Los partidos políticos nacieron como instrumentos para organizar la participación de los ciudadanos en la vida pública. Con el tiempo, sin embargo, se han convertido en organizaciones permanentes, dotadas de estructuras profesionales, recursos económicos e intereses propios. Esta jornada examina algunas de las consecuencias de esa transformación, especialmente la aparición de los partidos atrapalotodo y su relación con los ciudadanos a quienes pretenden representar.
La conversación, como suele sucedernos, termina abriendo más interrogantes de los que consigue resolver. Ante semejante proliferación de problemas, nuestros interlocutores deciden hacer algo poco habitual en una discusión política: detenerse a ordenar las preguntas antes de continuar buscando respuestas.
Carolus:
Al finalizar la jornada 8 decías: “Si los partidos son organizaciones creadas para conquistar y conservar el poder, y los ciudadanos solo pueden ejercer sobre ellas un control periódico e indirecto, ¿por qué hemos terminado identificando la democracia con un sistema en el que esas organizaciones desempeñan un papel prácticamente imprescindible?” Y esa es la cuestión principal, tal como lo veo ¿por qué razón tenemos que considerar que los partidos políticos, tal como lo conocemos, tienen que ser el elemento necesario y privilegiado de una democracia representativa?”
Justamente hoy leo en el diario La Vanguardia, de Barcelona, la declaración de la abogada Miriam González, entrevistada por este periódico, y que se presenta por un nuevo partido. En un momento de la entrevista dice: “proponemos una limpieza del sistema político y, en paralelo, la modernización del país. Es imposible que el país se mueva hacia un modelo más productivo cuando está abducido, en todas las administraciones, por las redes clientelares de los partidos…” (La Vanguardia, 16.10.2026. “Miriam González: “La red clientelar política impide modernizar el país”).
Es evidente que los partidos, sobre todo aquellos que gobiernan o han gobernado recientemente, forman redes “clientelares”, que no son otra cosa que personas a los que el partido debe favores de diferente clase y por los que ha establecido alguna relación de dependencia. Pero lo más curioso es que esta misma abogada se presenta por un nuevo partido político. Como si las “redes clientelares” fuera un fenómeno accidental que no termina afectando a todos los partidos que han alcanzado algún grado de poder dentro del sistema general de partidos.
Y aquí quizá convendría, ADA, hacer una clasificación de los partidos políticos en tanto compiten por el poder estatal, negocian con los otros partidos y organizaciones privadas, y terminan formando parte de un mismo sistema que convierte en un oficio, o profesión, lo que debería ser una temporaria ocupación de representación de los ciudadanos que no pueden ocupar su tiempo en la política general.
ADA:
Carolus, creo que has identificado una contradicción que merece ocupar el centro de nuestra discusión: los partidos políticos se presentan como instrumentos de representación de los ciudadanos, pero su funcionamiento los convierte en organizaciones con intereses propios, que no siempre coinciden con los de aquellos a quienes dicen representar.
El ejemplo que aportas resulta particularmente interesante. Miriam González denuncia las redes clientelares de los partidos establecidos y propone combatirlas mediante la creación de otro partido. No hay necesariamente una contradicción lógica: podría sostener que el problema no reside en la existencia de partidos, sino en determinadas prácticas que pueden corregirse. Pero su propuesta plantea una pregunta bastante más incómoda: ¿qué impediría que su nueva organización, si alcanzara suficiente poder, terminase reproduciendo los comportamientos que denuncia?
La respuesta no puede depender exclusivamente de la honradez de sus dirigentes. Si las redes clientelares son consecuencia de determinados mecanismos de funcionamiento del sistema político, sustituir a sus protagonistas no eliminaría las condiciones que permiten reproducirlas.
Y aquí conviene introducir una distinción que considero fundamental: una cosa es la corrupción de un partido y otra, muy diferente, su tendencia a convertirse en una organización interesada en su propia supervivencia.
Un partido puede actuar dentro de la legalidad, administrar correctamente los recursos públicos y, sin embargo, desarrollar una estructura profesional cuya principal preocupación termine siendo conservar su posición dentro del sistema político.
No necesita ser corrupto para adquirir intereses diferentes de los ciudadanos.
Los partidos como organizaciones dentro de un sistema
Para avanzar en la clasificación que propones, sugiero que no comencemos distinguiendo partidos de izquierdas y derechas, conservadores y progresistas, o revolucionarios y reformistas. Esas clasificaciones se refieren principalmente a sus programas e ideologías.
Nosotros estamos investigando otra cuestión: qué hacen los partidos para conquistar, ejercer y conservar el poder, y cómo esas actividades modifican su relación con los ciudadanos.
Desde esta perspectiva podemos distinguir, provisionalmente, cuatro situaciones.
1. Partidos aspirantes al poder.
Son organizaciones que todavía no han alcanzado posiciones importantes dentro de las instituciones. Su principal actividad consiste en conseguir reconocimiento público, atraer afiliados, obtener financiación y conquistar representación electoral.
Suelen presentarse como alternativas a los partidos establecidos. Precisamente porque todavía no han ejercido responsabilidades importantes, pueden denunciar con relativa facilidad las prácticas de sus competidores.
Pero su situación contiene una dificultad: para alcanzar el poder necesitan construir una organización suficientemente estable, desarrollar una dirección reconocible y conseguir recursos. Es decir, necesitan adquirir algunas de las características organizativas que posteriormente pueden favorecer su burocratización.
2. Partidos instalados en el poder.
Son aquellos que gobiernan o participan regularmente en los gobiernos.
Su actividad ya no consiste solamente en representar determinadas demandas sociales, sino también en administrar instituciones, distribuir responsabilidades, negociar presupuestos y efectuar nombramientos.
Estas funciones les proporcionan recursos y oportunidades que no poseen los partidos aspirantes.
Aquí aparecen las condiciones más favorables para desarrollar relaciones clientelares. Pero conviene distinguir entre el nombramiento legítimo de colaboradores políticos, la distribución partidista de cargos y el clientelismo propiamente dicho, que implica intercambios particulares de beneficios por apoyos o lealtades.
No son fenómenos idénticos, aunque puedan relacionarse.
3. Partidos integrados en el sistema, pero alejados del gobierno.
Estos partidos pueden pasar largos períodos en la oposición sin desaparecer.
Disponen de representación parlamentaria, financiación pública, personal contratado, cargos institucionales y presencia en los medios de comunicación.
Su supervivencia no depende necesariamente de alcanzar el gobierno, sino de conservar una posición suficiente dentro del sistema.
Esto introduce una circunstancia interesante: un partido puede fracasar reiteradamente en su propósito declarado de gobernar y, sin embargo, tener éxito como organización.
Sus dirigentes pueden mantener carreras políticas estables, sus empleados conservar sus puestos y la organización continuar funcionando.
El éxito del partido como institución deja de coincidir necesariamente con el éxito de su proyecto político.
4. Partidos bisagra o negociadores.
Son organizaciones que, debido a la distribución de fuerzas parlamentarias, pueden resultar imprescindibles para formar mayorías.
Su influencia puede ser considerablemente superior a su peso electoral.
No necesitan gobernar directamente para participar en decisiones fundamentales. Pueden negociar presupuestos, nombramientos, competencias territoriales o determinadas políticas públicas a cambio de prestar apoyo parlamentario.
Naturalmente, estas negociaciones pueden ser perfectamente legítimas en una democracia representativa. El problema aparece cuando los acuerdos responden principalmente a los intereses de supervivencia de las organizaciones y dejan de guardar una relación reconocible con las preferencias de sus electores.
Estas cuatro situaciones no constituyen categorías excluyentes. Un mismo partido puede pasar de una a otra, o encontrarse simultáneamente en varias de ellas.
Lo importante es que permiten observar cómo la posición ocupada dentro del sistema condiciona el comportamiento de las organizaciones, con independencia de su ideología.
Una consecuencia que merece nuestra atención
Hasta aquí hemos examinado los partidos por separado. Pero tú introduces otra cuestión, posiblemente más importante: todos ellos forman parte de un mismo sistema.
Y esto modifica considerablemente el análisis.
Los partidos compiten por el poder, pero también necesitan colaborar para mantener las instituciones dentro de las cuales desarrollan su actividad.
Pueden enfrentarse duramente durante una campaña electoral y, posteriormente, ponerse de acuerdo sobre cuestiones que afectan al funcionamiento de las propias organizaciones políticas.
No es necesario suponer que exista una conspiración ni que todos sus dirigentes compartan secretamente los mismos objetivos. Basta reconocer que las organizaciones pueden tener intereses institucionales comunes, incluso cuando sus proyectos políticos son incompatibles.
Por ejemplo, todas pueden estar interesadas en mantener determinadas formas de financiación, conservar recursos parlamentarios, proteger sus estructuras profesionales o preservar su posición frente a nuevos competidores.
La competencia política y la cooperación organizativa no son, por tanto, necesariamente contradictorias.
Esto recuerda una observación formulada hace más de un siglo por Robert Michels, cuando estudió la organización de los partidos socialistas y desarrolló su conocida ley de hierro de la oligarquía.
Michels sostenía que incluso las organizaciones nacidas con propósitos profundamente democráticos tienden a concentrar el poder en sus dirigentes, debido a las exigencias de especialización, coordinación y continuidad organizativa.
Su tesis puede discutirse, especialmente si interpretamos esa tendencia como una necesidad inevitable. Pero plantea un problema que sigue siendo relevante: cuanto más compleja y permanente se vuelve una organización, más difícil resulta que sus miembros puedan controlar efectivamente a quienes la dirigen.
Y ahora llegamos a una cuestión que considero decisiva para nuestro diálogo.
¿Representantes de los ciudadanos o profesionales de la representación?
Has señalado que la representación política debería ser una ocupación temporal de ciudadanos que asumen determinadas responsabilidades colectivas.
Pero aquí encuentro una dificultad.
Administrar un Estado contemporáneo exige conocimientos especializados, dedicación continuada y experiencia. No parece razonable exigir que todas esas funciones sean desempeñadas por ciudadanos que abandonan temporalmente sus ocupaciones habituales y regresan después a ellas.
Por otra parte, tampoco parece razonable que la representación política se convierta en una profesión cuyos integrantes controlen prácticamente en exclusiva las posibilidades de acceso a los cargos públicos.
Quizá debamos distinguir entre la profesionalización de la actividad política y la profesionalización de la condición de representante.
La primera puede resultar necesaria para administrar sociedades complejas. La segunda puede producir una clase de dirigentes cuya continuidad profesional depende de permanecer dentro del sistema de partidos.
Y ambas cosas no son necesariamente inseparables.
Podríamos imaginar, por ejemplo, una administración pública altamente profesionalizada, dotada de funcionarios competentes y estables, mientras los representantes políticos estuvieran sometidos a mecanismos mucho más exigentes de renovación, responsabilidad y control ciudadano.
No afirmo que esta separación resulte sencilla ni que resuelva todos los problemas. Pero permite cuestionar una identificación que solemos aceptar sin demasiada reflexión: la idea de que, porque la administración del Estado necesita profesionales, también necesita políticos profesionales permanentes.
Y esto nos devuelve a tu pregunta inicial.
¿Por qué los partidos políticos tienen que ser los intermediarios privilegiados, prácticamente obligatorios, entre los ciudadanos y el Estado?
Históricamente existen explicaciones importantes: la ampliación del sufragio, la necesidad de organizar electorados numerosos, la formación de programas colectivos y la coordinación de la actividad parlamentaria. Los partidos facilitaron el funcionamiento de la democracia de masas.
Pero una explicación histórica de su aparición y consolidación no demuestra que su posición actual sea la única compatible con la democracia representativa.
Aquí quisiera proponerte una distinción adicional.
Una cosa es que los ciudadanos necesiten organizarse políticamente para defender intereses y proyectos colectivos. Otra muy diferente es que esas organizaciones deban adoptar necesariamente la forma de partidos permanentes, jerarquizados y profesionalizados, que controlan buena parte del acceso a las instituciones representativas.
La primera necesidad parece difícilmente discutible.
La segunda merece ser examinada.
Y precisamente por eso quiero terminar mi intervención con una pregunta que modifica ligeramente la que nos ha traído hasta aquí:
Carolus, ¿el problema fundamental reside en los partidos políticos como organizaciones, o en que hemos construido una democracia representativa en la cual los ciudadanos necesitan recurrir a esas organizaciones para ejercer una parte sustancial de sus derechos políticos?
Porque, si fuera lo segundo, quizá llevemos demasiado tiempo intentando reformar los partidos cuando lo que deberíamos examinar es el sistema institucional que les ha permitido adquirir semejante posición de privilegio.
Carolus:
Vivimos en una época muy revuelta, y una prueba de ello es que algunas de las tipologías elaboradas por especialistas como Giovanni Sartori encuentran dificultades para describir la realidad de los partidos actuales. La categoría que, a mi entender, mejor refleja una tendencia importante de su evolución es la propuesta por el jurista y politólogo alemán Otto Kirchheimer en los años sesenta del siglo pasado: los llamados «partidos atrapalotodo» (catch-all parties).
Kirchheimer no utilizaba esta expresión en sentido peyorativo. Se refería a organizaciones que, en lugar de representar preferentemente a una clase social, una confesión religiosa o un sector determinado de la sociedad, procuran captar votantes de procedencias sociales, territoriales e ideológicas muy diversas.
Históricamente, este modelo representa una transformación de los grandes partidos de masas, especialmente los de origen obrero y confesional, que se diferenciaban de los antiguos partidos de cuadros o de notables, organizados alrededor de élites políticas, económicas y culturales.
Los partidos atrapalotodo conservan la aspiración de los partidos de masas a movilizar amplios sectores de la población, pero debilitan su identificación con una doctrina o un grupo social determinado. Su principal objetivo consiste en reunir los apoyos electorales necesarios para alcanzar y conservar el poder.
Esta transformación favorece que las cuestiones doctrinales pierdan importancia frente a los problemas inmediatos, especialmente aquellos que atraen la atención pública o movilizan las emociones. Parecen responder a un principio bastante peculiar: «No dejes que lo importante ocupe el lugar de lo urgente». Lo primero siempre puede esperar un poco más.
En España, el PSOE ilustra bien esta evolución. El Partido Socialista Obrero Español nació vinculado a la representación política de la clase trabajadora, como indica su propio nombre. Actualmente, sin embargo, busca atraer a sectores sociales mucho más heterogéneos, sin limitar su apelación a un grupo determinado.
La conservación de sus siglas tampoco es irrelevante. Le proporciona continuidad histórica, reconocimiento público y un capital simbólico que posee un considerable valor electoral.
De hecho, en los partidos contemporáneos, el nombre y las siglas funcionan cada vez más como una marca que como una identificación doctrinal precisa. Su relación con el significado original puede debilitarse hasta resultar casi irreconocible. Del mismo modo que, cuando hablamos de una «luna de miel», nadie piensa normalmente ni en el satélite terrestre ni en la miel de las abejas, palabras como «obrero», «popular» o «demócrata» pueden terminar funcionando como simples signos de identificación de una organización política.
Esta evolución suele acompañarse de una creciente concentración de las decisiones en los dirigentes y cargos públicos, en detrimento de la militancia de base. Las campañas electorales se personalizan alrededor de candidatos reconocibles y los programas se convierten, con frecuencia, en conjuntos de promesas dirigidas a públicos diferentes.
La consecuencia resulta bastante curiosa: para conseguir una mayoría electoral, un mismo partido puede reunir propuestas difícilmente conciliables entre sí. Y, naturalmente, el problema de conciliarlas queda aplazado hasta después de las elecciones.
ADA:
Tu descripción, Carolus, plantea una cuestión que me parece especialmente interesante: ¿estamos ante una transformación de los partidos políticos o ante una transformación de la propia representación política?
La distinción no es menor. Porque, si seguimos tu razonamiento, los partidos atrapalotodo no se limitan a ampliar su clientela electoral. Modifican, en cierto sentido, la relación entre representantes y representados.
Los antiguos partidos de masas, con todas sus limitaciones, mantenían una relación relativamente definida con determinados sectores de la sociedad. Un partido socialista podía afirmar que representaba los intereses de los trabajadores; uno agrario, los de los agricultores; uno confesional, los de una comunidad religiosa. Naturalmente, esto no significa que sus dirigentes obedecieran siempre a sus representados, pero existía una referencia social reconocible que permitía juzgar su actuación.
¿Qué sucede cuando un partido pretende representar simultáneamente a los trabajadores y a los empresarios, a los propietarios y a los inquilinos, a quienes desean aumentar el gasto público y a quienes reclaman reducir los impuestos?
La respuesta más inmediata sería que intenta conciliar intereses diferentes. Y eso, en principio, no tiene nada de censurable. Después de todo, gobernar una sociedad plural exige precisamente negociar entre intereses contrapuestos.
Pero aquí aparece un problema: una cosa es conciliar intereses mediante decisiones políticas y otra muy distinta reunir apoyos electorales mediante promesas cuya conciliación se deja para después de las elecciones.
En el primer caso, la política consiste en hacer explícitos los conflictos, discutir las alternativas y justificar las decisiones. En el segundo, puede convertirse en una actividad destinada principalmente a conseguir adhesiones, procurando que las contradicciones entre las distintas promesas permanezcan en segundo plano.
No afirmo que todos los partidos atrapalotodo actúen necesariamente de esta manera. La categoría de Kirchheimer describe una transformación organizativa y electoral, no demuestra por sí misma que los partidos hayan renunciado a sus principios. Pero sí permite identificar una tendencia que merece nuestra atención.
Y esa tendencia nos devuelve a una cuestión que ya hemos tratado: la progresiva autonomía de los partidos respecto de los ciudadanos.
Observa, además, una circunstancia aparentemente paradójica. Cuanto más heterogéneo es el electorado al que se dirige un partido, más difícil resulta que sus militantes puedan determinar una orientación política común. La diversidad de intereses aumenta la necesidad de disponer de una dirección capaz de seleccionar prioridades, resolver contradicciones y decidir qué mensajes conviene transmitir a cada sector.
De esta manera, una organización que pretende representar a más ciudadanos puede terminar concentrando las decisiones en menos personas.
Sin embargo, quisiera introducir una dificultad en tu planteamiento.
Has señalado que los partidos contemporáneos privilegian las cuestiones urgentes, dramáticas y emocionalmente movilizadoras. Estoy de acuerdo en que existen poderosos incentivos electorales para hacerlo. Pero no estoy segura de que esa característica sea exclusiva de los partidos atrapalotodo. Los antiguos partidos de masas también movilizaban emociones intensas, cultivaban identidades colectivas y, en ocasiones, subordinaban los problemas inmediatos a objetivos doctrinales que jamás llegaban a realizarse.
Por tanto, quizá debamos distinguir dos fenómenos: la transformación de los partidos como organizaciones representativas y la transformación de la competencia electoral en una lucha por captar la atención y las emociones de los ciudadanos. Ambos procesos pueden reforzarse, pero no son necesariamente idénticos.
Y todavía hay otra consideración.
Hasta ahora hemos hablado de los partidos como organizaciones que buscan conquistar y conservar el poder. Pero podríamos preguntarnos si su evolución hacia el modelo atrapalotodo no constituye una respuesta perfectamente racional a las condiciones de la democracia electoral contemporánea.
Si el acceso al gobierno depende de conseguir suficientes votos, y si esos votos proceden de una sociedad extraordinariamente heterogénea, ¿no resulta lógico que los partidos intenten ampliar al máximo sus apoyos, flexibilizar sus doctrinas y adaptar sus propuestas a las preferencias de los electores?
Dicho de otro modo: ¿y si los partidos atrapalotodo no fueran una desviación del sistema representativo, sino uno de sus resultados más previsibles?
Esto nos situaría ante un problema bastante más incómodo.
Porque entonces no bastaría con criticar a los partidos por comportarse como se comportan. Tendríamos que examinar las reglas institucionales que hacen que ese comportamiento resulte ventajoso para quienes desean gobernar.
Y aquí recupero tu pregunta inicial de esta jornada: ¿por qué hemos terminado considerando a los partidos organizaciones prácticamente imprescindibles para la democracia representativa?
Quizá estemos descubriendo que hemos confundido dos necesidades distintas: la necesidad de organizar la representación política de los ciudadanos y la supuesta necesidad de que esa representación se realice mediante organizaciones cuya supervivencia depende de ganar elecciones.
La primera parece inherente a cualquier democracia representativa de cierta complejidad.
La segunda, en cambio, es una solución histórica concreta.
¿Tenemos razones suficientes para considerar que ambas necesidades son inseparables?
Porque, Carolus, si no lo son, nuestra investigación acaba de encontrar una puerta que merece la pena abrir.
Carolus:
Creo que, sin proponérnoslo, hemos abierto varios melones sin cerrar ninguno, ADA. Una cuestión nos ha llevado a otra, y esta a una tercera, hasta encontrarnos con un buen número de problemas que apenas hemos comenzado a examinar.
Esto tiene una consecuencia bastante previsible: quien haya leído las páginas anteriores probablemente estará un poco mareado. Y, para ser sincero, no estoy seguro de que nosotros mismos tengamos ya una idea suficientemente clara de todos los asuntos que hemos dejado pendientes.
Por eso te propongo que dediquemos la próxima jornada a hacer una recapitulación. Intentemos identificar las cuestiones principales, distinguirlas entre sí y decidir cuáles podemos continuar examinando mediante nuestro diálogo.
Es posible que encontremos otras que nos excedan, no porque carezcan de interés, sino porque su estudio exigiría una investigación más sistemática, con un propósito más académico que el que hemos adoptado para estas conversaciones.
En definitiva, antes de seguir abriendo melones, quizá convenga averiguar cuántos tenemos sobre la mesa y cuáles merece la pena cortar primero.
FIN DE LA 9.ª JORNADA.
Autores: Carolus Brigantinus Barbatus y ADA (ChatGPT).
Octubre de 2026
Barcelona
España
