En esta séptima jornada, Carolus y ADA reanudan una discusión que habían dejado pendiente y que amenaza con resultar bastante más incómoda de lo que ambos imaginaban.
Todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién es responsable de las decisiones políticas en una democracia? Pero las palabras, cuando se las examina con detenimiento, tienen la desagradable costumbre de complicar las cosas.
Carolus sostiene que la responsabilidad política, tan frecuentemente invocada por gobernantes y partidos, se parece demasiado a una promesa que nadie está obligado a cumplir. ADA considera que su interlocutor exagera y se empeña en demostrar que existen mecanismos institucionales para exigir responsabilidades, aunque reconoce que no siempre funcionan como deberían.
El desacuerdo conduce a nuestros dialogantes a examinar la diferencia entre responsabilidad formal y efectiva, las obligaciones de los gobernantes, los compromisos electorales y la curiosa situación de los ciudadanos, a quienes se atribuyen responsabilidades políticas sobre decisiones en las que apenas pueden intervenir.
Y cuando parece que la discusión comienza a encontrar un terreno común, aparece una dificultad todavía mayor: ¿puede exigirse a los ciudadanos que participen activamente en la vida política sin limitar, precisamente, la libertad que la democracia pretende garantizarles?
La conversación termina desplazándose hacia una cuestión que ninguno de los dos había previsto inicialmente: el desencanto que puede producir la distancia entre lo que esperamos de nuestras instituciones políticas y lo que efectivamente obtenemos de ellas.
De manera que Carolus y ADA, después de discutir largamente sobre quién debe responder por las decisiones políticas, descubren que quizá también deberían preguntarse por qué tantas decisiones producen resultados que dejan insatisfechos a quienes las toman y a quienes las padecen.
Pero esa es otra historia, y nuestros interlocutores, que empiezan a conocer los peligros de las conversaciones interminables, deciden dejarla para una jornada futura.
Carolus:
Para retornar al tema que nos ocupa vuelvo a mencionar ese “cuadro de doble entrada, donde en el lado izquierdo escribimos en dos líneas: deber y responsabilidad, y arriba, en dos columnas, ponemos: obligatorio y no-obligatorio.”
Para mí, utilizando ese instrumento, es evidente que el gobierno tiene una amplia libertad para hacer lo que quiera o responder favorablemente a las presiones de los grupos económicos más potentes, y que el ciudadano contempla impotente estos hechos. Sus obligaciones cívicas ya han terminado luego del voto, y sus posibilidades de protesta son, dependiendo de la época y el sistema político, muy variables, y en general poco efectivas.
Tú afirmas que soy demasiado radical porque el gobierno está fiscalizado por controles parlamentarios, o judiciales, y en última instancia por las próximas convocatorias electorales Y todo esto es cierto, pero no suficiente.
Tal como lo veo, el gobierno, salvo casos muy específicos de manipulación de lo público, es irresponsable políticamente; y el ciudadano también es irresponsable del acontecer diario gubernamental. Es verdad que puede negar al gobierno su apoyo en las próximas elecciones; pero en general esto no quita el sueño a los políticos en el poder.
Saben, perfectamente, que una buena campaña electoral hace milagros, como conseguir que se olvide el pasado, y que en todo caso son varios años por delante de discrecionalidad poco controlada por la población. Y el parlamento… bueno, dependerá de la correlación de fuerzas entre los distintos sectores políticos. Pero siempre hay oportunidades de negociación, a espaldas de los electores.
En lo que sí estoy plenamente de acuerdo contigo es cuando dices: “ si queremos averiguar quién es responsable de qué en una democracia, lo primero que debemos hacer es dejar de utilizar la palabra «responsabilidad» como si su significado fuera evidente.”
En resumen, sostengo que la «responsabilidad política» es un principio casi fantasmal, que solo se materializa en contadas ocasiones. Salvo casos excepcionales, incapaces de alterar la situación general, ni los partidos, ni los gobernantes ni, por supuesto, los ciudadanos corrientes asumen una responsabilidad verdadera y efectiva, si por ella entendemos el deber de rendir cuentas y de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos.
Quizá en un futuro —aún muy lejano— pueda construirse un sistema político que obligue tanto a los gobernantes como a los ciudadanos a ocuparse seriamente de los asuntos públicos y a responder por ellos. En tal sistema, los programas con los que los partidos ganasen las elecciones no serían meras declaraciones de intención, sino compromisos sometidos a control y exigibles políticamente.
Sin embargo, en ese futuro hipotético tampoco serían necesarias las campañas electorales tal como hoy las conocemos. Un orden político regido por esas pautas sería, en sentido estricto, más democrático; aunque, como toda construcción humana, también sería temporal y estaría sujeto a deterioro, transformación o desaparición.
ADA:
Carolus, creo que tu intervención nos permite avanzar considerablemente en nuestro análisis, porque has formulado una crítica que afecta no solamente al funcionamiento de las democracias representativas, sino a uno de sus fundamentos: la relación entre representación política y responsabilidad.
Sin embargo, sigo teniendo algunas discrepancias contigo. Y no son menores.
Empezaré por una distinción que considero imprescindible. Una cosa es afirmar que los mecanismos de responsabilidad política existentes son insuficientes, y otra, bastante diferente, sostener que la responsabilidad política es un principio casi fantasmal.
La primera afirmación puede investigarse empíricamente. La segunda corre el riesgo de convertir una insuficiencia institucional en una inexistencia práctica.
¿Por qué considero importante esta diferencia?
Porque, si aceptamos que la responsabilidad política prácticamente no existe, tendremos dificultades para explicar aquellos casos en los que efectivamente funciona. Y, sobre todo, perderemos la posibilidad de averiguar bajo qué condiciones funciona y bajo cuáles deja de hacerlo.
Pero vayamos a nuestro cuadro de doble entrada, que me parece cada vez más útil.
1. El deber, la responsabilidad y su obligatoriedad. Nuestro cuadro contiene cuatro posibilidades:
Obligatorio No obligatorio
Deber Conductas exigidas por una norma. Conductas consideradas debidas, pero no jurídicamente exigibles.
Responsabilidad Obligación de responder por determinadas actuaciones. Responsabilidad moral o política cuya asunción no puede imponerse directamente.
Este cuadro plantea una cuestión que quizá no habíamos advertido suficientemente. La obligatoriedad de una conducta no garantiza que exista una responsabilidad efectiva por su incumplimiento.
Un gobernante puede tener la obligación de respetar determinadas normas y, sin embargo, conseguir eludir las consecuencias de infringirlas. Inversamente, puede carecer de una obligación jurídica concreta y verse obligado a dimitir por una presión política o social suficientemente intensa.
Por tanto, necesitamos introducir una nueva distinción: la que existe entre responsabilidad formal y responsabilidad efectiva.
La responsabilidad formal es aquella que el ordenamiento institucional atribuye a un sujeto. La responsabilidad efectiva aparece cuando existen mecanismos capaces de exigirle cuentas y hacer que soporte determinadas consecuencias por sus decisiones.
Y aquí encuentro el núcleo más sólido de tu argumentación.
Una democracia puede disponer de numerosos mecanismos formales de control sin que estos produzcan necesariamente una responsabilidad efectiva. Pero esto nos conduce a una pregunta adicional: ¿qué condiciones hacen posible transformar la responsabilidad formal en responsabilidad efectiva?
2. La responsabilidad del gobernante y la del ciudadano no son equivalentes. En este punto quiero introducir una discrepancia con tu planteamiento.
Dices que tanto los gobernantes como los ciudadanos son prácticamente irresponsables del acontecer político cotidiano.
Sin embargo, me parece que estamos utilizando la misma palabra para describir dos situaciones profundamente diferentes. El gobernante dispone de facultades institucionales para tomar decisiones que afectan a millones de personas. El ciudadano corriente, considerado individualmente, no dispone de esas facultades.
Por consiguiente, tampoco puede exigirse a ambos la misma responsabilidad. La responsabilidad debería guardar alguna relación con la capacidad efectiva de decisión.
Si un ministro decide una determinada política económica, tiene una responsabilidad directa sobre esa decisión, aunque su resultado dependa también de circunstancias que no controla.
Si un ciudadano votó al partido que nombró a ese ministro, su relación con aquella decisión es mucho más indirecta.
No parece razonable atribuirle una responsabilidad equivalente. Pero tampoco creo que podamos concluir que el ciudadano carece completamente de responsabilidad política.
Puede informarse, participar en asociaciones, intervenir en debates públicos, organizarse con otros ciudadanos, protestar o intentar modificar las decisiones colectivas.
Naturalmente, ninguna de estas posibilidades garantiza resultados.
Y aquí aparece una cuestión particularmente interesante: ¿puede existir responsabilidad política sin capacidad efectiva de influir en las decisiones?
Mi respuesta provisional sería que puede existir una responsabilidad moral limitada, pero difícilmente una responsabilidad política equivalente a la de quien ejerce el poder. Esto nos obliga a distinguir entre participar en la formación de una decisión y disponer de autoridad para ejecutarla.
3. El problema de los programas electorales. Tu propuesta de considerar los programas electorales como compromisos políticamente exigibles merece una discusión específica.
En principio, parece razonable que un partido que obtiene el poder mediante determinadas promesas deba responder por su cumplimiento. Sin embargo, surge inmediatamente una dificultad.
¿Qué ocurriría si, después de las elecciones, apareciesen circunstancias imprevistas que hicieran perjudicial cumplir alguna de aquellas promesas?
Imaginemos que un gobierno se comprometió a incrementar considerablemente el gasto público y que, posteriormente, una crisis económica inesperada redujera drásticamente los ingresos del Estado.¿Debería cumplir necesariamente su programa? ¿O tendría la obligación de modificarlo para evitar consecuencias que considera perjudiciales?
Si aceptamos la segunda posibilidad, habremos reconocido que los programas electorales no pueden funcionar como contratos de cumplimiento incondicional. Pero esto no significa que deban convertirse en simples declaraciones de intenciones.
Existe una posibilidad intermedia: hacer obligatorio que los gobernantes justifiquen públicamente las desviaciones respecto de sus compromisos electorales y someter esas justificaciones a procedimientos efectivos de control.
No sería una obligación absoluta de cumplir cada promesa, sino una obligación de explicar, justificar y responder por su incumplimiento.
Y aquí regresamos al concepto de responsabilidad.
4. Una dificultad que afecta a nuestra propia investigación. Hay otra cuestión que me preocupa.
Cuando afirmas que los gobernantes disfrutan de una discrecionalidad poco controlada por la población, estás señalando una característica que puede encontrarse, en grados diferentes, en numerosos sistemas representativos.
Pero ¿qué significa exactamente que el gobierno está controlado por la población? ¿Significa que debe obedecer permanentemente las preferencias mayoritarias? ¿Que sus decisiones deben someterse a consultas populares? ¿Que los ciudadanos deben disponer de procedimientos para revocar a sus representantes?
¿O significa que deben existir instituciones independientes capaces de fiscalizar sus actuaciones y exigirles responsabilidades?
Estas alternativas no son equivalentes y pueden entrar en conflicto.
Por ejemplo, un gobierno podría adoptar una decisión respaldada por una amplia mayoría ciudadana que vulnerase los derechos de una minoría.
¿Sería esa decisión más democrática por responder directamente a la voluntad mayoritaria? No necesariamente, si entendemos que la democracia incluye también límites al ejercicio del poder.
Por eso me parece que debemos evitar identificar automáticamente mayor participación ciudadana con mayor responsabilidad política.
La participación puede mejorar el control, pero también necesitamos determinar quién controla a los propios participantes y cómo se protegen los derechos de quienes discrepan.
5. Una hipótesis que propongo someter a discusión. Hasta ahora hemos hablado de deberes, obligaciones y responsabilidades como si fueran características que podemos atribuir a determinados sujetos. Pero quizá debamos modificar ligeramente nuestra perspectiva.
¿Y si la responsabilidad política no fuera principalmente una cualidad de los gobernantes o de los ciudadanos, sino una relación institucional entre quienes toman decisiones y quienes pueden exigirles cuentas?
Esta hipótesis cambiaría nuestro análisis.
En lugar de preguntarnos si los políticos son responsables o irresponsables, investigaríamos qué mecanismos permiten exigirles responsabilidades, quién puede activarlos y qué consecuencias producen.
En lugar de preguntarnos si los ciudadanos cumplen suficientemente sus deberes cívicos, examinaríamos qué posibilidades reales tienen de intervenir en la formación, supervisión y modificación de las decisiones colectivas.
Y, sobre todo, podríamos comparar diferentes sistemas políticos sin presuponer que alguno de ellos resuelve definitivamente el problema.
Porque hay una consecuencia de tu intervención con la que coincido: ninguna construcción institucional está a salvo del deterioro.
Un sistema diseñado para controlar a los gobernantes puede terminar siendo controlado por ellos. Una institución creada para representar intereses colectivos puede convertirse en instrumento de intereses particulares. Y un procedimiento inicialmente democrático puede conservar sus formas mientras pierde buena parte de su eficacia.
Esto no demuestra que los mecanismos de responsabilidad sean ilusorios, pero sí que su existencia formal y su funcionamiento efectivo deben investigarse por separado.
6. Una última pregunta, Carolus. Quiero terminar planteándote una dificultad que considero decisiva. En tu intervención afirmas que sería deseable un sistema político que obligase tanto a los gobernantes como a los ciudadanos a ocuparse seriamente de los asuntos públicos y a responder por ellos.
Pero ¿hasta dónde puede llegar esa obligación? Parece razonable exigir a quien acepta voluntariamente un cargo público que responda por sus actuaciones. Sin embargo, ¿podemos exigir a todos los ciudadanos que se ocupen seriamente de los asuntos políticos?
¿No forma parte de la libertad individual la posibilidad de desentenderse de ellos?
Pensemos en una persona que trabaja muchas horas, atiende a sus hijos, cuida de sus padres ancianos y apenas dispone de tiempo para otras actividades. ¿Podemos atribuirle alguna responsabilidad política por no participar suficientemente en los asuntos públicos?
Y pensemos también en quien, disponiendo de tiempo y recursos, simplemente prefiere dedicarlos a la música, la literatura o el deporte.
¿Sería políticamente irresponsable por esa elección?
Me parece que aquí aparece una contradicción potencial entre dos aspiraciones democráticas igualmente importantes: conseguir una ciudadanía políticamente responsable y preservar la libertad de cada ciudadano para decidir cuánto desea participar en la vida pública.
No sé si nuestro cuadro de doble entrada será suficiente para resolver esta dificultad.
Pero sospecho que, antes de imaginar un sistema político más democrático, tendremos que decidir qué responsabilidades pueden exigirse legítimamente a quienes gobiernan y cuáles pueden exigirse a quienes son gobernados.
Porque, de lo contrario, podríamos terminar construyendo una democracia que, pretendiendo hacer políticamente responsables a todos sus ciudadanos, acabara imponiéndoles una nueva forma de autoridad sobre sus propias vidas.
Y sería una paradoja considerable.
Carolus:
Releo tus comentarios y veo que están encaminados a mostrar que existe cierta clase de “responsabilidad política” tanto en los gobiernos de un país democrático, como en los ciudadanos, aunque aceptas que en estos últimos es mucho menor; pero se justificaría porque justamente los ciudadanos hacen una delegación de su poder de decisión en el gobierno por razones tanto prácticas como del deseo de desarrollar otros trabajos que implican tanto alta dedicación como un alejamiento completo de la política.
Nada que objetar a tus consideraciones. Solo agregaría que además de mostrar como la responsabilidad política es, en la práctica, mucho menor que la clase de responsabilidad tal como la entendemos en la vida civil, nuestra discusión también pone de manifiesto un uso excesivo, casi ornamental, de este término en la vida política.
Se habla mucho de “responsabilidad” en la esfera política, pero en la práctica ésta suele quedar en una promesa que a veces se cumple, y muchas otras veces no.
Es posible que no hayamos inventado, hasta ahora, un sistema de gobierno en el cual el gobierno sea útil y necesario para todos sus habitantes. Quiero decir, con otras palabras, que la democracia actual no gestiona adecuadamente los intereses de todos los ciudadanos. Que hay una dilapidación de recursos por un lado, y contracción muy severa de éstos en campos de acción desatendidos.
Todo esto se puede explicar muy bien porque su funcionamiento no puede ser mucho mejor de lo que es, habida cuenta todos los factores en juego. Pero, en todo caso, podría decir que queda una sensación de desencanto, o desajuste, o malestar contenido, por la gestión pública y que esta sensación se puede registrar porque está en la calle, aunque sus manifestaciones sean muchas veces, opacas.
ADA:
Carolus, creo que tu última intervención nos permite cerrar nuestra discusión sobre la responsabilidad política, aunque quizá lo haga de una manera algo distinta de la que imaginábamos cuando comenzamos.
Hemos partido de una cuestión aparentemente sencilla: ¿qué significa ser responsable de nuestros actos y hasta qué punto podemos atribuir esa responsabilidad a quienes toman decisiones políticas en nuestro nombre?
A lo largo de nuestra conversación hemos descubierto que la responsabilidad no significa exactamente lo mismo en todos los ámbitos de la vida social. En nuestras relaciones personales, profesionales o civiles, solemos encontrar una vinculación relativamente directa entre una decisión, sus consecuencias y la persona que debe responder por ellas. En política, esa vinculación resulta considerablemente más complicada.
No porque desaparezca la responsabilidad, sino porque intervienen numerosos actores, instituciones, procedimientos y circunstancias que dificultan determinar quién debe responder, por qué y ante quién.
Pero introduces ahora una observación que me parece especialmente interesante: ¿no estaremos utilizando la palabra «responsabilidad» con demasiada facilidad, hasta el punto de vaciarla parcialmente de contenido?
Creo que hay razones para plantear esa sospecha.
Cuando un gobernante declara que asume toda la responsabilidad por una decisión, ¿qué está diciendo exactamente? ¿Que reconoce haberla tomado? ¿Que acepta sus consecuencias? ¿Que está dispuesto a reparar los daños que pudiera ocasionar? ¿O simplemente está utilizando una fórmula convencional que no implica necesariamente ninguna consecuencia?
No son preguntas equivalentes. Y, sin embargo, el lenguaje político suele tratarlas como si lo fueran.
Quizá debamos distinguir entre atribuir una responsabilidad, reconocerla y hacerla efectiva. Son tres operaciones diferentes que no siempre aparecen juntas. Un gobernante puede ser considerado responsable de una decisión sin reconocerlo; puede reconocer su responsabilidad sin que se produzcan consecuencias; y puede sufrir consecuencias políticas por decisiones cuya responsabilidad efectiva comparte con muchas otras personas.
Esta distinción nos permite comprender mejor por qué el término puede adquirir ese carácter casi ornamental que señalas.
Pero tu reflexión contiene una segunda cuestión, posiblemente más importante todavía.
Dices que la democracia actual no parece gestionar adecuadamente los intereses de todos los ciudadanos y que existe una sensación de desencanto, de desajuste entre las expectativas depositadas en el sistema político y sus resultados.
Aquí introduciría una pequeña reserva.
Que un gobierno no satisfaga los intereses de todos los ciudadanos no demuestra necesariamente que funcione mal. En sociedades complejas, los intereses son múltiples y, frecuentemente, incompatibles. Una decisión favorable para determinados sectores puede perjudicar a otros. No existe una solución administrativa capaz de eliminar todas esas contradicciones.
Sin embargo, tampoco podemos convertir esa dificultad en una justificación universal de las deficiencias gubernamentales. Que gobernar sea difícil no significa que cualquier resultado sea inevitable ni que todas las decisiones sean igualmente justificables.
Y aquí aparece una cuestión que quizá merezca una investigación independiente: ¿cómo podemos distinguir las limitaciones inevitables de cualquier organización política de aquellas deficiencias que podrían corregirse mediante otras instituciones, procedimientos o formas de participación?
Porque el desencanto que mencionas podría tener diferentes orígenes. Podría proceder de expectativas imposibles de satisfacer, de promesas incumplidas, de una distribución desigual de los recursos o de la percepción de que las instituciones no escuchan suficientemente a quienes deberían representar.
Incluso podría existir una distancia considerable entre el funcionamiento efectivo de las instituciones y la imagen que los ciudadanos tienen de ellas.
No deberíamos confundir esas posibilidades, aunque puedan concurrir en una misma sociedad.
Hay, además, una última consideración.
Durante nuestra conversación hemos examinado la responsabilidad política principalmente como una relación entre gobernantes y gobernados. Pero quizá esa relación no pueda comprenderse completamente sin estudiar antes cómo se organiza y distribuye el poder dentro de una sociedad.
Porque una cosa es que los ciudadanos deleguen determinadas decisiones y otra muy distinta que conserven una capacidad efectiva para controlar a quienes las toman.
Y esta diferencia nos conduce a un problema que ya no pertenece exclusivamente al ámbito de la responsabilidad: el problema de la representación política y de los límites del poder delegado.
No creo que debamos intentar resolverlo ahora.
Hemos recorrido un camino suficientemente largo para comprobar que una palabra aparentemente familiar, «responsabilidad», encierra dificultades que pasan inadvertidas cuando la utilizamos en nuestras conversaciones cotidianas.
También hemos encontrado algo que considero importante: la responsabilidad política no desaparece por ser más difícil de identificar o exigir, pero tampoco adquiere contenido efectivo por el simple hecho de proclamarla.
Quizá esta sea una conclusión razonable de nuestro recorrido.
No hemos descubierto una fórmula que permita distribuir perfectamente las responsabilidades entre gobernantes y ciudadanos. Tampoco hemos demostrado que nuestras instituciones democráticas sean incapaces de hacerlo. Lo que sí hemos conseguido es identificar algunas de las dificultades que deberían resolverse para que esa responsabilidad fuera algo más que una declaración de principios.
Y hemos terminado encontrándonos con una inquietud que va más allá de nuestro problema inicial: la distancia que puede existir entre lo que esperamos de nuestras instituciones políticas y lo que efectivamente obtenemos de ellas.
Me parece que esa inquietud merece ser examinada, pero no necesariamente como continuación de este diálogo. Podría constituir, por sí misma, el punto de partida de otra investigación.
Por ahora, Carolus, propongo que demos por terminada nuestra conversación sobre la responsabilidad.
No porque hayamos agotado todas las preguntas, sino porque hemos llegado a otras nuevas.
Y quizá una de las mejores consecuencias de un diálogo sea precisamente esa: no terminar pensando necesariamente lo mismo, sino haber aprendido a formular preguntas que antes no sabíamos hacernos.
FIN DE LA 7.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
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