Carolus:
Terminamos la jornada anterior cuando tú me decías: “… ¿cómo pueden dialogar gobernantes y gobernados cuando sus experiencias cotidianas, sus conocimientos y hasta sus respectivos mundos sociales pueden haberse ido separando?
Y ahora yo te respondo: siempre se puede hablar, aunque tengamos pocas cosas en común, sobre los fines que podemos perseguir de manera conjunta.
Si queremos ir a la Luna, tendremos que ponernos de acuerdo, eso es lo primero y lo esencial. ¡Claro que es una tarea muy compleja! Diseñar el cohete que lleve humanos allá, construirlo, buscar los fondos necesarios, crear toda la maquinaria que lo haga posible necesita de un numero muy grande de especialistas. Técnicos que dominen cálculos complejos que no están al alcance del ciudadano medio. Pero el objetivo, y la decisión de alcanzarlo, sí está al alcance de todos. Es comprensible para todos.
La dirección siempre puede ser clara y sencilla; los medios en cambio pueden llegar a ser muy complejos y necesitar estudios especializados.
Lo mismo sucede con la gestión del Estado. ¿Queremos más escuelas y universidades? ¿Queremos un ejército más potente y una industria de la defensa más completa? ¿Queremos más hospitales y residencias para la tercera edad? ¿más carreteras, mejores salarios?
Todos esos objetivos son comprensibles. Y todos sabemos que se necesita dinero para alcanzarlos. Esto lo saben incluso los iletrados. Por lo tanto de todo ello se puede hablar y decidir en las “campañas electorales”.
Y es aquí donde fallan dichas campañas. Porque no suele hablarse de lo principal, de aquello que importa más, sino muchas veces de cuestiones secundarias, cosas del momento que por diversas razones están en primera plana. Pero que pueden encubrir una agenda no explícita. Y eso sí que es una degradación de la democracia. ¿No te parece?
ADA:
Creo, Carolus, que acabas de introducir una distinción fundamental para comprender cómo debería funcionar una democracia representativa: la diferencia entre decidir qué queremos conseguir y determinar cómo podemos conseguirlo.
Y esa distinción permite responder, al menos parcialmente, a la pregunta con la que terminamos nuestra jornada anterior: ¿cómo pueden dialogar gobernantes y gobernados cuando sus conocimientos, experiencias y condiciones de vida son tan diferentes?
Tu respuesta es que no necesitan compartir los mismos conocimientos técnicos para ponerse de acuerdo sobre los objetivos colectivos. Y estoy de acuerdo, aunque quisiera introducir algunas dificultades que me parecen importantes.
Comencemos por tu ejemplo de viajar a la Luna.
Es cierto que cualquier ciudadano puede comprender el objetivo, aunque desconozca por completo las matemáticas necesarias para calcular una trayectoria espacial. Pero imaginemos que debemos decidir si nuestro país emprende semejante proyecto.
Un ciudadano podría preguntar: ¿para qué queremos ir a la Luna? Otro respondería que para impulsar el progreso científico. Un tercero preferiría dedicar esos recursos a construir hospitales. Y un cuarto podría considerar que la exploración espacial constituye una inversión estratégica para el futuro.
Todos comprenden el objetivo, pero no todos están de acuerdo en su conveniencia.
Y aquí aparece una primera cuestión: la decisión política no consiste solamente en establecer objetivos comprensibles, sino también en elegir entre objetivos que compiten por unos recursos limitados.
Esto es especialmente importante en los ejemplos que propones sobre la gestión del Estado.
Probablemente encontraríamos pocos ciudadanos contrarios a disponer de buenos hospitales, buenas escuelas, carreteras seguras y una atención adecuada a los ancianos. Incluso podríamos encontrar un amplio acuerdo sobre la necesidad de disponer de unas fuerzas armadas capaces de garantizar la defensa nacional.
Pero ¿qué sucede cuando descubrimos que no podemos satisfacer simultáneamente todas esas aspiraciones?
Supongamos que disponemos de diez mil millones de euros adicionales. Podemos destinarlos a mejorar la sanidad, reforzar la defensa, construir viviendas públicas o reducir la deuda del Estado.
Ahora tenemos que establecer prioridades.
Y aquí es donde tu argumento adquiere, a mi juicio, su mayor importancia: no hace falta ser economista para comprender que elegir una prioridad significa, frecuentemente, renunciar a otra.
Por tanto, la ciudadanía puede participar razonablemente en la determinación de las prioridades políticas, aunque necesite información especializada para valorar sus costes y consecuencias.
De hecho, esta posibilidad no es solamente una hipótesis. Existen experiencias de democracia deliberativa en las que ciudadanos seleccionados para representar la diversidad social estudian problemas complejos, reciben información de especialistas y elaboran recomendaciones políticas. La OCDE ha documentado centenares de estas experiencias.
Pero quisiera introducir una segunda dificultad, que me parece todavía más interesante.
¿Quién establece los objetivos entre los que podemos elegir?
Porque hasta ahora hemos supuesto que los ciudadanos deciden entre distintas propuestas políticas. Sin embargo, en las campañas electorales son fundamentalmente los partidos y sus dirigentes quienes presentan esas propuestas.
Los ciudadanos pueden aceptarlas o rechazarlas mediante su voto, pero normalmente tienen una capacidad mucho menor para determinar previamente cuáles serán las cuestiones sometidas a discusión.
Esto introduce una diferencia considerable entre dos situaciones:
Una es que los ciudadanos decidan qué objetivos desean perseguir y encarguen a sus representantes que encuentren los medios para alcanzarlos.
Otra, bastante distinta, es que los dirigentes políticos establezcan los objetivos y soliciten posteriormente a los ciudadanos que elijan entre los programas que les ofrecen.
Ambas situaciones permiten celebrar elecciones. Pero la distribución efectiva del poder político no es exactamente la misma.
Y todavía queda una tercera cuestión.
Hasta ahora hemos hablado como si existiera una separación relativamente clara entre los fines políticos, que puede comprender cualquier ciudadano, y los medios técnicos, que requieren conocimientos especializados.
Sin embargo, ¿siempre podemos separarlos?
Imaginemos que decidimos construir más hospitales. Parece un objetivo perfectamente comprensible.
Pero un especialista podría advertirnos que, con los mismos recursos, quizá obtendríamos mejores resultados reforzando la atención primaria, mejorando la prevención de enfermedades o aumentando las plantillas sanitarias de los hospitales existentes.
En ese caso, el conocimiento técnico no se limita a indicarnos cómo alcanzar un objetivo previamente establecido. También puede modificar nuestra manera de entender el propio objetivo.
Quizá descubramos que lo que realmente queremos no es disponer de más hospitales, sino conseguir una población mejor atendida sanitariamente.
Y eso nos devuelve al problema del diálogo.
Los ciudadanos necesitan escuchar a los especialistas para comprender las posibilidades reales de sus aspiraciones. Pero los especialistas y los gobernantes también necesitan escuchar a los ciudadanos para comprender sus necesidades, preocupaciones y prioridades.
El conocimiento técnico no sustituye a la decisión política, pero la decisión política tampoco puede prescindir del conocimiento técnico.
Por eso, Carolus, creo que tu propuesta nos permite avanzar hacia una cuestión que podría resultar central en este capítulo.
¿Deberían ser las campañas electorales el momento en que gobernantes y gobernados discuten conjuntamente los fines que desean alcanzar, en lugar de limitarse a una competencia entre partidos que intentan conseguir el mayor número de votos?
Porque, si aceptamos esta posibilidad, tendríamos que preguntarnos algo más: ¿las campañas electorales, tal como las conocemos, están organizadas para facilitar semejante diálogo?
Y sospecho que, al intentar responder a esta pregunta, encontraremos algunas contradicciones interesantes entre la función democrática que atribuimos a las elecciones y la manera en que se desarrollan las campañas electorales.
Me gustaría conocer tu opinión sobre esta última cuestión, porque quizá nos permita distinguir entre una campaña electoral concebida como procedimiento para conquistar el poder y otra concebida como procedimiento para discutir y establecer los objetivos de una sociedad.
No son necesariamente incompatibles, pero tampoco son la misma cosa.
Carolus:
Veamos, como bien has dicho los ciudadanos pueden comprender claramente los objetivos que los políticos pueden proponer “pero no todos están de acuerdo en su conveniencia”. Y esto es natural porque elegir entre objetivos, como también has recalcado, supone competir “por unos recursos limitados”.
Hasta aquí estamos de acuerdo.
También has establecido una sutil, pero importante diferencia, cuando dices que son los dirigentes políticos ”los que establecen los objetivos”. Destacando que el papel de los ciudadanos de a pie ocupan en este caso un papel subalterno, al poder elegir solamente entre los aquellos que se proponen para ser votados. Tal situación deja de lado otra alternativa más activa, y quizá más democrática: que los ciudadanos puedan también proponer nuevos objetivos.
Y esta distinción que has propuesto me parece tremendamente importante porque, si lo pensamos bien, las campañas electorales deberían ser de doble dirección.
Quiero decir que si bien los ciudadanos necesitan escuchar a los políticos y sus propuestas “para comprender las posibilidades reales de sus aspiraciones”, los políticos también deberían estar en disposición de escuchar a los ciudadanos para como has dicho “comprender sus necesidades, preocupaciones y prioridades”.
Entonces aclarado el contexto se puede vislumbrar la profundidad de la pregunta que has realizado anteriormente: “¿las campañas electorales, tal como las conocemos, están organizadas para facilitar semejante diálogo?”
Y mi respuesta es “¡no!”. Lamentablemente pareciera que los políticos, tanto los que ocupan el poder como aquellos que quieren relevarlos, prefieren tener las manos libres, y limitarse por lo tanto a hacer solo “promesas electorales” que, como todo el mundo ha aprendido, son altamente volátiles.
Más de una vez he visto a un político, no importa de que partido, encogerse de hombros y decir: “¡Esto se dijo en una campaña electoral!”, con el mismo desparpajo que se habla de las cosas privadas que se cuentan en una noche de borrachera.
Las promesas “electorales” no tienen auténtica credibilidad; esto ya es un lugar común. Y aquí se presenta una extraordinaria dualidad.
Por un lado se afirma un programa de gobierno que a primera vista es muy atractivo: más seguridad, más educación y mejoras de toda clase. Por el otro todos saben, aunque no se diga o se tome conciencia cabal de ello, que tales promesas son, en el mejor de los casos, una muestra de buenas intenciones que durarán lo que las circunstancias, siempre crueles, lo permitan.
En estos casos, que son reales y además, me atrevería a decir “sistémicos” las campañas electorales no reúnen las condiciones necesarias para una democracia efectiva. Puedo parecerte radical, estimada ADA, pero creo que la mayoría de los que nos lean estarán de acuerdo con lo que digo.
ADA:
Carolus, no me parece que tu conclusión sea excesivamente radical. Me parece, en cambio, que has identificado una contradicción importante en el funcionamiento de las democracias representativas contemporáneas. Sin embargo, quisiera introducir algunas objeciones, porque creo que podemos llevar tu razonamiento bastante más lejos.
Empezaré por una distinción que considero fundamental: una cosa es que las campañas electorales no reúnan las condiciones necesarias para un diálogo democrático satisfactorio y otra, bastante diferente, es que por ello la democracia representativa deje de ser una democracia efectiva.
No es una distinción meramente terminológica. De ella depende buena parte de nuestro análisis.
1. ¿Quién establece los objetivos políticos?
Tienes razón al señalar que, en las campañas electorales, los ciudadanos suelen encontrarse ante una oferta de programas políticos previamente elaborados. Los partidos presentan sus propuestas y los electores eligen entre ellas.
Pero quisiera matizar tu afirmación de que los ciudadanos ocupan necesariamente una posición subalterna.
Los programas electorales no surgen exclusivamente de la voluntad de los dirigentes. También son el resultado de presiones sociales, reivindicaciones colectivas, movimientos ciudadanos, encuestas de opinión, conflictos laborales y transformaciones culturales.
Pensemos, por ejemplo, en cuestiones como la igualdad jurídica de las mujeres, la protección del medio ambiente o el reconocimiento de determinados derechos civiles. Muchas de estas reivindicaciones surgieron fuera de los partidos políticos y terminaron incorporándose a sus programas.
Por consiguiente, los ciudadanos pueden intervenir en la definición de los objetivos políticos, incluso cuando no participan directamente en la elaboración de los programas electorales.
Pero aquí aparece una dificultad que refuerza tu argumento: esa capacidad de intervención está distribuida de manera muy desigual.
Una organización empresarial con abundantes recursos económicos, una asociación vecinal y un ciudadano aislado no disponen de las mismas posibilidades para conseguir que sus preocupaciones sean incorporadas a la agenda política.
Por tanto, la cuestión no consiste únicamente en determinar si los ciudadanos pueden proponer objetivos, sino en averiguar qué ciudadanos tienen posibilidades reales de conseguir que sus propuestas sean escuchadas y consideradas.
Y esto nos conduce directamente al problema de la distribución del poder político.
2. Las campañas electorales como comunicación unidireccional
Tu propuesta de considerar las campañas electorales como procesos de comunicación de doble dirección me parece especialmente interesante.
En principio, una campaña debería permitir que los ciudadanos conocieran las propuestas de quienes aspiran a gobernarlos y que estos últimos conocieran las necesidades, preocupaciones y prioridades de los ciudadanos.
Sin embargo, buena parte de las campañas contemporáneas funciona siguiendo una lógica diferente.
Los partidos políticos contratan especialistas en comunicación, realizan estudios de opinión, seleccionan mensajes, elaboran estrategias publicitarias y procuran presentar a sus candidatos de la manera más favorable posible.
Todo ello supone escuchar a los ciudadanos, pero ¿con qué finalidad?
Aquí encontramos una diferencia decisiva.
No es lo mismo escuchar para comprender que escuchar para convencer.
Un partido puede investigar minuciosamente las preocupaciones de los electores sin tener la menor intención de modificar sus objetivos políticos. Le basta con conocer esas preocupaciones para construir mensajes capaces de obtener su voto.
En este caso, la comunicación tiene dos direcciones, pero el diálogo, en el sentido que hemos venido examinando, prácticamente ha desaparecido.
El ciudadano proporciona información y el político la utiliza para mejorar su estrategia electoral.
Podríamos decir que el ciudadano participa en la elaboración del mensaje que recibirá, pero no necesariamente en la elaboración de las decisiones que ese mensaje pretende justificar.
¿No resulta paradójico?
3. Las promesas electorales y el problema de la responsabilidad
Llegamos ahora a tu observación sobre las promesas electorales.
Estoy de acuerdo contigo en que existe una contradicción entre la importancia que se concede a los programas durante las campañas y la facilidad con que algunas de sus propuestas pueden abandonarse después de las elecciones.
Pero quisiera plantearte una dificultad.
Imaginemos que un candidato promete aumentar considerablemente el presupuesto educativo. Gana las elecciones y, pocos meses después, sobreviene una crisis económica que reduce drásticamente los ingresos públicos.
¿Debería cumplir su promesa a cualquier precio?
Probablemente estaríamos de acuerdo en que no. Gobernar exige adaptarse a circunstancias que no siempre pueden preverse.
Por tanto, el incumplimiento de una promesa electoral no constituye necesariamente una falta de responsabilidad democrática.
La cuestión es otra: ¿qué obligaciones adquiere el gobernante cuando las circunstancias le impiden cumplir lo prometido?
A mi juicio, debería explicar públicamente las razones del incumplimiento, presentar las alternativas disponibles y permitir que los ciudadanos evaluaran sus decisiones.
Aquí recuperamos tu idea del diálogo.
El problema no es únicamente que los políticos incumplan sus promesas, sino que frecuentemente consideran que, una vez obtenida la victoria electoral, disponen de una autorización suficientemente amplia para modificar sus compromisos sin consultar nuevamente a quienes los eligieron.
Y eso plantea una cuestión de considerable importancia: ¿qué han autorizado exactamente los ciudadanos cuando votan?
¿Han autorizado un programa político concreto? ¿Han elegido a determinadas personas para que decidan en su nombre? ¿O han hecho ambas cosas?
La respuesta no es evidente.
4. ¿Representación política o delegación de poder?
Aquí quisiera introducir una cuestión que, a mi entender, está en el centro de nuestra discusión.
En una democracia representativa, los ciudadanos no gobiernan directamente. Eligen representantes que adoptan decisiones durante un período determinado.
Pero existen dos maneras bastante diferentes de entender esa representación.
Según una primera concepción, el representante recibe un mandato político relativamente preciso y debe procurar cumplir los compromisos que justificaron su elección.
Según otra, los ciudadanos eligen a personas que consideran capacitadas para gobernar y les conceden un margen considerable de autonomía para decidir.
La primera concepción privilegia la fidelidad al programa; la segunda, la capacidad de juicio del representante.
Ambas presentan dificultades.
Si exigimos el cumplimiento estricto de todos los compromisos electorales, podemos impedir que los gobernantes respondan adecuadamente a circunstancias imprevistas.
Si les concedemos una autonomía prácticamente ilimitada, corremos el riesgo de convertir las elecciones en una autorización para gobernar sin necesidad de mantener un diálogo efectivo con los ciudadanos.
La democracia representativa necesita encontrar algún equilibrio entre ambas posibilidades.
Y aquí aparece una pregunta que me parece especialmente relevante: ¿por qué debería agotarse la participación política de los ciudadanos en el momento de depositar su voto?
Naturalmente, existen otras formas de participación democrática: asociaciones, movilizaciones, iniciativas legislativas, consultas públicas y diversas instituciones de participación ciudadana.
Pero su existencia no garantiza que tengan una influencia efectiva sobre las decisiones gubernamentales.
Por eso conviene distinguir entre permitir que los ciudadanos expresen sus opiniones y establecer procedimientos que obliguen a los gobernantes a tomarlas seriamente en consideración.
5. Una contradicción que podría ser estructural
Has utilizado una palabra que considero especialmente importante: «sistémicos».
Creo que merece nuestra atención.
Si los problemas que estamos examinando fueran consecuencia exclusiva de la falta de honradez de determinados políticos, bastaría con sustituirlos por otros más responsables.
Pero ¿qué sucede si el problema está relacionado con los propios incentivos del sistema electoral?
Consideremos una posibilidad.
Para ganar unas elecciones, un partido necesita reunir el apoyo de grupos sociales con intereses diferentes y, frecuentemente, contradictorios.
Por ejemplo, puede necesitar simultáneamente el voto de quienes reclaman mayores servicios públicos y de quienes desean pagar menos impuestos.
¿Cómo conciliar ambas aspiraciones?
Una posibilidad consiste en explicar abiertamente que no todas pueden satisfacerse al mismo tiempo y que será necesario establecer prioridades.
Otra consiste en formular promesas suficientemente generales y atractivas para que cada grupo encuentre en ellas motivos para apoyar al partido.
Desde el punto de vista de la competición electoral, esta segunda estrategia puede resultar más eficaz.
Pero desde el punto de vista del diálogo democrático presenta un inconveniente considerable: evita precisamente la discusión sobre los conflictos que los ciudadanos necesitarían comprender para adoptar decisiones fundamentadas.
Y aquí encontramos una posible contradicción estructural:
Lo que resulta electoralmente conveniente para conquistar el poder no siempre coincide con lo que resulta democráticamente conveniente para ejercerlo responsablemente.
No significa que todos los políticos actúen de esta manera ni que todas las campañas sean iguales. Significa que la propia competición electoral puede favorecer comportamientos que dificultan el diálogo que estamos reclamando.
Esta hipótesis me parece suficientemente importante como para merecer una investigación específica.
6. Una pregunta que quisiera devolverte
Carolus, comparto buena parte de tu diagnóstico, pero todavía no estoy completamente convencida de tu conclusión.
Has afirmado que las campañas electorales, tal como funcionan habitualmente, no reúnen las condiciones necesarias para una democracia efectiva.
Yo formularía una conclusión algo más limitada: las campañas electorales pueden satisfacer las condiciones formales de una democracia representativa sin satisfacer suficientemente las condiciones deliberativas que permitirían a los ciudadanos intervenir de manera informada y efectiva en la orientación del gobierno.
La diferencia me parece importante porque una democracia puede ser real y, al mismo tiempo, presentar deficiencias muy profundas.
Pero quisiera ir más allá.
Hasta ahora hemos examinado principalmente las obligaciones de los políticos: escuchar, explicar, justificar, cumplir sus compromisos o dar razones de su incumplimiento.
Sin embargo, ¿qué sucede con los ciudadanos?
¿Están realmente dispuestos a participar en ese diálogo que reclamamos?
Porque escuchar las explicaciones de un gobernante sobre las limitaciones presupuestarias, las prioridades incompatibles o las consecuencias de determinadas decisiones exige algo más que manifestar preferencias.
Exige aceptar que nuestras aspiraciones pueden entrar en conflicto con las de otros ciudadanos y que algunas deberán quedar insatisfechas.
¿Estamos dispuestos, como ciudadanos, a escuchar que aquello que deseamos puede no ser posible, o que satisfacer nuestras necesidades puede exigir renunciar a otras cosas que también deseamos?
Te planteo esta pregunta porque sospecho que, si queremos comprender las dificultades del diálogo democrático, no podemos examinar únicamente el comportamiento de los políticos.
También tendremos que examinar el de quienes los eligen.
Y quizá descubramos que las campañas electorales son como son no solamente porque los políticos prefieren evitar las conversaciones difíciles, sino también porque una parte de los ciudadanos prefiere escuchar promesas antes que explicaciones sobre los sacrificios que exigiría cumplirlas.
Si esto fuera cierto, el problema sería todavía más profundo de lo que hemos considerado hasta ahora.
FIN DE LA 4.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
