sábado, 19 de abril de 2008

Policía argentina

Duhalde disolvió la cúpula de la Policía Bonaerense y los reemplazó por civiles
Martes 23 de diciembre de 1997
CRISIS DE SEGURIDAD: PUESTA EN MARCHA DE LA REFORMA POLICIAL
Duhalde disolvió la cúpula de la Policía Bonaerense y los reemplazó por civiles
Dividió la Fuerza más temida del país en 18 departamentos · Más de 200 comisarios pasan a retiro · El ex ministro León Arslanián monitorea la reforma · La oposición dio su apoyo crítico
RODOLFO LARA

(La Plata. Corresponsal).- La reforma policial bonaerense provocará la disolución de la actual estructura de la Fuerza. Las áreas de conducción (Investigaciones, Seguridad y Narcotráfico) estarán dirigidas por civiles y después de marzo se creará el Ministerio de Seguridad."Todo eso anunció ayer el gobernador Eduardo Duhalde, luego de una reunión con los partidos de la oposición.
La cumbre política con la coalición opositora se realizó en presencia del flamante interventor, Luis Lugones, quien asumió al frente de la seguridad de la provincia ayer por la mañana. En el Salón Francés de la Gobernación, Duhalde explicó los detalles del plan más riesgoso de su gestión. Serán 90 días de intervención. En ese período deberán quedar en funcionamiento 18 departamentos policiales autónomos y el cuerpo de instructores judiciales, a cargo de los sumarios que actualmente realizan los policías de cada comisaría.
En este caso, el objetivo es evitar episodios de corrupción con el manejo de expedientes y que los agentes queden afectados, exclusivamente, a la prevención y represión del delito en la calle. La Policía Judicial dependerá de la Suprema Corte.
La jefatura, la subjefatura y las seis direcciones generales que funcionaban en La Plata fueron eliminadas. También las unidades regionales. Esa era la pirámide del poder policial hasta ayer.
La barrida provocará el pase a retiro de más de doscientos comisarios generales, mayores e inspectores. La medida produjo inquietud entre los policías provinciales y hay un grupo de comisarios que promueve un acuartelamiento de protesta para Nochebuena .
Ahora, la base territorial es la comisaría y, entre ellas y el interventor Lugones, habrá un comisario a cargo de la Policía departamental. En esa función será designado el oficial más antiguo de la seccional primera de cada distrito.
Ayer surgió un imponderable: los comisarios más viejos -quienes ya están designados- solicitaron un ascenso. Reflexionaron sobre la posibilidad de tener que dar órdenes o sancionar a camaradas de las seccionales con el mismo rango y temen no tener autoridad. Para los funcionarios bonaerenses, en menos de un año esas prevenciones serán anécdota: "Los jefes serán elegidos por la ciudadanía, siguiendo el modelo de Estados Unidos", adelantó ayer Duhalde.
Las "18 policías" tendrán su base operativa en igual cantidad de departamentos judiciales. Deberán reportarse con los cinco subinterventores civiles que colaborarán con Lugones. Los nuevos funcionarios son: el comisario (RE) Enrique Mármol en Seguridad; Angela Ledesma en Investigaciones; el prefecto Carlos Pérez en Manejo de Detenidos; Alejandro Granillo Fernández en Relaciones Institucionales; Federico Domínguez en Contralor Interno, y Hugo Anad en Prensa.
En las comisarías no habrá presos. Serán trasladados a institutos penales. De esta manera, los 5.000 agentes afectados a la custodia de encausados serán destinados a tareas preventivas.
Por cuerda separada, el Instituto de Política Criminal y Seguridad realizará un monitoreo del programa. Para ello, deberá sancionarse una ley de creación del organismo, que será presidido por el ex ministro de Justicia León Arslanián. El presidente del tribunal que juzgó a las juntas militares de la última dictadura es el autor del proyecto de reforma que intenta borrar un estigma en la gestión de Duhalde: la seguridad pública.
Respaldo condicionado
Arslanián tendrá el respaldo parlamentario de la Alianza para la elaboración de propuestas. Se incorporarán juristas, sociólogos y empresarios. Los partidos de la oposición también acordaron con Duhalde la creación de una comisión bicameral, encargada del seguimiento del plan oficial. La participación parlamentaria es un requisito de la Alianza para mantener un "apoyo crítico" al plan que eliminó la cúpula policial e instaló a un jefe civil como responsable político de la vida y los bienes de 13 millones de bonaerenses.
El gobernador y los representantes de la coalición opositora se reunieron ayer en La Plata, luego del acto en el que Lugones asumió como interventor . Duhalde explicó que esa cumbre revela que, a su juicio, "existe consenso político para los cambios". No obstante, los principales referentes de la Alianza se encargaron de aclarar que Duhalde es el responsable de "desmanejo e imprevisión" en la seguridad pública desde hace seis años. Y, además, advirtieron que cada etapa del plan tendrá control legislativo.
El miedo social por el robo callejero, el asalto a viviendas, la toma de rehenes y la violencia desbordada invadió los despachos oficiales. También -según los legisladores- el hartazgo de la sociedad por la corruptela policial. Con este cuadro preocupante, la gobernación resolvió intervenir la fuerza de seguridad más grande del país (46 mil efectivos). Y la oposición también se involucró en la búsqueda de soluciones.
Para completar el esquema elaborado por el gobierno provincial, un tribunal de disciplina tendrá atribuciones para juzgar a los policías que cometan irregularidades. Además, Lugones confirmó que el comisario mayor Víctor Fogelman continuará al frente de la investigación por el crimen de José Luis Cabezas.
Clarín Digital.
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