miércoles, 16 de abril de 2008

Plan Hidrológico 1995

EL DESASTRE NACIONAL DEL AGUA.
Josep C. Vergés (Economísta)

Politico, matemático y eficaz recaudador, Josep Borrell lleva el gasto público con premio. En su haber de ministro de Obras Públicas, dos grandes desastres nacionales: las autopistas y el agua. La red de carreteras que ha construido demuestra que España no es un país sino dos. Hay la España del Mediterráneo y del Norte, que paga peaje por sus autopístas, y hay Madrid y el Sur, con sus autovías gratis. Los oradores políticos que tanto gustan de proclamar la palabra nación, si cogieran el coche en lugar de viajar gratis en el AVE o en Iberia, comprobarían que en infraestructura Madrid no comparte el mismo país que Barcelona.

El agua en España tampoco es una e indivisible. Transparente, cristalina e indiferenciable, llueve tanto como en Dinamarca, pero ni llueve cada día ni cae el agua donde se necesita ni la Aministración española es menos caótica en el agua que en el resto de sus actuaciones. Solamente a conseguido aprobar un plan hidrológico en toda la historia y fue en 1934. Enterrada la dictadura y en plena monarquia constitucional, seguimos con un plan republicano.

Lorenzo Pardo hizo un buen plan hidrológico. Crítico con la anterior actuación de la Administración por tener un mero catálogo de canales y pantanos, su plan hidrológico estaba pensado para el riego agrícola y la transmisión de créditos estatales a las necesidades regionales. Se basaba en la eficacia de la participación en lugar de la absorción estatal. Perseguía corregir los desequilibrios llevando el agua excedente del Atlántico al Mediterráneo, "donde están las fuerzas más productivas del país y por tanto donde más beneficio reportaría."

El nuevo plan hidrológico presentado en 1993 es tan incongruente que aún no ha podido llegar a las Cortes. Sigue la política de trasvases, pero desde una óptica estatalista. Se mantiene la discriminación de la España de dos velocidades, de las autopistas de peaje y las autovias libres. El 80% de agua en España se consume en agricultura y el 20% restante es para agua potable e industrial. Así que planificar significa también hoy valorar la agricultura.

España ya no es un país de latifundios y la agricultura sólo predomina en el sur. Para gastar tanto en trasvases y pantanos, hay que justificarlo. No existe razón económica para que Barcelona pague 200 pesetas el metro cúbico, Sevilla, 79 pesetas, a pesar de restricciones, y la agricultura en España 24 céntimos para la misma agua. Los precios que se pagan por el agua son tan irracionales como las autopistas de peaje en medio país.

La Administración construye una infraestructura carísima que eterniza los desequilibrios. Los regadíos del nuevo Plan Hidrológico, a los precios del agua agrícola, no se pagarían en cinco siglos. Siempre faltará agua a 24 céntimos y sobrará a 200 pesetas. Francia paga 42 pesetas para regadío, que produciría un consumo agrícola bien distinto. Los 60.000 usuarios de Barcelona, que desde hace tres años se niegan a pagar los impuestos del agua, tienen toda la razón. La España de dos velocidades carga de impuestos el agua potable, que afecta sobre todo a familias modestas, para malgastar el 80% del agua escasa y sin precio.

Si la agricultura pagara un precio europeo, sobrarían enormes cantidades de agua, incluso en el sur que ahora sufre restricciones. Sin ir más lejos, Sevilla tiene un río donde fondean los lujosos yates de los invitados a boda, pero su agua no se puede beber porque está contaminada por pesticidas.

El agua regalada no ayuda a la agricultura pero tampoco cubre las necesidades reales del país, que hoy son mayoritariamente urbanas e industriales. Almería, que también es el Sur, tiene una agricultura competitiva con Europa y paga el agua tan cara que se aplica a las plantas con gota a gota como si fuera oro. Llevar agua a Almería sí que sería rentable, porque su agricultura ya es competitiva.

Hace falta esta agricultura viable, que no es un problema de agua sino de latifundios y el retraso social en la España eterna. Hay que acabar con la España de dos velocidades. La sequía pasará, pero quedarán los conflictos. El agua y las infraestructuras son de todos y la primera solidaridad, como nos dice Hacienda con los impuestos, es que debemos pagar todos.

Leido en El Periódico del 13 de abril de 1995