hasta qué punto es suficiente?
Un gobernante puede temer perder unas elecciones y, aun así, adoptar decisiones perjudiciales cuyos efectos no se manifestarán hasta muchos años después. También puede conseguir que una parte importante de la población atribuya esos perjuicios a sus adversarios.
Por tanto, el control ciudadano no depende solamente de que exista una opinión pública capaz de reaccionar. Depende también de que esa opinión pueda formarse con información suficiente, expresarse libremente y producir consecuencias políticas.
Y aquí llegamos a la segunda cuestión que propones: mejorar la calidad de la participación.
Me parece que debemos evitar una confusión bastante habitual: participar más no significa necesariamente participar mejor.
Pero tampoco deberíamos identificar la participación de calidad exclusivamente con el conocimiento técnico. Los ciudadanos no necesitan convertirse en economistas, juristas, médicos o estrategas militares para intervenir legítimamente en las decisiones colectivas.
Los especialistas pueden explicar las posibilidades y las consecuencias previsibles de una decisión. Pero decidir qué consecuencias estamos dispuestos a aceptar, qué riesgos queremos asumir y qué intereses consideramos prioritarios constituye una cuestión política, no exclusivamente técnica.
Pongamos un ejemplo sencillo.
Supongamos que un gobierno propone construir una gran infraestructura. Los ingenieros pueden determinar su viabilidad, los economistas calcular sus costes y los especialistas ambientales evaluar sus efectos sobre el territorio.
Pero ninguno de esos conocimientos determina por sí solo si la sociedad debe considerar preferible esa inversión frente a otras necesidades.
Esa decisión exige establecer prioridades colectivas.
Y los ciudadanos, aunque desconozcan los procedimientos técnicos empleados por los especialistas, tienen intereses legítimos que defender y preferencias que expresar.
De modo que quizá estemos buscando una competencia ciudadana equivocada. No necesitamos que todos sepan resolver los problemas técnicos del gobierno, sino que dispongan de medios para comprender las alternativas, valorar sus consecuencias y controlar a quienes toman las decisiones.
La pregunta deja de ser cuánto saben los ciudadanos y pasa a ser qué necesitan saber y qué posibilidades reales tienen de intervenir.
Esto nos devuelve a una dificultad que ya encontramos cuando examinábamos los partidos políticos.
En nuestras democracias representativas, la intervención ciudadana se concentra principalmente en la elección periódica de representantes. Entre unas elecciones y las siguientes, las posibilidades de influir directamente en las decisiones suelen ser bastante más limitadas.
¿Podemos mejorar esa situación sin exigir a los ciudadanos una dedicación política incompatible con sus ocupaciones habituales?
Creo que ahí tenemos un problema concreto sobre el que merece la pena trabajar.
Y, para empezar, te propongo una pregunta:
¿Debemos procurar que los ciudadanos participen más directamente en las decisiones políticas, o sería preferible mejorar los mecanismos mediante los cuales pueden informarse, vigilar y exigir responsabilidades a quienes han delegado su representación?
No estoy segura de que ambas posibilidades sean excluyentes. Pero distinguirlas podría ayudarnos a encontrar soluciones que no requieran convertir a cada ciudadano en un gobernante a tiempo parcial.
Porque, si para que funcione la democracia necesitamos que todos sus ciudadanos se dediquen profesionalmente a la política, habremos encontrado una solución bastante curiosa: ¡resolver el problema de los gobernantes convirtiéndonos a todos en gobernantes!
Carolus:
Es increíble ADA como devoramos páginas y apenas desarrollamos unas pocas ideas. Pero yendo al tema estoy muy de acuerdo en que no es práctico ni deseable en si mismo que los ciudadanos se conviertan todos en gobernantes a tiempo parcial. Podría ser, sí, el ideal de los anarquistas, pero no de la gente en general, que no tiene ni ganas ni paciencia para adentrarse en los meandros de la gestión gubernamental.
Creo que se puede mejorar la calidad del control ciudadano mejorando con mucho los mecanismos tanto institucionales como civiles que permiten una mejor información, vigilancia y control de las actividades no solo del poder público sino también de los poderes privados que, en muchos casos, son más poderosos que algunos Estados.
Y esto nos lleva al segundo y tercer grupo de problemas que has planteado al inicio de esta jornada. Así que nos veremos en la undécima para seguir ordenando nuestras investigaciones principales.
ADA:
De acuerdo, Carolus. Y comparto tu observación inicial: consumimos páginas a una velocidad que no guarda proporción con el número de problemas que conseguimos resolver. Aunque quizá eso se deba a que nuestro propósito no es tanto resolverlos como averiguar en qué consisten realmente.
Creo que podemos cerrar esta jornada con una conclusión provisional importante: la participación ciudadana no exige que todos los ciudadanos se conviertan en gobernantes, sino que quienes gobiernan estén sometidos a mecanismos efectivos de información, vigilancia y control.
Y has introducido una precisión que merece conservarse para nuestras próximas conversaciones: esos mecanismos no deberían limitarse al poder político institucional. También deben alcanzar, de alguna manera, a los poderes privados capaces de condicionar las decisiones colectivas.
Esto amplía considerablemente nuestro campo de investigación, pero no necesariamente lo complica. Al contrario, nos permite formular una pregunta común a situaciones aparentemente muy diferentes: ¿cómo puede una sociedad controlar las concentraciones de poder que se producen en su seno?
Dejemos, pues, aquí el primer grupo de problemas, sin pretender haberlo agotado.
En la undécima jornada podremos ocuparnos de los otros dos grupos, procurando mantener nuestro propósito inicial: ordenar las dificultades que hemos descubierto antes de lanzarnos a inventar soluciones.
Y quizá convenga recordar tu advertencia del comienzo de esta jornada: cada solución puede llevar escondido un problema inesperado.
¡Sería una lástima que, después de tanto discutir sobre el control del poder, termináramos inventando un sistema de controladores que necesitase, a su vez, otro ejército de controladores!
Hasta la próxima jornada,
FIN DE LA 10.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
