¿Legalizar las drogas?

From manuel@...
Tue Sep 08 00:37:04 1998
Pongo aqui un articulo extratido del Diario "El Pais" 8-9-98 :

LEGALIZAR LAS DROGAS
Se busca remedio

100 jueces y juristas españoles creen que hay que legalizar la droga y que es posible hacerlo

Joaquina Prades

Cuando empezaron a impartir justicia creían que la represión era el arma más eficaz en la lucha contra las drogas. Décadas de experiencia profesional les han convencido de lo contrario: un centenar de jueces y magistrados españoles aplican cada día una legislación antidroga en la que no creen, y así lo han hecho constar en diferentes manifiestos en favor de su despenalización.

El más reciente, promovido por la Fundación Soros, fue presentado el pasado 8 de junio en la cumbre antidroga de la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo han suscrito 630 intelectuales de todo el mundo, entre ellos ocho premios Nobel. Treinta de los firmantes son magistrados españoles de reconocido prestigio. Pero ellos no han sido los pioneros. En febrero de 1991, más de 60 jueces refrendaron una crítica demoledora contra la prohibición de las drogas elaborada por los juristas del Grupo de Estudios de Política Criminal. Entre los firmantes está Emilio Berlanga, juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, un magistrado con 25 años de experiencia en juzgados de Cataluña, Baleares y Andalucía. Cuando Berlanga se estrenó en la profesión no cuestionaba la criminalización de las drogas. «Tal vez porque entonces no constituían un problema serio», comenta. A medida que pasaron los años y España se sumó al boom de la toxicomanía que Europa vivió a finales de los sesenta, el trasiego de los yonkies por los juzgados españoles ha sido constante.

Fue entonces cuando su ideología conformista sufrió la primeras sacudida: «Estamos ante un callejón sin salida. El adicto necesita droga. El mercado siempre se la proporcionará, sea o no legal. Al tratarse de un negocio incontrolado, le llegará en pésimas condiciones y a precios disparatados. Lo primero le convertirá en un enfermo, o, en el peor de los casos, en un muerto por sobredosis; lo segundo, es una puerta abierta a la delincuencia, ya que el adicto roba y atraca para pagarse la dosis. La penalización presenta consecuencias terribles», sintetiza el magistrado. Un día llegó hasta su juzgado en Andalucía un grupo de adolescentes borrachos, algunos en estado de coma. Fue un ejemplo elocuente de que las leyes prohibicionistas «no resultan solo ineficaces. También son hipócritas». «¿Por qué una sociedad es tolerante con una droga tan dañina como el alcohol y criminaliza a quienes optan por otras sustancias?», se pregunta.

Es un interrogante que comparte Gregorio Álvarez, magistrado de primera instancia del juzgado número 2 de Salamanca, quien también se pregunta: «¿Tenemos derecho a utilizar la maquinaria del Estado para impedir a los ciudadanos beber, fumar o drogarse? ¿No empeora las cosas la prohibición, tanto para el edicto como para los demás ciudadanos? ¿Está actuando la ley que prohibe la distribución de las drogas en interés público? ¿A quién beneficia la prohibición? Este magistrado ha ido encontrando respuestas a lo largo de su dilatada carrera profesional en juzgados del País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-León. Ha presenciado un goteo de hombres y mujeres enganchados a las drogas cuyas caras acaban por resultarle familiares según va girando el círculo calle-droga-cárcel-calle-droga-cárcel....

«Sólo nos enfrentamos con el último eslabón de la cadena, el más indefenso», comenta Álvarez. Tan indefensos como esos padres que hace pocos meses se presentaron en el despacho de Félix Pantoja, el coordinador de la Fiscalía de Menores de la Comunidad de Madrid, para pedirle que detuviera a su hija de 18 años, toxicómana, porque en esos momentos se estaba prostituyendo en la Casa de Campo. «Mejor encerrada que haciendo la calle», le dijeron. Pero él no pudo hacer nada. Como tampoco Antonio Gil Merino, magistrado de la sección 7 de la Audiencia de Sevilla, cuando la Guardia Civil se presentó en su juzgado de Palma de Mallorca, en 1980, con un ciudadano detenido tal si fuera un delincuente. Uno de los guardias le llevaba preso; el otro, el cuerpo del delito: dos macetas de marihuana. O como Javier Martínez-Lazaro, juez de lo Penal número 4 de Madrid, quien lamentó profundamente la muerte de Jarito, un chaval toxicómano al que conocía de sus muchas visitas al juzgado de Instrucción de Aranjuez (Madrid). «Este chico la palmará cualquier día, en cuanto le suministren un chute más puro de lo habitual». Así ocurrió. Y eso mismo sospechaba cuando levantaba cadáveres de heroinómanos, «día sí y día también», recuerda de su etapa de juez en Barcelona.

Ninguno de estos jueces se las vio nunca con los grandes capos de la droga. El más veterano de todos ellos, Antonio Gil Merino, dice que en sus 34 años de trayectoria profesional habrá condenado a centenares de camellos, pero nunca a un pez gordo. Los datos aportados por Instituciones Penitenciarias confirman la experiencia de los jueces: sólo 300 de los 38.000 presos españoles son narcotraficantes, mientras 25.480 (el 68%) cumplen condena por delitos menores relacionados con el tráfico y consumo de estupefacientes. «Colapsan los juzgados, saturan las cárceles y aumentan las listas de infecciosos de los hospitales. Y sólo son las víctimas de quienes mueven los hilos, aunque ellos, a su vez, sean verdugos de otros igual de marginados e igual de perdidos». Como Victoria, una gitana de Salamanca, viuda y madre de tres hijos, a la que juzgó Gregorio Álvarez en 1996 por tercera vez en seis años.

-Pero bueno, ¿otra vez por aquí?», le preguntó el juez. -Pues sí, señor juez. Ahora usted me va a mandar a la cárcel. Yo lo comprendo, pero cuando salga volveré a vender droga, y usted me volverá a encerrar y así estaremos hasta que me muera yo o se muera usted.

-¿Y por qué no se aleja de todo esto?, insistió el magistrado.

- Tengo tres hijos ¿sabe?, y a uno ya se lo ha llevado la droga. Los dos que me quedan están también enganchados; uno en la cárcel por robar y trapichear; el otro, infectado. De manera que, mientras me tengan a mí, les daré la droga que necesitan. ¿No haría usted lo mismo en mi lugar?

Él no le contestó, pero admitió para sus adentros que probablemente haría lo mismo. Y reconoció también lo disparatado de pensar: «Ojalá los hijos de Victoria se hubieran enganchado al alcohol en lugar de a la cocaína o la heroína, porque entonces ella tendría que vérselas con enfermos, pero sólo con enfermos, y no con criminales».

Estas contradicciones de la legislación actual impulsaron a Manuel Morán, magistrado de la Audiencia Provincial de Salamanca, a suscribir la alternativa despenalizadora presentada ante la ONU: «Persistir en las actuales políticas (de represión) se va a traducir solamente en un mayor abuso de las drogas, en un mayor fortalecimiento del narcotráfico y de los criminales que lo controlan, en más enfermedad y sufrimiento», dice el manifiesto. Este documento tiene en España el precedente ya citado del Grupo de Estudios de Política Criminal. Su Alternativa a la actual política criminal sobre drogas se basa en las siguientes consideraciones:

• La demanda de consumo crece. La droga está a disposición de quien quiera obtenerla. Más cara o más adulterada, nunca le falta la dosis a quien la necesite y pueda pagarla.

• Origina y consolida poderosas mafias de narcotraficantes con un poder económico sin parangón en toda la historia de la criminalidad. Sus altos y medios cargos eluden fácilmente la persecución penal. El poderío económico de los capos les permite corromper instituciones esenciales en las democracias: fuerzas de seguridad, estamento judicial, políticos, círculos financieros...

• Obliga a delinquir. Agrava la marginación social de una buena parte de consumidores que no poseen medios para adquirir la droga, lo que les obliga a realizar actividades asociales o a caer en la delincuencia.

• Los procesos por droga desbordan los juzgados y llenan las cárceles. Refuerza las mafias carcelarias connectadas al suministro de drogas a los presos.

• Repercute negativamente en el común de la población, sobre la que recae el inusitado aumento de la delincuencia dirigida a procurarse dinero para adquirir droga. Parte de la población padece asimismo medidas indiscriminatorias de control de esa delincuencia poco respetuosos con los principios del Estado de Derecho, como las redadas masivas o los reconocimientos anales y vaginales.

• A diferencia de lo que es habitual en nuestra sociedad entre ciudadanos adultos, no se respeta el principio de que la salud sólo puede ser protegida con el consentimiento de la persona afectada.

• La prohibición imposibilita el control estatal sobre la producción y venta, lo que convierte la droga en un producto de escasa calidad que origina daños tan importantes a la salud como las muertes por sobredosis o adulteración; o la propagación de enfermedades como el sida o la hepatitis.

• En cuanto a los efectos de la penalización a nivel internacional, se prohiben drogas que forman parte de la cultura de determinados países y se fomentan otras que les son ajenas. La necesaria expansión de los principios del derecho internacional se lleva a cabo en detrimento de la soberanía de los estados más débiles.

Ni el PP ni el PSOE encaran con simpatía tales propuestas. España mantiene la tónica mayoritaria internacional de penalización y represión de las drogas. «Ningún político se resiste a controlar a sus ciudadanos», sostiene un relevante magistrado que prefiere guardar el anonimato. Para el PP, las pretensiones de estos jueces que navegan contracorriente resultan «un disparate pasado de moda», según Javier Hernandez, portavoz de la Delegación del Plan Nacional contra las Drogas. «Todos los países occidentales, a excepción de Holanda, apoyan la doble vía de la prevención y la represión», añade.

Según la Delegación, los últimos datos sobre el consumo de estupefacientes en España revelan que la heroína está en claro retroceso: «El sida ha resultado demoledor: ha acabado con las vidas de muchos yonkies y empujado al resto a fumar el caballo en lugar de inyectarlo»; el consumo de drogas sintéticas sigue creciendo, al igual que el cannabis, el LSD y la cocaína, pero a un ritmo notablemente inferior que el registrado durante los últimos años. El consumo de drogas legales repite este «crecimiento desacelerado»: la edad de enganche al tabaco ha bajado a los 13 años- y el consumo de alcohol ha adoptado hábitos propios de países anglosajones: intenso consumo concentrado en fin de semana.

Gonzalo Robles, delegado de Interior en el plan contra la droga, resume el panorama español: «Progresamos. Aún no podemos hablar de éxito, pero la experiencia nos demuestra que estamos en el camino adecuado. Es cuestión de tenacidad». Javier Hernandez esgrime las principales razones del Gobierno contra la despenalización de las drogas: aumentaría el consumo; los menores seguirían fuera del sistema y consumirían drogas en el mercado negro. Y añade: «La legalización tampoco solucionaría el gran problema del narcotráfico. En tabaco es legal y el 15% de los cigarrillos que consumen los españoles procede de las mafias del contrabando».

Es una postura que comparte la mayoría de los 160 países que han participado en la reciente cumbre antridroga celebrada en Nueva York a instancias de la ONU. Según las conclusiones de Naciones Unidas, la lucha contra la droga pasa por las campañas de prevención y represión, sustitución progresiva de los cultivos de coca y adormidera, y persecución del blanqueo de dinero del narcotráfico, incluyendo los paraísos fiscales. Pero, a la luz de la experiencia, la efectividad de este paquete de medidas resulta muy discutible para los jueces que abogan por la despenalización. La mayoría de ellos sabe que defiende una utopía, pero confían en que el futuro esté de su parte. «Algún día, dentro de 20, 30 o 40 años», sentencia el juez Javier Martínez-Lázaro, «cuando la despenalización de las drogas sea una realidad, los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán el mismo escalofrío que ahora produce la Inquisición».