miércoles, 12 de noviembre de 2008

El Estado Argentino

Desafío para la democracia argentina
POLITICA. Cómo bajar el costo del sistema de poder
El gasto del aparato estatal y provincial está calculado en unos 20.000 millones de pesos anuales. La mayor parte de esa suma se la llevan los 9242 cargos electivos que hay en la Argentina, con sus accesorios. Las causas más notorias se encuentran en el amiguismo, la operación política, el nepotismo, las prebendas y los subsidios.
La democracia argentina enfrenta hoy un doble desafío: tiene que superar una suerte de fatiga y pesimismo colectivo y, al mismo tiempo, emplear toda la creatividad posible para demostrar que las instituciones previstas en la Constitución están en condiciones de superar dificultades y enmendar rumbos. 
Es muy probable que el pesimismo reinante se deba en el fondo a una fuerte desilusión que se originó en la fantasía que sólo con el cambio de un estilo de liderazgo político la Argentina saldría altamente beneficiada. 
En cambio, ahora, la sociedad que creyó ver una salida luminosa al fondo de un oscuro túnel, ve que la luz avanza y en realidad es una locomotora que lo va a aplastar: el miedo a la devaluación, una recesión sin precedentes, un Estado que no consigue bajar el gasto y el fantasma más temido: la desocupación. 
La atmósfera de la opinión, enrarecida y densa, no es la consecuencia de oscuras, satánicas conspiraciones (¡Vade retro, economistas liberales!). La sociedad está en vilo porque su dirigencia está desconcertada. Es nuevamente el conocido problema de la calidad del liderazgo, que ya habíamos analizado desde estas columnas de La Nación (7-3-99) en relación, en esa oportunidad, con las necesarias reformas al sistema electoral vigente y la designación de candidaturas en los partidos políticos. 
En esta ocasión nos referiremos a otro tipo de cambio que sería necesario introducir para que la sociedad sintiera que los dirigentes políticos sirven a las instituciones en que trabajan, por ejemplo, las legislaturas, y no que se sirven de las mismas. El cambio que se propone es una reducción drástica del costo de la estructura política en la Argentina, como forma de mejorar en algo la credibilidad de la sociedad respecto de la dirigencia política, afianzando así la democracia. 
Algunos cálculos (Rosendo Fraga dixit) sitúan el costo total de la estructura política argentina en 20.000 millones de dólares anuales. 
En lugar de fantasear qué lindo sería no pagar la deuda externa, podríamos sí intentar bajar el costo de la política, no ya en cuántos pesos del contribuyente recibirá cada partido por voto obtenido (aunque está muy bien la propuesta de bajar ese importe de 3 a 1 peso por voto), sino reduciendo el oneroso aparato corporativo político que la Argentina no está en condiciones de financiar. 
Es posible aducir que en momentos de una desocupación tan alta no se puede aumentar la misma con despidos masivos. Pero sí se podría bajar el gasto, en el muy corto plazo, reduciendo las remuneraciones reales de los funcionarios de todas las categorías, elegidos o no, y de la frondosa maraña burocrática, todo lo cual en su conjunto asfixia y esquilma al contribuyente y endeuda cada vez más al país. 
En la Argentina hay 9242 cargos electivos. Cada una de estas personas que nos representan nombran asesores, secretarios, administrativos y otros funcionarios, posiciones que muchas veces encubren devolución de favores, amiguismo, punteros, operadores políticos, cuando no un craso nepotismo. (Hace poco tiempo un ex candidato a senador provincial por Córdoba me explicaba que un legislador no sólo tiene que legislar, sino mitigar las situaciones de extrema necesidad con las que entra en contacto en el interior de su provincia, justificando de esta manera la existencia de partidas adicionales a la remuneración conocida y cuyo gasto queda a su arbitrio. No hubo manera de hacerle entender que el voto que recibe no incluye ni el permiso ni el mandato de realizar asistencialismo con el dinero de otros.) 
En el nivel nacional tenemos 331 cargos. De los mismos, 257 son diputados y 72 son senadores nacionales. Ni los diputados ni lo senadores necesitan ser tantos. De los 257 diputados sobran 80, que son el resultado de una absurda sobrerrepresentación en favor de distritos menos poblados, intentando "reparar" esa condición con más bancas y dietas que pagan los contribuyentes. De los 72 senadores nacionales, 23 también son supernumerarios y fueron el fruto de negociaciones previas a la Reforma Constitucional de 1994. Se dijo entonces que se trataba de un arreglo institucional para que los votos en esa Cámara reflejasen un mayor pluralismo provincial. Pero los votos en el Senado, como hemos podido apreciar recientemente, pueden responder a distintas motivaciones que no son necesariamente las de equilibrar los intereses provinciales. 
En el orden provincial, los cargos electivos son 1293; 46 cargos de gobernador y vicegobernador (si en el orden nacional no hace falta el vicepresidente, para qué se necesita un vicegobernador). También en el conjunto de las provincias encontramos 246 senadores y 999 diputados, incluidos 60 legisladores porteños. 
En el orden municipal, los cargos son 7.618. Increíble pero cierto, en la Argentina hay 1163 intendencias con la friolera de 6455 concejales, todos rentados. 
En Alemania como en Gran Bretaña, por ejemplo, los concejales reciben alrededor de 100 dólares por mes como retribución simbólica. Igual que en la Argentina, se reúnen cada tanto para hablar sobre temas comunales; sólo que en la Argentina perciben en promedio 1800 dólares por mes. 
Pero no es sólo un problema del número de cargos electivos, sino la capacidad que tienen estos representantes de nombrar colaboradores lo que aumenta sensiblemente el gasto, por ejemplo, de las legislaturas. 
En Alemania, un diputado tiene derecho a tener un asistente y una secretaria. Todos los demás servicios: asesoramiento, información, etcétera, los obtiene de su bloque. La fracción o bloque suministra esos servicios a todos sus diputados, pudiendo para ello contratar expertos de primer nivel para cada especialidad, de acuerdo con la necesidad de los legisladores, reduciendo sensiblemente el gasto de la legislatura y elevando la calidad de la tarea legislativa. 
Pero, además, el costo de la política también debería guardar alguna relación con la riqueza de un país, de una provincia o de un municipio. 
Veamos algunos datos comparativos al respecto. 
Para este breve análisis sólo consideraremos el costo del Poder Legislativo en algunas provincias argentinas, comparándolo con el de provincias de otros países más ricos y desarrollados que el nuestro (el indicador de riqueza utilizado es el del producto bruto interno (PBI) de la provincia respectiva). Hemos seleccionado intencionalmente provincias argentinas con un PBI muy bajo para que resulte más evidente el alto monto que pagamos los argentinos para que funcione el Poder Legislativo, cuando la experiencia comparada con el nivel internacional nos muestra que esto no necesariamente debe ser así. 
En la primer parte del cuadro se puede comparar el caso de la provincia de Baviera, una de las más ricas de Alemania, cuya legislatura cuenta con 204 legisladores para una población de 12.155.000 habitantes y cuyo presupuesto legislativo es de 54,3 millones de dólares, con lo que sucede en Formosa, cuyo presupuesto legislativo es aún mayor que el de Baviera. Más grave aún es que el PBI de Baviera es 156 veces más alto que el de Formosa y los formoseños son apenas 504.000. Es decir, una provincia alemana (land) sumamente rica gasta menos en su Legislatura que Formosa, tiene más legisladores y legisla para más de 12.000.000 de habitantes. 
Un ejemplo más cercano a nuestra historia es el de España. La provincia de Cataluña (6.134.000 habitantes) gasta en su poder legislativo considerablemente menos que nuestra provincia del Chaco (952.000 habitantes), sólo que Cataluña cuenta con 134 legisladores mientras que el Chaco tiene 32 y el PBI de Cataluña es 39 veces superior al del Chaco. 
Dejo para el lector el análisis de los demás ejemplos con sus conclusiones apabullantes. 
Las causas de esta impudicia en el costo de las legislaturas se encuentra en el clientelismo, en la autoadjudicación de prebendas y privilegios, en apetitos personales crematísticos o políticos, o ambos a la vez. Pero no es sólo en las legislaturas provinciales donde encontramos estas desmesuras, sino en todo el ámbito de la estructura política Argentina. 
Parece que esto tiene que parar, y en seco. 
La dirigencia política tiene que tomar en serio la gravedad del problema del gasto público en la Argentina y debe empezar por sus propios ámbitos de acción: presidencia, ministerios, Congreso, legislaturas, municipalidades, intendencias, entre otros, y lograr incluso que la imprenta del Congreso tenga el número de empleados que una imprenta requiere. 
Si los que han tomado la responsabilidad de conducir el país no son capaces de acompañar ejemplificadoramente la austeridad que los tiempos requieren, parece inútil toda otra consideración sobre el tema. 
Por Carlota Jackisch
Especial para La Nación 
La autora es una investigadora argentina y doctora en ciencia política.