La Iglesia y la política

EL PAIS DIGITAL - OPINIÓN
Miércoles 23 febrero
2000 - Nº 1391
Un nuevo intento de confesionalizar la política
JUAN-JOSÉ TAMAYO
El secretario general de la conferencia episcopal de la Iglesia católica española presentaba recientemente ante los medios de comunicación una nota de los obispos ante las elecciones del 12 de marzo para orientar el voto de los católicos y de cuantos ciudadanos y ciudadanas quisieran escucharlos. Empezaré por decir que la intervención de los diferentes colectivos religiosos ante acontecimientos de especial relevancia pública, así como la presencia de los cristianos y cristianas en la vida política y social en ningún caso debe considerarse una injerencia. Se trata, más bien, de una exigencia irrenunciable de la fe, que no puede verse recluida en la esfera de lo privado. Por eso me parece legítimo el que los obispos se pronuncien ante las próximas elecciones. ¡Ojalá hicieran lo mismo los diferentes movimientos cristianos de base, tan pujantes hoy en la Iglesia y la sociedad, así como otras confesiones religiosas, que cada vez están más presentes en el panorama sociocultural de nuestro país!

Los obispos han aprovechado la ocasión -o mejor, la oportunidad- de las elecciones para condenar la regulación comercial y el uso de la píldora RU-486, al que califican de crimen y consideran tan inmoral como el recurso al aborto por medios quirúrgicos. Mezclan, a su vez, los aspectos morales con los estrictamente médicos, sobre los que también opinan afirmando contundentemente que "comporta riesgos graves para la mujer".

La nota de los obispos católicos sobre las elecciones tiene aspectos muy positivos que no podemos pasar por alto, pues constituyen un importante referente en el ámbito social. Considera el acto de votar una obligación, amén de un derecho cívico y constitucional. Muestra cierta sensibilidad hacia algunos sectores marginados de nuestra sociedad ("pobres, inmigrantes, enfermos, ancianos que viven solos, etcétera"). Recuerda las obligaciones de nuestro país para con los países subdesarrollados por razones de solidaridad.

Si ese fuera el enfoque fundamental de la nota no habría nada que objetar. Pero, creo que no lo es. A los obispos -y, sobre todo, a su fiel portavoz- les ha traicionado el subconsciente y, en plena época de secularización -valorada positivamente como uno de los signos de los tiempos por el concilio Vaticano II-, han vuelto a apelar a criterios confesionales para juzgar -y condenar- la realidad política y la situación ética de la sociedad, sin dejar títere con cabeza.

Los obispos se sitúan por encima de la política y se autoproclaman jueces de los partidos políticos y de las leyes emanadas del Parlamento. En relación con el aborto y la regularización comercial de la píldora RU- 486, acusan a la autoridad de "connivencia con un desorden moral tan grave". Reclaman la abolición de leyes que no se corresponden con sus principios religiosos. Apelan a la responsabilidad de la sociedad para no abandonar a su suerte a la madre tentada de abortar poniendo en sus manos "un arma mortífera". De esa manera, se intenta convertir a toda la sociedad en detective y vigilante del cumplimiento de las normas morales católicas, interpretadas al modo episcopal. Parecen haberse olvidado que desde hace casi cinco lustros España es un Estado laico.

Con esa actitud neoconfesional, los obispos retroceden a épocas que creíamos superadas e intentan imponer sus criterios morales no sólo a los católicos, sino al resto de la ciudadanía, a los legisladores y a los gobernantes, y, en definitiva, al Estado. Estamos ante una nueva edición corregida y aumentada del modelo de cristiandad. Y, a las puertas del siglo XXI, eso constituye, en el mejor de los casos, un anacronismo y, en el peor, una falta de respeto al Estado no confesional, a la autonomía de la política, a la libertad de conciencia de cada persona y al pluralismo religioso de los creyentes.

El juicio de los obispos no puede ser más sombrío. En la presentación de la nota sobre las elecciones a la prensa, el secretario de la conferencia episcopal recurrió al Evangelio como arma arrojadiza contra los partidos políticos, llegando a aseverar que ninguno de ellos "se adecua plenamente al Evangelio". Reaparece aquí la tesis neoconfesional de Juan Pablo II formulada en su encíclica Centesimus annus, de 1991: "Como entonces (en tiempos de León XIII), hay que repetir que no existe verdadera solución para la 'cuestión social' fuera del Evangelio y que, por otra parte, las 'cosas nuevas' pueden hallar en él su propio espacio de verdad y el debido planteamiento moral" (n. 5).

Estamos ante la demonización de los partidos políticos y ante una deslegitimación -al menos indirecta- de la democracia. Con ello, el portavoz episcopal -obispo él también- empujaba a los católicos a la abstención como actitud más acorde con su análisis catastrofista, negando la afirmación primera de la nota de los obispos de que votar es un derecho y una obligación. ¡Una contradicción en toda regla!

Pero, en política, como en otros campos de la actividad humana, la maldad admite grados. Y los jerarcas católicos creen que debe optarse por el bien posible o, en palabras de su secretario, por el "mal menor". Ese mal menor parecen ser los partidos que, aunque díscolos en algunos aspectos morales, coinciden con los criterios de la Iglesia en temas como la familia, la sexualidad, etcétera. Tales partidos suelen ser, a decir verdad, los más conservadores desde el punto de vista social y político. ¿Será a ellos a quienes se invita a votar a los católicos? Si así fuera, volveríamos a la vieja identificación entre conservadurismo político y cristianismo. ¿En qué queda, entonces, la innovadora teoría del pluralismo político de los cristianos, expuesta por el papa Pablo VI en la Octogesima adveniens (año 1971), según la cual "una misma fe cristiana puede conducir a compromisos diferentes" (n.50)?

Los obispos españoles creen seguir detentando el monopolio de la definición de lo verdadero y lo falso. Consideran el matrimonio monogámico y estable como el único verdadero, y, en consecuencia, excluyen de la participación de la eucaristía a las personas católicas divorciadas que se han vuelto a casar. Entienden los valores morales y las creencias religiosas como base del verdadero progreso. Pero esos valores no son los de la ética civil, que tienen su origen en los derechos humanos, ni los de la ética mundial de que habla Hans Küng, ni los de ética dialógica de Habermas. Son los de la moral de una determinada confesión, la "católica", y según su propia interpretación, que no es compartida por todos los miembros de esa religión.

Los obispos no dicen una sola palabra crítica contra el neoliberalismo. Ni siquiera lo citan, cuando, a juicio del obispo español en el Mato Grosso (Brasil) Pedro Casaldáliga, es "el pecado mortal, la blasfemia y la extrema herejía de nuestro tiempo". Más aún, yo diría que es la venganza de los ricos contra los pobres, porque no sólo ha sumido a las mayorías populares del Tercer Mundo y a amplios sectores del Primer Mundo en la marginación, sino que les ha robado la esperanza y ha creado en ellos una actitud de fatalismo y desmovilización. El neoliberalismo sí que es incompatible con el Evangelio.

Tras un cuarto de siglo de democracia en nuestro país, treinta y cinco años después del concilio Vaticano II y dos mil años de cristianismo, me parece que los obispos católicos españoles no han logrado aprender tres lecciones básicas: la primera, que las realidades temporales -entre ellas, la política- son autónomas y no precisan de tutela religiosa alguna para tener sentido; la segunda, que la incompatibilidad que establece el Evangelio no es entre Dios y el sexo, sino entre Dios y el dinero (convertido en ídolo); la tercera, el ejercicio de la democracia en el seno de la propia Iglesia católica. Espero que a lo largo del siglo XXI consigan aprenderlas: si es a principios de siglo, mejor que al final.

Juan-José Tamayo es teólogo.