viernes, 2 de mayo de 2008

Rebajar la edad penal para delitos de terrorismo

EL PAIS DIGITAL
El PP fuerza a Mariscal a dar marcha atrás en su proyecto de rebajar la edad penal -->
Martes 19 agosto 1997 - Nº 473

El PP fuerza a Mariscal a dar marcha atrás en su proyecto de rebajar la edad penal
JAVIER CASQUEIRO, Madrid

El Partido Popular, en el Gobierno, renuncia a rebajar la edad penal de 18 a 16 años para delitos de terrorismo como propone el Ministerio de Justicia. Los populares se comprometieron en la pasada legislatura a mantener el límite de la edad penal, y aunque comprenden la iniciativa de la ministra Margarita Mariscal, no la apoyan. Ante las duras críticas del PSOE, IU, PNV y CiU, el secretario general del Grupo Popular del Senado y portavoz de Justicia del PP, Alfredo Prada, apuesta ahora por la retirada de la iniciativa.
Tanto la ministra de Justicia, el pasado viernes en El Escorial, como el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, se han visto obligados a señalar que la iniciativa de rebajar de 18 a 16 años la edad penal para delitos de terrorismo no es más que una idea, un primer anteproyecto de la futura Ley del Menor, en elaboración. Ante el revuelo armado, tanto Mariscal como Cascos subrayaron que se buscará la unidad entre los partidos antes de decidir nada y antes de solicitar el respaldo de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial o el del fiscal general del Estado, que también han expresado sus reservas frente al anuncio de Justicia.

El portavoz del PP en asuntos de Justicia del Senado, Alfredo Prada Presa, vicepresidente de la comisión nacional del partido en esta materia y secretario general del Grupo Popular en la Cámara Alta, cree que no es necesario aguardar a recibir la aprobación de los juristas ni del CGPJ. Prada admite que todos los partidos se han comprometido, tras el asesinato del edil del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, a pactar cualquier medida a poner en marcha para acabar con el terrorismo. Y como no hay acuerdo para avalar la iniciativa de Mariscal, el PP está dispuesto a convencerla para que dé marcha atrás.

«Si esta medida no recaba la unidad de todas las formaciones democráticas presentes en los pactos de Ajuria Enea y de Madrid , la retiramos y no pasa nada», indicó a EL PAÍS el senador Prada.

El dirigente del PP cree que dar pábulo al debate jurídico y de los expertos es algo un tanto «absurdo y no conduce a nada» en estos momentos. Prada sostiene que si la primera premisa de los compromisos de Ajuria Enea y de Madrid era la del consenso político, «poco importa la discusión sobre su posible inconstitucionalidad o lo que diga el Consejo o el fiscal general». La también parlamentaria del PP Bernarda Barrios había puesto en duda recientemente la constitucionalidad de esta propuesta.

El vicepresidente Álvarez Cascos formalizó asimismo la semana pasada, en una entrevista a Europa Press, la posición abierta del Gobierno en este asunto tras restar trascendencia a las evidentes discrepancias, incluso dentro de su partido. Y apostilló: «Creo que no se deben levantar señales de alarma por el hecho de que haya protestas en las iniciativas de las fuerzas políticas. Al menos no deben levantarse en tanto permanezca la voluntad de consenso por parte de todos. Aspiro a que las reformas que apruebe el Parlamento lo sean con el voto favorable de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias principales».

Alfredo Prada rechaza que esa retirada de la propuesta de reducir la edad penal tenga que significar un varapalo para la labor del Ministerio de Justicia y para su titular, de la que valora su capacidad para sugerir nuevas iniciativas ante la situación de violencia habitual en el País Vasco y en especial en los casos de menores de edad cuyas edades se encuentran entre los 16 años y los 18.

El senador popular, sin embargo, recuerda la postura programática del PP: «Siempre hemos defendido que la edad penal debía mantenerse en los 18 años, como ya expresamos incluso en la comisión de Justicia del Senado en la pasada legislatura».

Prada comprende la sugerencia hecha ahora por el Ministerio de Justicia, «incordiada en el contexto» de nuevas fórmulas para luchar contra el terrorismo, pero la considera inviable tras el rechazo de los partidos: «Si PSOE, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y CiU no están de acuerdo, para qué seguir discutiendo; la retiramos y a seguir avanzando en otras alternativas».

Oposición generalizada a la propuesta del Gobierno

EL PAÍS, Madrid

La propuesta de rebajar la edad penal para los delitos de terrorismo ha chocado con la oposición del PSOE, Izquierda Unida y Convergència i Unió, y con una aceptación condicionada por parte del Partido Nacionalista Vasco. El proyecto fue criticado incluso por el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal. Las dudas que suscitan la propuesta del Ejecutivo han quedado de manifiesto igualmente en la solicitud del Consejo General del Poder Judicial para ampliar en un mes el plazo para emitir su opinión. Justicia ha concedido esta moratoria.

Ante ese aluvión de críticas, la ministra Margarita Mariscal declaró el pasado viernes en San Lorenzo de El Escorial que su departamento no tiene «empeño» alguno en sacar esa medida adelante, ya que no se trata de una medida «indiscutible». El Gobierno se ha encontrado con que carece del apoyo, para rebajar la edad penal, de los grupos que suelen garantizarle la mayoría parlamentaria en otros asuntos: los nacionalistas e Izquierda Unida. El diputado de Convergència i Unió Carles Campuzano afirmó que rebajar a los 16 años la edad en que un joven puede ser condenado por delitos de terrorismo «sólo serviría para ofrecer argumentos a Herri Batasuna y a su entorno», mientras que «no resolvería ninguno de los problemas del País Vasco».

El coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, ha tachado de «disparate» la iniciativa del Ministerio de Justicia. En su opinión, el Ejecutivo intenta atajar por la vía penal lo que en realidad son consecuencias de «una política económica y social». El máximo dirigente del Partido Democrático de Nueva Izquierda, Diego López Garrido, estima que «las leyes vigentes permiten perseguir la violencia callejera».

El responsable de política autonómica en la Ejecutiva Federal del PSOE y consejero de Justicia del Gobierno vasco, Ramón Jáuregui, se ha opuesto asimismo a la propuesta del Gobierno por estimar que es «inconstitucional». A su juicio, la futura Ley del Menor cuenta con mecanismos suficientes para castigar las acciones terroristas cometidas por jóvenes de edades comprendidas entre los 16 años y los 18. Entre esos mecanismos se encuentran la imputación de responsabilidad civil a los padres o tutores de quienes causen destrozos en acciones de violencia callejera.

A Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, no le parece bien «todo lo que pueda sonar a excepcional o a tratamiento distinto del País Vasco respecto de las otras comunidades».